(Por Rodrigo López)

Trabajadores del Minvu, Serviu, Bienes Nacionales y la Subsecretaría de Vivienda de Valparaíso se congregaron frente al Edificio Centenario de Valparaíso, en Blanco con Bellavista, en protesta por la inminente fusión de dichos servicios anunciada por el presidente Piñera.

Trabajadores del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Servicio de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso, Bienes Nacionales y la Subsecretaría de Vivienda hicieron ayer martes 28, un paro preventivo de actividades. Dicha acción se realizó en el marco de la protesta realizada a nivel nacional para manifestar su disconformidad ante la inminente fusión anunciada por el presidente Sebastián Piñera en su cuenta pública del 2 de junio pasado.

Los funcionarios y funcionarias también plantearon sus críticas a la creación de este nuevo ente de servicios de vivienda que tendría el poder de hacer uso de terrenos fiscales para generar negocios inmobiliarios.

Según lo informado, este nuevo “ministerio” no dependería de las gobernaciones regionales, abriendo la posibilidad de hacer caso omiso de los planos reguladores de cualquier ciudad del país, sin intervención alguna, afectando así tanto a los habitantes como los barrios.

“Esto otorgaría menos derechos de vivienda a los ciudadanos del país, y con esta fusión se le entregaría el 80% de los recursos a manos de privados”, señaló Mabel Zúñiga, presidenta regional de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), quienes apoyan la movilización de los funcionarios de vivienda.

Zúñiga precisó, a su vez, que tampoco se ha considerado en ningún artículo las condiciones de traspaso para los trabajadores, no dándole resguardo a los funcionarios de cada uno de esos servicios públicos, por lo que el paro se prolongaría por 24 horas, pero podría extenderse en caso de que las peticiones de los trabajadores no sean tratadas en una mesa con el ministro de la cartera, Cristián Monckeberg.

Por su parte, Shirley Quintanilla, presidenta del Sindicato de Trabajadores a Honorarios de Minvu Valparaíso, indicó que “no se ha tomado en cuenta ni a la ciudadanía, ni a los sectores académicos de las ciudades, por lo cual podrían llegar a aparecer en las regiones verdaderos guetos urbanos”, debido a que las inmobiliarias podrían construir a su voluntad, sin considerar los quintiles más bajos que no tienen posibilidad de acceder a una vivienda propia y que ahora serán más marginados por constructoras privadas que pedirían accesos a créditos o que paguen por un estacionamiento.

SITUACIÓN DE TRABAJADORES A HONORARIOS

Pero esta situación no solo afecta a la ciudadanía y usuarios de los servicios de vivienda del país, sino a los mismos trabajadores de estas entidades que verían años de labor y de lucha institucional de parte de los funcionarios a honorarios y contrata para poder quedar de planta fija, según informó Shirley Quintanilla, presidenta del Sindicato de Trabajadores a Honorarios de Minvu Valparaíso.

“Desde que nosotros nos organizamos, hace cinco años, hemos trabajado por una estabilidad laboral que hasta el día de hoy no nos asegura nada. Y la creación de este Ministerio de Ciudad, Vivienda y Territorio nos viene a dar más incertidumbre ya que en ninguna parte se menciona a los trabajadores a honorarios y eso nos deja en claro que somos un tipo trabajador completamente prescindible”, declaró Quintanilla.

“Esta situación afecta a trabajadores que llevan diez años trabajando con boleta, por lo que precariza el trabajo funcionario en una entidad tan importante para la ciudadanía cómo es el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y sus servicios allegados”, explicó Quintanilla.

Cabe señalar que Valparaíso es la segunda región con mayor cantidad de trabajadores a honorarios del país en el sector de vivienda.

NUEVA NORMATIVA

Por su parte, Johana Lagos se refirió al “mágico proyecto de ley” del presidente Piñera que fusiona Bienes Nacionales con el Servicio de Vivienda y Urbanismo como “un balde de agua fría para el trabajo de más de veinte años para que siete mil funcionarios de estos servicios pasaran a planta definitiva”.

“Hasta el día de hoy, y desde el primer gobierno de Sebastián Piñera quisieron hacer lo mismo en 2014, y no indica nada de cómo va a ser el traspaso a lo largo del país de esta fusión. Esto es un golpe bajo para nosotros, y no vamos a aceptar esto, porque no ayuda ni a los ciudadanos ni a los funcionarios”, dijo la dirigenta.

Finalmente, Lagos explicó que este nuevo ministerio solo ayuda a las empresas inmobiliarias, pues ahora se está votando en la Cámara Baja el cambio de la normativa de los proyectos de integración social para proyectos de construcción de viviendas para las personas más necesitadas, y que en su opinión no ayudan en nada a los sectores más vulnerables del país.

“Por ejemplo, bajo esta normativa, solo el 20% de lo que se construya es para Integración Social, eso quiere decir que, de 100 casas, tan solo 20 serán para las familias más vulnerables de este país. Y esto ya se ha votado por más 22 diputados en el Congreso, lo que es un negocio redondo para las inmobiliarias porque se eliminarían los planes reguladores y normativas que reglamenten estos proyectos, dando pie a los guetos verticales, y eso es algo que nosotros cómo funcionarios públicos queremos informar a los ciudadanos”, finalizó Lagos.