Se ha repetido hasta el cansancio que Ursula von der Leyen es la primera mujer que ocupará, a partir del primero de noviembre de este año, el cargo de Presidenta de la Comisión Europea. Otros comentarios se han concentrado también reiterativamente en el hecho de que se trata de la primera alemana en asumir este puesto, si se considera que su compatriota Walter Hallstein fue Presidente de la Comisión (1958-1967) pero ‒estrictamente hablando‒ de la entonces Comunidad Económica Europea. Sin embargo, otro rasgo distintivo de Von der Leyen ha sido casi displicentemente omitido: ella es la primera figura política en asumir este cargo que viene directamente de un Ministerio de Defensa. Junto a este antecedente habría que agregar el hecho de que a mediados de 2018 su nombre sonó muy fuerte para ocupar ni más ni menos el cargo de Secretaria General de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. De haber sido así, no sólo habría pasado a la historia como la primera mujer en asumir el Ministerio de Defensa en Alemania, sino también como la primera en ocupar la Secretaría General de la OTAN. Pero, como ya manifesté en un anterior comentario, en aquellos meses del 2018 las aguas subterráneas de la política estaban llevándola en otra dirección. En todo caso, es difícil creer que su aspiración haya sido ocupar la jefatura de la organización trasatlántica. Es más, si logro interpretar las señales de manera correcta, es posible que Von der Leyen, precisamente como Presidenta de la Comisión Europea, sea la iniciadora de un proceso sin retorno cuya meta última es establecer una política exterior verdaderamente soberana para la Unión Europea. Y esto pasa en concreto por lograr una autonomía de la NATO en lo que se refiere tanto a la aplicación de estrategias en seguridad y defensa, como a las decisiones sobre los recursos a invertir y la logística a desplegar. Desde la perspectiva de las relaciones internacionales todo esto supone sincerar y reconocer el hecho que la UE posee zonas de interés propias, más allá de sus límites y cuya estabilidad necesita defender. Este reconocimiento conlleva a su vez a entender que el ente político Unión Europea está condenada a desafiar a otros actores globales. La “castidad geopolítica” de la UE es passé. La materialización de la nueva Política Común de Seguridad y Defensa representa para algunos expertos no sólo un cambio de paradigma en las políticas internacionales, sino también el abandono de algunos principios fundadores de la UE. En otro comentario futuro me referiré a las posibles derivaciones de esta materialización.

Es de general conocimiento que Ursula von der Leyen también deberá intentar solucionar espinosos problemas en el frente interno de la UE. De hecho muchos son de la idea que en su administración se debería trabajar más en pos de una política de cohesión que de expansión. Experiencias como la división de la UE ante la guerra de Irak (2003), la crisis del euro (2007), la crisis de los refugiados (2015) o el Brexit (2016) han terminado acumulándose en la conciencia de los actores y les han generado sentimientos menos optimistas sobre el futuro del continente. En ningún caso se podría hablar de un pánico paralizante, pero sí de una sensación latente que exhorta a los ciudadanos a observar la integración europea como un proceso no necesariamente irreversible. Brevemente expuesto, actualmente la preocupación de que todo puede irse al carajo no está descartada totalmente. Mientras el pasado fue muy dificultoso, el presente ya daría señales de un futuro sumamente complicado. Pero intentemos ordenar las tareas más urgentes que deberá enfrentar la Presidenta de la Comisión electa.

Primero, Von der Leyen tendrá que superar lo más rápido posible su mal comienzo con los europarlamentarios. El apoyo que recibió en la ratificación del Parlamento Europeo expresó más bien debilidad. En concreto, logró la mayoría absoluta necesaria con apenas nueve votos de diferencia. Recordemos que su nombre fue propuesto por el Consejo, aunque ella nunca integró el grupo que se formó de los candidatos oficiales de las diferentes listas partidarias. Actualmente, en el organismo parlamentario muchos ven su nominación como una afrenta institucional. Agréguese a esta sopa los mismos candidatos (y sus partidos) que hicieron campaña electoral para ocupar el cargo de Presidente de la Comisión y que son a su vez jefes de bancada de las agrupaciones mayoritarias en el parlamento. Más aún, el candidato con mayor legitimación era el alemán Manfred Weber, integrante de la alianza europea conservadora EVP y en Alemania igualmente miembro de la Unión Social Cristiana de Baviera (CSU), el partido de la alianza gobernante que ha representado un rol de fuerte oposición interna contra la Canciller. Los socialistas europeos no la apoyaron e, incluso, lograron nombrar a uno de sus correligionarios, el italiano David María Sassoli, como Presidente del Parlamento. Hay que tener presente también que el “auxilio” electoral de Von der Leyen vino de los partidos conservador-nacionalistas que gobiernan en Polonia (PiS) y en Hungría (Fidesz). Ya la última semana la Presidenta electa vio como el Parlamento Europeo, a través de su Comité de Asuntos Jurídicos, le propinaba su primer revés cuando los candidatos de Rumania, Rovana Plumb, y Hungría, Laszlo Trocsanyi, fueron rechazados como aspirantes a ocupar uno de los 27 cargos de Comisarios de la Comisión por financiamiento ilegal y conflictos de intereses, respectivamente. La ventaja de la Presidenta es que por el momento el tiempo está de su parte. Son cinco años de mandato y cada problemática que deberá enfrentar generará tanto alteraciones puntuales de las alianzas como también cambios constantes, según temática, del eje de las mayorías. Esta es la dinámica que genera la pluralidad europea.

