Fuertes críticas de la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados a la postergación de la firma del Acuerdo de Escazú por parte del Gobierno chileno. La firma debía concretarse hoy pero desde el Ministerio de Relaciones Exteriores informaron que la acción no se llevaría a cabo durante la visita de Piñera a Estados Unidos.

Luego que el Gobierno informara a último momento que postergará la firma del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido también como el Acuerdo de Escazú, que espera sumar a la totalidad de países de Latinoamérica, un grupo de diputadas y diputados presentaron hoy un proyecto de resolución para que el Presidente Sebastián Piñera revierta esta decisión y firme el tratado en el que Chile había tenido liderazgo desde el año 2012.

La diputada Catalina Pérez, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, dijo que “sugerimos al Presidente de la República revertir la decisión de postergar la firma de Chile del Acuerdo de Escazú y esperamos que nuestra voces sean escuchadas, porque no solo son nuestras voces, sino que es un compromiso de Estado con los Derechos Humanos de las personas a lo largo de todo nuestro país que han sido vulnerados sistemáticamente a la hora de hablar de temas medio ambientales”.

En su intervención en el Congreso, la Diputada Pérez presentó una serie de antecedentes que enfrentan la sorpresiva posición del Gobierno en torno a la postergación de la firma de este tratado, de la que el Ejecutivo responsabilizó a la Cancillería aduciendo que necesitaba más tiempo de análisis para concurrir con declaraciones interpretativas en los mecanismos de solución de conflictos.

Estas declaraciones fueron las que tuvieron réplica por parte de Catalina Pérez: “Ministra Schmidt, el acuerdo está disponible en su fase final desde el 4 de marzo y Chile lo viene liderando desde al año 2012, desde la anterior administración de Sebastián Piñera y pasando por la administración de Michelle Bachelet. Hoy, el mayor proyecto de este gobierno que reforma el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental tiene dentro de sus ideas matrices el compromiso de la firma y el cumplimiento del Acuerdo de Escazú. No comprendemos la situación en la que nos está poniendo el Ejecutivo hoy y en qué situación se está poniendo el Estado en torno a los compromiso internacionales en la materia al retractarse de esta firma”.

Pérez finalizó enfatizando que “queremos saber cuál va a ser el compromiso de este Gobierno con la justicia ambiental, el acceso a la información y la participación ciudadana que son los aspectos que este acuerdo pretende regular. Estamos en medio de una de las mayores crisis en materia ambiental que hemos experimentado en el últimos tiempo, con las familias de Quintero-Puchuncaví esperando tener acceso a poder participar de los procesos de evaluación ambiental, esperando fortalecer nuestro sistema de justicia ambiental, y no puede ser que el Estado de Chile hoy se niegue a firmar un acuerdo tan importante como este”.

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El Acuerdo de Escazú debía ser firmado oficialmente este 27 de septiembre en Nueva York con ocasión del viaje de Sebastián Piñera a Estados Unidos y dado el liderazgo que Chile ejerció en su tramitación desde el año 2012. Sin embargo, trascendió que la representante de la sociedad civil en el proceso de negociación, Andrea Sanhueza, recibió un correo de Fernando Cabezas Reveco, segundo secretario de la Dirección de Política Multilateral del Ministerio de Relaciones Exteriores, informando que el gobierno postergó la firma del Acuerdo.

Este tratado se logró después de nueve rondas de negociaciones entre 24 países de Sudamérica y el Caribe. Se llegó a un acuerdo final el pasado 4 de marzo en Escazú, Costa Rica, e involucra el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, siendo de naturaleza vinculante, por lo que los países que lo ratifiquen se comprometen a garantizar los tres derechos que cubre el tratado: el acceso a la información, que incluye el derecho del público de acceder a la información ambiental, la obligación de las partes de mantener sistemas de información ambiental actualizados y que estén disponibles de forma progresiva; la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales que incluye entre otras cosas garantizar los mecanismos de participación relacionados con proyectos o actividades que tengan o puedan tener impactos negativos sobre el medio ambiente, promover la participación en procesos de toma de decisiones que afectan el medio ambiente como el ordenamiento territorial y la elaboración de políticas públicas con potencial impacto sobre el ambiente; y por último el acceso a la justicia ambiental que se refiere al acceso a instancias judiciales y administrativas para impugnar y recurrir decisiones u omisiones que afecten o puedan afectar el ambiente.