La comunidad de Quintay sigue dando la batalla; primero ante la durísima crisis hídrica que arrastran desde 2011, donde gran parte del agua está en manos de privados, y luego frente a la terrible depredación inmobiliaria en la localidad costera.

El agua de Quintay está privatizada en más del 90%, el líquido vital pertenece al Condominio Santa Augusta en la misma zona que, por cierto, considera un exclusivo complejo habitacional y deportivo. El club de golf del lugar literalmente secó el estero Los Jotes, que es la vertiente natural que abastece a toda la comunidad del sector.

Vecinos afirman que en la actualidad el agua que sale por las cañerías es turbia, inutilizable en el ámbito domiciliario, avalado por informes técnicos que concluyeron que el vital elemento está altamente contaminado.

En agosto de 2019, Quintay fue declarada zona en crisis hídrica, lo que implica la realización de una Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Regulador Comunal de la Municipalidad, documentación que actualmente no existe. Todo se agrava aún más cuando en octubre del mismo año, el Municipio de Casablanca entrega un permiso de obra al proyecto de la Inmobiliaria Santa Augusta que considera la construcción de cinco edificios con 120 estacionamientos cada uno y una decena de casas, afectando aún más la vida de los habitantes del lugar.

La Corporación Pro Defensa del Patrimonio de Viña del Mar, reunidos con la junta de vecinos de Quintay, presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Valparaíso en contra de la constructora en cuestión por la edificación arbitraria e ilegal de un conjunto habitacional sin poseer Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ni Carta de Pertinencia Ambiental.

Al respecto, el abogado Gabriel Muñoz afirma que el proyecto de construcción no solo aumentará la crisis ambiental presente desde varios años, sino que afectará directamente a la comunidad. “La construcción alterará el medio humano, es decir, que la cantidad de habitantes permanentes aumentará, se acrecentará la demografía y la población flotante tensará un pueblo que hasta ahora a penas puede sustentarse a sí mismo en materia medioambiental… urge un informe al respecto”.

Naomi Porras, presidenta de la junta de vecinos, considera que el recurso de protección también servirá como eje para enfrentar otros proyectos inmobiliarios a gran escala que se quieran desarrollar en la localidad. “El objetivo es hacer a Quintay un lugar protegido medioambientalmente, con altos estándares de estudio que exijan a lo menos un EIA a los proyectos, donde la comunidad pueda hacer sus observaciones”, declara.

Los pobladores para sobreponerse a esta inhumana situación ahora dependen del Comité de Agua Potable Rural (APR) perteneciente a la Dirección de Obras Hidráulicas de Valparaíso (DOH), que ciertamente no se ha hecho cargo de sus deberes, dejando en el más profundo abandono a la comunidad, a expensas de una sequía absoluta. La situación es verdaderamente inhumana, señalan desde la Corporación.

“La destrucción de la biodiversidad por parte de estos depredadores megaproyectos inmobiliarios no da para más (…) a propósito de la crisis hídrica, el crecimiento de población en el lugar va a constituir un desastre ambiental de proporciones” adelanta el abogado de la Corporación Pro Defensa, quien además reconoce un grupo claramente privilegiado en esta problemática y otros ciudadanos de “segunda clase” que no tienen la opción de decidir. “La desigualdad es evidente y continuaremos tomando medidas para que esto deje de ocurrir”, cierra.