[OPINION] A la Empresa Portuaria le gusta el “way out” (por Jorge Bustos)

Casi parece un chiste de mal gusto que después del 2 de abril del 2013, fecha en que los españoles de OHL se adjudicaran la concesión portuaria que disponía de las ultimas aguas abrigadas de la región, justo el 12 de octubre se notifique que, por tercera vez consecutiva y en un acto que escapa totalmente a la legalidad de las bases de licitación establecidas, se modifica el contrato al Terminal N° 2, o TCVAL, lo que en términos simples y concretos significa que por un monto casi irrisorio -o en buen chileno, “a precio de huevo”- pueden tranquilos y sin presiones explotar el Espigón hasta el 15 de abril del 2021.

Cuando hablamos de bases de licitación, aludimos a los lineamientos, requisitos, condiciones, cláusulas y garantías que se asocian a un proceso. Esta definición no es antojadiza ni menos subjetiva; por el contrario, no está sujeta a interpretación ni flexibilización en sus términos. Digo esto pues las bases de licitación estipulaban que “se podía modificar el contrato después de 10 años”, sin embargo, dichos plazos no han sido respetados. Al parecer, los concesionarios de EPV están en la categoría de  “beneficiarios Premium” porque el contrato ha sido modificado tres veces -el 2015, 2016 y la del 2018-, modificaciones que les ha permitido obtener más ganancias que su competidor que mueve el 90% de la carga total del puerto de Valparaíso.

wayout_001Estas son las cosas inexplicables de la EPV, porque con el anuncio de “tiempos mejores” se pensaba que las cosas cambiarían; llegaba Celis a la presidencia del directorio y como refuerzo el ex-almirante Arancibia. Sin embargo, las cosas no cambian para nada: inauguraron un evento internacional en un edificio ilegal y ahora modifican el contrato, no sé bajo qué argumento, concediendo seis meses más para que los herederos de OHL se decidan a invertir. Menos mal que deberán avisar antes del 29 de marzo del 2019 que se van, porque no dejaremos que construyan esa imbecilidad.

Las disculpas, más que razones, para otra vez entregar más plazo para decidir la inversión de -según la prensa- 530 millones de dólares, es que sería producto de las acciones judiciales interpuestas por los ciudadanos de Valparaíso. Sin embargo, Álvaro Espinoza, gerente de TCVAL, al que echaron de la empresa portuaria de San Antonio donde fue gerente, miente ya que quien ocultó información relevante en el informe ambiental fue él, que después rectificó la información falseada que significó pasar de 5 toneladas de material particulado a 104 toneladas. Al ser aprobada la RCA sin observaciones a ese cambio, será el Estado de Chile, es decir todos nosotros, los que pagaremos las “mitigaciones y compensaciones” que provoca la contaminación, y no quienes contaminan.

La verdad se impondrá, así como el sentido común, estamos defendiendo la decencia, que se respeten las fronteras jurídicas de la República, estamos defendiendo el dinero de todos los chilenos, estamos peleando contra esta nueva forma de delincuencia.

Opinion_JorgeBustos

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