Viña del Mar

Diputado González por querella del CDE en caso horas extras: “No quiero suponer que esta acción pueda servir para exculpar a la alcaldesa Reginato”

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella en contra de tres funcionarios de la Municipalidad de Viña del Mar en calidad de autores del delito de fraude al fisco contemplado en el artículo 239 del Código Penal, por su presunta responsabilidad en el pago irregular de horas extras ocurrido entre los años 2014 y 2015.

Se trata del entonces administrador municipal y director subrogante de Administración y Finanzas, Pablo Staig; el director del Departamento de Finanzas, Manuel Echeverría, y el funcionario de la sección de Remuneraciones, Javier Garrido. La querella los acusa de actuar en conjunto para autorizar el pago de horas extras a casi todos los trabajadores de planta y contrata del municipio, y de causar una pérdida de casi $57.000.000 entre los meses de julio de 2014 y marzo de 2015.

El diputado Rodrigo González (PPD), quien junto al diputado Daniel Verdessi (DC) presentó una querella por fraude al Fisco por este caso en 2018, señaló que espera pueda ampliarse la investigación ya que son más personas las responsables, partiendo por la alcaldesa Virginia Reginato. “Hace más de un año presentamos querella por estos delitos ante el Ministerio Público. Por ello nos resulta satisfactorio que el Consejo de Defensa del Estado corrobore nuestra actuación, sin embargo, los responsables son muchos más directores que obedecieron las instrucciones de la alcaldesa, quien es la única autoridad facultada por la ley para otorgar horas extras”, sostuvo el parlamentario.

Pese a la querella, González espera que la responsabilidad de la alcadesa Reginato no quede impune, ni que se desvíe la atención con estos tres funcionarios imputados. “No quisiéramos suponer que esta acción del CDE tuviera como telón de fondo levantar una cortina de humo, encubrir o exculpar a la alcaldesa de su responsabilidad en estos delitos, pues ella es la única responsable del desorden, desfinanciamiento y de la apropiación para fines ilícitos y uso privado de recursos públicos que le pertenecen a todos los viñamarinos, y que deberían haber servido para resolver las necesidades de los barrios, los campamento y obras de adelanto en la comuna”.

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