Segundo, Von der Leyen pretende generar incentivos adecuados para que finalmente países miembros de la UE ingresen también a la Eurozona y la zona-Schengen. Actualmente, por ejemplo, Chipre goza de su membresía en la primera, pero no es parte de la segunda.  Por otro lado, países como Polonia, Hungría y la República Checa son parte de la zona-Schengen, pero no pertenecen a la Eurozona. Por último, países como Rumania, Bulgaria o Croacia no integran ninguno de estos dos espacios europeos. Es cierto que algunos de estos países están lejos de cumplir con las exigencias macroeconómicas y legislativas para asumir el euro, pero también es un hecho que un país como Polonia se ha tomado con mucha calma la aplicación de las reformas impuestas por Bruselas que le abriría el camino para ingresar a la Eurozona. Y quién podría criticar al gobierno de Varsovia por su lentitud, después de haber observado los costos de la crisis del euro (2009-2013), estrenada como “crisis griega” y que después mutó a una crisis irlandesa, portuguesa, española y chipriota. Esto fue visto por muchos en Polonia como el desangramiento de la periferia de la UE, periferia en la que ellos mismos también se encuentran. Por último, será interesante observar si Von der Leyen gastará energías en presionar a Dinamarca y Suecia para que ingresen, por fin, a la Eurozona.

Tercero, en el horizonte del frente interno ya se distingue otra fuente de calamidades. Nos referimos a Italia, actualmente ya apuntada como una suerte de “crónica de un desastre anunciado”. Y la causa de esta sentencia no proviene de la reciente crisis de gobierno de donde todavía pudo salir relativamente bien. ¿Con la nueva alianza de gobierno llega a su fin la delicada crisis que atraviesa italiana? ¡No! Y aunque ha sido definido como el claro perdedor en esta pasada, Matteo Salvini sigue gozando de una extraordinaria popularidad que ya no sólo se concentra en el norte de Italia donde su partido de extrema derecha, Liga Norte, nació. En el futuro cercano Salvini volverá a intentar conformar un gobierno sin alianzas. Pero toda esta pugna es sólo un indicio de un desequilibrio mayor, tan grande que algunos están convencidos que este país pareciera estar transformándose en una especie de combinación de quiebra à la griega y un “Itexist” à lo Reino Unido. Antecedentes que justifican pensar tan negativamente son de fácil lectura. Por un lado, estamos hablando de una nación que se ubica entre los 10 máximos países exportadores del mundo, que es la tercera mayor economía del continente europeo, además, miembro de la UE como también de la Eurozona y del Acuerdo de Schengen. Por otro lado, ya a mitad de este año su déficit presupuestario llegó a estar bajo el -3% (en relación al BIP); su deuda pública ha ido en constante ascenso desde hace una década, llegando el 2018 a un 133% (también en relación al BIP) ‒sólo superado por Grecia con 175%‒ y, lo más preocupante, con tendencia claras a seguir creciendo. Visto desde la UE ambos índices rompen con los criterios de los acuerdos establecidos en el Tratado de Maastricht de déficit máximo (justamente el -3%) y del límite de deuda pública (60% del PIB). ¿Efecto concreto? Bueno, baste recordar que el 23 de octubre de 2018, la Comisión Europea, ¡por primera vez en toda su historia!, rechazó el proyecto de presupuesto de un estado miembro de la UE, el de Italia. La guinda de la torta: el crecimiento del PIB fue de un 0,9% el 2018 y el 2019 no debería superar el 0,3%; el desempleo ha estado desde hace una década y media ‒por lo menos‒ claramente sobre el 10% (sólo superado por Grecia y España en igual periodo), mientras que el desempleo juvenil supera ya hace unos años el 27%, llegando a alcanzar el 2018 a un 31%. En este contexto Mateo Salvini y su círculo especulan que Italia es muy grande para dejarla caer. La paradoja es que Bruselas también considera que es muy grande, pero para poder rescatarla.

