La acción judicial busca revertir la medida que pone en riesgo los salarios de las y los trabajadores en medio de la cuarentena por coronavirus. Desde el conglomerado coinciden en señalar que la Dirección del Trabajo se “excedió en sus atribuciones” y que se realizarán “todas las gestiones necesarias para revertirlas”.

Parlamentarios del Frente Amplio junto con representantes de organizaciones sociales presentaron un recurso de protección para anular el dictamen de la Dirección del Trabajo. En el documento se establece que la instancia incumple sus atribuciones legales por ser “una autoridad no facultada por la Constitución para aquello” y, al mismo tiempo, “arrogarse atribuciones que no posee, pretende modificar derechos protegidos constitucionalmente que ni el estado de excepción constitucional faculta modificar al Presidente de la República”.

Para la dirigenta sindical Macarena Ortega, este recurso de protección se ingresa dado que “las y los trabajadores estamos enfrentados a una prolongación de cuarentena, por lo tanto, más días sin sueldo, y todo con la venia de la DT. La ciudadanía requiere de resguardos concretos, y es el Estado -por medio del Gobierno- que se debe encargar de que esta protección ocurra. De lo contrario, significa que el presidente y su gobierno no están cumpliendo el rol que las chilenas y chilenos le mandataron”.

Al respecto la presidenta de la Comisión del Trabajo de la Cámara y presidenta de Convergencia Social, Gael Yeomans, afirmó que es necesario agotar todas las instancias para anular este dictamen que “dio chipe libre a las empresas para no cumplir con su obligación de pagar los sueldos a las y los trabajadores, afectándolos a ellos y a sus familias. Con esta interpretación se da una señal potente de protección al mundo empresarial, cuando la Dirección del Trabajo es una institución que debe realizar interpretaciones para proteger a las y los trabajadores, y por tanto con este dictamen incumple su principal propósito. Esta vulneración a las y los trabajadores es inaceptable, y ante esto nuestra obligación es hacer todas las gestiones necesarias para buscar eliminar dicha interpretación”.

“La DT excedió completamente sus atribuciones con este dictamen inventando una situación que no está establecida en la ley y apartándose de su finalidad de proteger a los trabajadores. Esperamos del Gobierno medidas efectivas de protección del empleo, incluyendo a la gran cantidad de trabajadores informales y que no se enfoque solo en el rescate de las empresas”, expresó la presidenta de Comunes, Javiera Toro respecto a la acción judicial.

En tanto la presidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez, sostuvo que “el Poder Judicial no puede evadir pronunciarse cuando los derechos de las y los trabajadores están en juego. El recurso de protección es una herramienta para impugnar el dictamen de la Dirección del Trabajo, tal como lo ha reconocido en otros casos la misma Corte. Si el Gobierno no va a proteger a las familias trabajadoras debemos recurrir al Poder Judicial para que lo haga”.

Finalmente el presidente del Partido Liberal, Luis Felipe Ramos, insistió en que “si la Dirección del Trabajo no asume su rol de protección de los trabajadores, nos vemos en la necesidad de recurrir a los tribunales para que lo cumplan”.