Regional

Senador Latorre presenta proyecto de ley que exigirá resolución de calificación ambiental a empresas en zonas de sacrificio 

En un punto de prensa vía Facebook, el senador del Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre, presentó un proyecto de ley que exigirá que todo proyecto o actividad que sea susceptible de causar impacto ambiental requerirá para su aprobación y/o ejecución, de la resolución que lo califica ambientalmente. Todos los proyectos o actividades que no cuenten actualmente con Resolución de Calificación Ambiental (RCA), tendrán un plazo de 12 meses para su obtención, a partir de la publicación de esta ley.

latorre_prensaLatorre estuvo acompañado en el punto de prensa por los dirigentes regionales medioambientales Katta Alonso, vocera de Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia; Rodrigo Mundaca, vocero de Modatima, y Joel González, activista medioambiental y de defensa de la biósfera, Marga Marga. Al punto, estaba invitada también Flavia Liberona, directora de Fundación Terram, quien no pudo asistir, pero sí envió una declaración que leyó el parlamentario al finalizar el encuentro online.

El senador de Revolución Democrática por la Región de Valparaíso explicó que “hoy estoy presentando un proyecto de ley para terminar con el privilegio ambiental. Hay empresas que no tienen resolución de calificación ambiental porque operan antes de que esté vigente la institucionalidad medioambiental imperante, desde el año 97. Hay empresas que vienen operando décadas atrás, por ejemplo, las del cordón industrial Quintero-Puchuncaví, y que no pueden ser fiscalizadas porque no cuentan con una evaluación ambiental básica que toda empresa potencialmente contaminante debería tener”.

Katta Alonso, luego de agradecer la instancia parlamentaria, manifestó que “aquí en la bahía de Quintero-Puchuncaví tenemos muchas empresas que están desde antes de 1997, por lo tanto, necesitamos que esos proyectos entren al estudio de impacto ambiental o entren a la nueva institucionalidad, porque están fuera de ella y es súper importante evaluarlas. Es algo que hemos pedido hace muchísimo tiempo por nuestra población y así tener, al menos, el diagnóstico de qué es lo que emite cada una de ellas”.

Rodrigo Mundaca, vocero del Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (Modatima), agregó que “me parece un proyecto muy pertinente dado el contexto de pandemia por el que atravesamos. No es posible pensar en un escenario postpandemia sin que las empresas no cumplan normas ambientales que garanticen el que podamos vivir en un medio ambiente libre de contaminación”.

Similar reflexión tuvo el senador frenteamplista. “Si queremos vivir en un ambiente libre de contaminación y no queremos tener empresas privilegiadas, que no han sido evaluadas, es urgente corregir y por eso este proyecto de ley va en esa dirección. El Chile que tenemos que construir postpandemia tiene que ser un Chile con justicia ecosocial y justicia ambiental; tenemos que elevar significativamente los estándares ambientales” enfatizó.

El activista medioambiental también presente, Joel González, comentó que “este proyecto instala la discusión respecto a la necesidad de garantizar criterios efectivos de justicia ambiental en los procesos de evaluación, incorporando a los proyectos que no han sido evaluados previamente y frente a los cuales hasta ahora el Estado ha asumido una posición en exceso benevolente. Desde los territorios en conflicto ambiental seguiremos tensionando al Estado para que asuma su rol de garante del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”, puntualizó.

La directora de la Fundación Terram, Flavia Liberona, que no pudo estar presente en el punto de prensa, envió una una declaración que el senador Latorre leyó al concluir el punto de prensa: “Cuando se aprobó la reforma a la institucionalidad ambiental, el 2010, se crearon el Ministerio de Medio Ambiente, la Superintendencia Ambiental y el Servicio de Evaluación Ambiental, si bien estos cambios establecieron una nueva conformación de la institucionalidad ambiental, esto no significó que se solucionaran muchos de los problemas que tenía la antigua institucionalidad. De hecho, muchos persistieron. Desde Fundación Terram hicimos llegar propuestas al Gobierno y al Parlamento, pero no fueron consideradas.  Uno de los problemas no abordados por la reforma es que todos aquellos proyectos susceptibles de causar impacto ambiental y que operaban antes del año 1997 nunca han sido calificados ambientalmente, es decir, en la actualidad existen proyectos en operación no evaluados ambientalmente, lo cual es particularmente preocupante en el caso de la bahía de Quintero”.

Este proyecto, cuyo autor es el senador Juan Ignacio Latorre, es patrocinado por las senadoras Yasna Provoste, Ximena Órdenes y Isabel Allende, y el senador Alfonso de Urresti, actual presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales de la Cámara Alta.

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