Mientras los integrantes de la Comisión del Senado presentaban sus argumentos a favor y en contra de la iniciativa, en audiencia pública ante el Tribunal Constitucional, el director del INDH defendía la constitucionalidad del indulto que permitiría a 1.299 personas cumplir sus condenas en arresto domiciliario. Destacó que la medida debe excluir a los condenados por delitos de lesa humanidad o por delitos como la sustracción de menores, violación, abuso sexual infantil o asociación ilícita.

Con tres votos contra dos, los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía rechazaron la idea de legislar del proyecto que regula la sustitución de penas privativas de libertad por razones humanitarias para las personas que indica, más conocido como “Ley humanitaria”.

El mensaje en primer trámite ahora deberá ser revisado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento que se pronunciará en cuanto a las ideas matrices. De aprobarlas, se analizarían las indicaciones presentadas, tras lo cual iría a la Sala.

La iniciativa fue ingresada a fines de 2018 y se reactivó luego que el Gobierno le pusiera discusión inmediata, esto tras la aprobación por parte del Congreso Nacional de la ley de indultos conmutativos que hoy comenzó a analizar el Tribunal Constitucional (TC).

En simple, busca que los condenados por cualquier delito que se encuentren con una enfermedad en fase terminal, que sean mayores de 75 años y que hayan cumplido a lo menos la mitad de su condena, puedan terminarla con arresto domiciliario. El proyecto establece que este beneficio sea otorgado por los tribunales de justicia.

En contra de la propuesta votaron los parlamentarios Juan Ignacio Latorre, Adriana Muñoz y Alejandro Navarro. A favor lo hicieron los senadores Iván Moreira y Kenneth Pugh (este último en reemplazo del senador Felipe Kast). A su vez, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, junto a sus subsecretarios hicieron uso de la palabra en distintos momentos de la sesión para responder las diversas inquietudes planteadas.

ARGUMENTACIÓN EN CONTRA

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el senador Juan Ignacio Latorre (Revolución Democrática-FA) manifestó que “se había acordado acelerar la tramitación de proyectos en relación al combate al COVID 19, pero esto no va en esa línea. Además, este mensaje ha generado confusión en la ciudadanía porque acabamos de despachar una ley de indulto, entonces no se entiende que estemos discutiendo de nuevo el tema”.

“Yo voté en contra de legislar de este proyecto llamado ‘humanitario’ por el Gobierno ya que creo que en este contexto de pandemia y de crisis por el coronavirus, no es necesario. Lo que sí era necesario es el indulto conmutativo que aprobamos en el Senado la semana pasada y estamos a la espera de la resolución del Tribunal Constitucional porque, lamentablemente, parlamentarios de la derecha lo tiene trabado, el cual puede demorar de dos semanas a un mes, y se necesita de manera urgente indultar o enviar a sus domicilios a alrededor de 1.300 personas que están en las cárceles comunes. Como ha dicho el INDH, es una bomba de tiempo”, agregó Latorre.

Por su parte, la senadora Adriana Muñoz (PPD) reconoció que el sentido del mensaje es correcto porque tiene que ver con lo humanitario, pero hizo ver que “trasgrede las disposiciones del derecho internacional en materia de derechos humanos”. Su voto en contra obedece a que “esto abre la puerta a que personas que están recluidas por la violación de los derechos humanos, puedan irse a sus casas a cumplir su condena. Esto genera ruido”, señaló.

A su vez el senador Alejandro Navarro (País Progresista) admitió que “en Punta Peuco existen condiciones dignas, no así en las cárceles comunes, ahí debe garantizarse un trato humanitario. Hay una herida abierta en un sector importante de la ciudadanía y no me parece que este proyecto termine burlándose del dolor de miles de familias víctimas de la dictadura”.

DICHOS A FAVOR

“Esto tiene que ver con la persona, con su dignidad, y no con el delito que hizo que estuviera encarcelado, porque aquello ya se juzgó. Creo que la izquierda confunde justicia con venganza. Cuando se trata de personas con cáncer terminal o que usan pañales, las defiende, pero cuando éstas fueron militares, se les condena a condiciones indignas (…) Pienso que hay que pensar en el futuro, en lo que nos une”, planteó el senador de la UDI, Iván Moreira.

En la misma línea, el senador Kenneth Pugh (Ind-RN) dijo que “esta iniciativa perfecciona el Estado de Derecho porque se entrega una herramienta a los tribunales de Justicia para poder decidir si una persona se merece este beneficio carcelario. Esto debiera ser un instrumento jurídico no político pensando en la humanidad de los condenados”.