Cuarto, Von der Leyen quiere reorientar las políticas de la UE hacia su periferia oriental. En gran medida de esto dependen sus pretensiones, por ejemplo, de generar los compromisos necesarios para desarrollar políticas medioambientales eficientes y sustentables (un European Green Deal) y establecer mejores niveles de representación y democracia para toda la UE. La Presidenta de la Comisión ya ha señalado su voluntad por lograr acuerdos con carácter vinculantes para la reducción de la producción de dióxido de carbono con todos los países miembros de la UE. Sin embargo, es un hecho que los resultados de las últimas elecciones en mayo del Parlamento Europeo demuestran que los países de la periferia de la UE –y aquí no sólo se incluyen del este– en ningún caso han entrado políticamente a un “ciclo verde”. De los 28 países de la actual UE en 12 la presencia del Partido Verde es nula. Otros países apenas entregaron entre 1 y 3 eurodiputados. El salto cuantitativo se produce recién con Reino Unido, el país que ya de hecho ya está fuera de la UE, que aportó 11 eurodiputados verdes, Francia 12 y Alemania 25. Si consideramos esta realidad electoral, no nos puede sorprender que los gobiernos con una altísima actividad productiva basada en la explotación de carbón, como Bulgaria, República Checa, Polonia, Hungría y Rumania, sean los más reacios a comprometerse con la meta de neutralidad en la producción de dióxido para el 2050. ¿Cómo salir de este embrollo? Algunas luces de las soluciones que se podrían estar considerando se podrán observar en las discusiones sobre el próximo presupuesto de la UE. Ya Von der Leyen ha manifestado su intención de transformar al Banco Europeo de Inversiones en un “Banco Europeo del Clima”. Habrá que ver si esto se concretiza y, además, si se traduce en una acción concreta de ayuda inmediata para el proceso de conversión necesario del sector energético de las regiones orientales de la UE. En todo caso, experiencias de este tipo de apoyo financiero directo para ciertos sectores de la economía europea existen. Baste nombrar el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural con sus en total 161 mil millones de euros de la UE (sumados a los 61 mil millones aportados por los países miembros) o el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca con una suma de 6.400 millones de euros para, entre otras cosas, apoyar a los pescadores en su transición a una pesca sostenible y diversificada, en la creación de empleos y en el mejoramiento de su calidad de vida. ¿Por qué no esperar algo parecido para la conversión energética común europea?

El asunto no es simple y requiere un manejo político fino, pues Von der Leyen ha anunciado paralelamente dos objetivos que van a tensionar hasta el límite las relaciones con la periferia oriental de la UE. En concreto, la Presidenta de la Comisión electa desea patrocinar procesos para una profundización democrática en países miembros del este, a algunos de los cuales ya se les ha aplicado el artículo 7 del tratado de la UE ‒como Polonia y Hungría‒ que contempla sanciones para los estados miembros por violaciones de principios y valores fundamentales de la Unión (respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluido el de las minorías). Y, segundo, quiere intentar al mismo tiempo reorientar la política exterior de estos países que en las últimas dos décadas han tenido un exitoso acercamiento a los Estados Unidos, en especial Polonia. En la actualidad, Varsovia continúa tratando de aumentar la presencia de las tropas estadounidenses y proponiendo cambiar el estatus de estacionario de las actuales a permanente. El partido de gobierno, el conservador-nacionalista y crítico de la UE Ley y Justicia (PiS), desde hace un tiempo ha estado llevando a cabo una nueva ofensiva diplomática en Washington. Incluso, al proyecto ya se le otorgó el nombre “Fort Trump”. Ya ha sido superada la creencia de que las distinciones políticas de Polonia sencillamente seguían atrapadas en las categorías geopolíticas de la Guerra Fría. La anexión de Crimea por Rusia en 2014 no sólo le confirmó a Varsovia lo vital que son sus relaciones con los Estados Unidos, sino también reforzaron sus aprensiones contra la Federación Rusa y le confirmaron la frágil capacidad de reacción de la UE. La actual posición polaca quedó nuevamente expresada la semana pasada con el encuentro bilateral, al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, entre el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo polaco, Andrzej Duda. Anuncio: aumento de la presencia de soldados estadounidenses en Polonia. Más aún, en el año 2020 debería emplazarse un sistema de defensa antimisiles estadounidense en territorio polaco. El costo político para la UE puede ser altísimo, pues con la continuidad de este tipo de políticas nacionales la intención de empujarla hacia una Política Común de Seguridad y Defensa totalmente autónoma queda automáticamente hipotecada.

Por último, no hay duda que las últimas experiencias de secesión (palabra clave Brexit) seguirán marcando el próximo periodo de la nueva Presidencia de la Comisión. Es cierto que las tensiones e inquietudes por el “proceso” Brexit, ya alargado hasta la saciedad, han sido una pesadilla sin fin para Bruselas. Sin embargo, lo peor es que un “Brexit ejecutado” a fines de octubre no da ninguna garantía de que los conflictos e incertidumbres desaparezcan. En este sentido, ya desde hace mucho tiempo se asume que el “periodo de adaptación” post-Brexit también va a traer consigo traumáticos escenarios para la UE, los que, por el momento, ningún experto puede prever. Sumado a este espanto ante posibles fallas en los “cálculos” ‒no sólo económicos, sino también políticos‒, existe una cierta aspiración a no provocar heridas profundas a la parte antagonista que más tarde le hagan imposible aceptar nuevas coaliciones sectoriales. En este sentido, la nueva Presidenta de la Comisión electa ofreció más tiempo a los británicos para su salida de la UE, pero sonaron más bien como palabras de buena crianza. De momento el plazo límite oficial para hacer efectivo el Brexit es el 31 de octubre. La fecha en que debería asumir Von der Leyen su cargo es el 1 de noviembre.