La acción judicial busca impedir el reingreso a las labores de las y los trabajadores del comercio estando en medio del Estado de Catástrofe.

“Es nuestro deber proteger los derechos fundamentales de la población como el derecho a la vida y a la salud”, sostuvo la presidenta de Convergencia Social, Gael Yeomans (Convergencia Social). “Por eso hoy presentamos un recurso de protección para que las y los trabajadores no sean quienes paguen la crisis por la decisión irresponsable del Gobierno de abrir los malls, que son focos de contagio masivo del coronavirus, para asegurar que las grandes empresas se sigan llenando los bolsillos en desmedro de la salud de las personas”, precisó la parlamentaria del Frente Amplio.

El recurso sostiene que esta solicitud busca “asegurar el derecho a la vida y a la integridad física y psicológica” y además “una medida de apertura del comercio en estas circunstancias, no sólo implica generar nuevos escenarios de interacción humana no esencial, que expone al contagio y posible muerte a quienes desempeñan sus labores en centros comerciales, sino también importa provocar un regreso masivo de los trabajadores y trabajadoras al transporte público, sin que se garantice que sus trayectos les permitan mantener la única medida sanitaria que ha demostrado ser efectiva para evitar la propagación del COVID-19: el distanciamiento social”.

Según Andrés Giordano, presidente del Sindicato Starbucks, el protocolo del Gobierno “nos parece de una negligencia sin precedentes que se siga poniendo el mercado y el consumo sobre la vida. La apertura de los malls es una amenaza latente, no solo para miles de familias de trabajadores y trabajadoras del comercio no esencial, sino que nos expone a un aumento descontrolado de la curva de contagio del COVID, con el riesgo que ello supone para los sistemas de salud”.

“Las y los trabajadores tenemos el deber de no contribuir en la propagación del virus, por cada una de las personas que trabaja en el mall que se contagie, la cadena se multiplica por 10. No pondremos en riesgo la salud de la población por asegurar la ganancia de los grandes empresarios», destacó la dirigenta Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Claudia Hasbún.

En tanto Javiera Toro, presidenta de Comunes, sostuvo que “la nueva normalidad no se puede instalar si no se cuentan con garantías mínimas de las y los trabajadores. no estamos dispuestos a sacrificar las vidas para reactivar la economía”.

Finalmente, Catalina Pérez, presidenta de Revolución Democrática, expresó que “Piñera nuevamente deja de lado el bienestar de las familias. Permitir que los centros comerciales vuelvan a abrir es una negligencia tremenda. El caso de Quilpué lo deja en claro. El Presidente debe entender que no existe la normalidad de la que habla. La economía debe reactivarse de forma responsable, no a costa de las vidas de los trabajadores”.