Al respecto, el senador Latorre comentó que “me parece que el Gobierno está cometiendo un error político al dar un guiño a sectores duros del pinochetismo que reclaman y tienen esta demanda muy antigua de liberar a los presos de Punta Peuco. Si el presidente Piñera lo quiere hacer, que los indulte. Él tiene es facultad, pero que asuma él la responsabilidad de liberar a los presos de Punta Peuco” responsables de graves violaciones a los derechos humanos.

Piñera tiene en su escritorio 14 antecedentes de reos que solicitaron indultos y que el Ministerio de Justicia catalogó como “favorables para indultar”.

DIRECTOR DEL INDH DEFIENDE CONSTITUCIONALIDAD DEL INDULTO

En audiencia pública ante el Tribunal Constitucional, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio, Micco, pidió al TC que declare la constitucionalidad de los artículos impugnados de la Ley de Indulto Conmutativo aprobada por el Congreso Nacional en el menor plazo, bajo la premisa de que no existe vulneración al principio de igualdad ante la ley, y que la liberación de plazas dentro de los penales no es obra de meses ni de semanas, sino que de días, en medio de la propagación del coronavirus.

“Cuánto más debemos esperar para que esta ley entre en vigencia. Su demora es literalmente fatal”, advirtió enfático Micco, refiriéndose a la iniciativa despachada por el parlamento que establece que 1.299 personas mayores de 65 años que hayan cumplido 2/3 de sus penas, embarazadas, o mujeres que tengan hijos menores de dos años, podrán cumplir sus condenas en régimen de arresto domiciliario.

El director del INDH destacó durante la sesión extraordinaria del TC que dicho beneficio excluye a personas condenadas por delitos de lesa humanidad o por delitos comunes de particular gravedad, como la sustracción de menores, violación, abuso sexual infantil o la asociación ilícita, entre otros.

“Es un deber del Estado la sanción y ejecución de la pena impuesta a quienes han sido condenados por delito de lesa humanidad, y otros delitos graves. La opción del Congreso Nacional de aprobar esta legislación, excluyendo dichas categorías de conductas delictivas, no se funda en criterios arbitrarios ni atentatorios contra el principio de igualdad ante la ley, sino que se basa en consideraciones racionales en atención de la gravedad que para la sociedad representa la comisión de tales ilícitos”, sostuvo Micco.

SITUACIÓN EN LAS CÁRCELES

El director del INDH agregó que desde el intento de fuga ocurrido el 19 marzo en el penal de Santiago 1, el Instituto ha realizado diversas visitas a distintos centros de reclusión en todo Chile, en el contexto de la pandemia del COVID-19. “Ellas nos han permitido constatar las precarias condiciones de higiene en que conviven internos y gendarmes: en un comienzo, ninguno de estos contaba con elementos de protección personal para la crisis. A raíz de esto, llegamos a la conclusión de que los recintos penales son los lugares en que más afectará la crisis sanitaria. Crisis que con el pasar de los días podría devenir en una crisis de seguridad. Este indulto conmutativo, aunque no resuelve los problemas estructurales que tiene el sistema penitenciario, si ayuda a descomprimir en parte la grave crisis que hoy estamos enfrentando”, manifestó.

A continuación Micco entregó un detalle del acelerado avance del coronavirus entre gendarmes e internos, dando cuenta de que es urgente descomprimir las cárceles, pues esta es una verdadera bomba de tiempo. “El 19 de marzo existían 2 funcionarios de Gendarmería contagiados con el Coronavirus, y ningún interno. Cuando se presentó este proyecto de ley, el 25 de marzo, eran siete los funcionarios contagiados y ningún interno afectado aún. Cuando se produjo el rechazo inicial del Congreso a la iniciativa del Ejecutivo, eran 13 los funcionarios contagiados y dos los privados de libertad con presencia del virus. Y ayer, un día antes de esta audiencia, son 59 los casos confirmados de funcionarios de Gendarmería contagiados, y 24 internos afectados”.

Tras ejemplificar la propagación del COVID-19 en cárceles, Micco detalló que “actualmente se encuentran conectados dos gendarmes a ventiladores mecánicos. Es decir, en menos de 4 semanas, hemos pasado de dos funcionarios de gendarmería contagiados, a 59, y de ningún interno contagiado a 24, perteneciendo 20 de ellos a un mismo recinto carcelario como es el penal de Puente Alto. Además, ocho de ellos se encuentran hospitalizados”.

“Hoy hay un sentido de urgencia que ni la Constitución es capaz de prever. Si nos tomáramos todos los tiempos que la Constitución fija, recién saldría el fallo el 27 de abril. ¿Cuántos contagiados y muertos más se producirán en este lapso? ¿Cuánto más debemos esperar para que esta ley entre en vigencia? Su demora es literalmente fatal”, advirtió el director del INDH.