Nacional

Ingresado proyecto de Ley #JusticiaParaAntonia que busca proteger los derechos de víctimas de violencia sexual

Luego de un arduo trabajo transversal, que incluyó presentar una propuesta a la familia y abogados de Antonia Barra y las víctimas asociadas a Martín Pradenas, el trabajo conjunto con organizaciones feministas y de la sociedad civil, y la recopilación de opiniones de distintos abogados y abogadas expertas en la materia, hoy se ingresó el proyecto de Ley #JusticiaParaAntonia.

“A propósito del lamentable caso de Antonia Barra, pero en términos generales, teniendo presente los casos de violencia sexual contra la mujer que de uno u otro modo han sido tratados de forma deficiente tanto por los tribunales como por los medios de comunicación, las y los diputados mocionantes proponemos el siguiente proyecto de ley que tiene como objetivo modificar diversos cuerpos legales para proteger los derechos de las víctimas de delitos sexuales, brindándole apoyo estatal para que conozca y pueda ejercer adecuadamente sus derechos, protegiendo su integridad y privacidad en la investigación y el proceso penal, evitando asimismo su revictimización y, en definitiva, garantizando su derecho a una vida libre de violencia”, señala la minuta que acompaña el proyecto de ley.

La moción, presentada por las diputadas Maite Orsini (RD), Marcela Sabat (RN), Gael Yeomans (CS), Paulina Núñez (RN) y los diputados Gonzalo Fuenzalida (RN) y Marcelo Díaz (Unir), tiene por objetivo “modificar diversos cuerpos legales con el fin de proteger los derechos de las víctimas de delitos sexuales, brindándoles apoyo estatal para que conozcan y puedan ejercer adecuadamente sus derechos, protegiendo su integridad y privacidad en la investigación y el proceso penal, evitando su revictimización y, en definitiva, garantizando su derecho a una vida libre de violencia”, precisa el texto del proyecto de ley, entre cuyas principales aristas se incluyen las siguientes:

Extender el plazo de prescripción del delito de abuso sexual de 5 a 10 años.
El delito de abuso sexual prescribe en un plazo de tiempo excesivamente corto, tanto en consideración a la gravedad del delito como al tiempo personal que la víctima necesita para procesar los hechos y tomar la decisión de denunciar. Por ello, se sugiere aumentar el plazo de prescripción para que las víctimas tengan un margen más amplio para realizar la denuncia, prescribiendo, por tanto, el delito en 10 años y no en cinco.

Realización de entrevistas grabadas con el fin de que las víctimas de abuso sexual y violación no se vean revictimizada dentro del proceso judicial.
Lo que busca la propuesta es que las víctimas puedan solicitar realizar su denuncia y declaraciones por una sola vez. Con ello se pretende evitar la constante revictimización que supone revivir una historia de abuso sexual en diferentes instancias.

Se tipifica la figura del delito de incitación al suicidio, y también se agrega el hecho del suicidio como un nuevo elemento a tener en consideración al momento de determinar la cuantía de la pena.
La violencia de género se produce de múltiples formas y el hostigamiento que termina en un suicidio es una de ellas. Hoy este delito no existe en Chile, a pesar de que hay casos que justifican regular esta conducta que termina con la vida de la víctima. Se propone su tipificación en la legislación penal, así como también que el suicidio se deba tomar en consideración por parte del tribunal al momento de determinar la cuantía de la pena.

Formación de la Academia Judicial con perspectiva de género.
Se propone incorporar en los programas de formación de la Academia Judicial capacitación en materias relacionadas con perspectivas de género durante el proceso penal, con el objeto de evitar discriminaciones arbitrarias, revictimizaciones, estereotipos en casos de las víctimas de violencia de género, como a su vez fomentar la protección de sus derechos.

Establece un procedimiento de acompañamiento y orientación a la víctima y sus familiares, previo a una persecución penal.
Muchas víctimas no se atreven a denunciar por diversas razones, particularmente, por el miedo a no ser escuchadas, al acoso de su agresor, familiares o amigos, o a que su denuncia no sea tomada con el peso que merece. Por lo anterior, se propone que cuando el Ministerio Público tome conocimiento de un delito de carácter sexual, se contacte con la víctima dentro de las 24 horas siguientes, con el objeto de asesorar en el ejercicio de sus derechos y brindar acompañamiento a la víctima y su familia.

Se restringe la divulgación de información sensible de la víctima durante el juicio, y por parte de los medios de comunicación.
Por una parte, se modifica el Código Procesal Penal para consagrar como un derecho de la víctima el poder solicitar durante el proceso, que ni su nombre ni su imagen sea expuesta de modo público, con la finalidad de evitar la revictimización. Así, cualquier referencia a la víctima se debería efectuar con sus iniciales, con un número o mediante algún otro medio que se estime pertinente.
Por otro lado, se modifica la Ley N°19.733 “Sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo”, con el fin de prohibir la divulgación por cualquier medio de comunicación, sobre la identidad de la víctima cuando se trate de delitos contra su indemnidad y libertad sexual, a menos que ella consienta expresamente su divulgación.

Impedir que se utilice la atenuante de “Reparación del mal causado” en los delitos sexuales.
Actualmente. en los delitos sexuales se permite que los imputados puedan otorgar alguna compensación económica hacia la víctima y con ello disminuir los grados de su pena a la que podrían ser condenados, circunstancia que las y los mocionantes creemos que no corresponde en este tipo de delito.

justicia“Este es un proyecto que lleva el nombre de Antonia, pero aquí buscamos hacer justicia por todas las víctimas que han sido agredidas sexualmente y que no han sido debidamente protegidas por el Estado. Esta iniciativa es para que nunca más las familias tengamos que llorar por justicia y por empatía” dijo Alejandro Barra, padre de Antonia, y además agregó que espera que “todos los sectores políticos se sumen. No se olviden que detrás de esta lucha hay familias y muchos casos como el nuestro. Valoramos mucho el apoyo por redes sociales, pero hay que cambiar ya el foco de nuestra legislación para que puedan proteger y acompañar a las víctimas en estos procesos”.

La diputada de Revolución Democrática, Maite Orsini, comentó que “hoy los y las seis diputadas mocionantes estamos orgullosas y orgullosos de presentar este proyecto que tiene por objetivo proteger los derechos de las víctimas de delitos sexuales, brindándole apoyo estatal para que conozca y pueda ejercer adecuadamente sus derechos, protegiendo su integridad y privacidad en la investigación y el proceso penal, evitando su revictimización, todo con el objetivo de garantizar su derecho a una vida libre de violencia”. Además, agregó que “el proyecto tiene una matriz preventiva, es decir, propone formación en perspectiva de género de las y los jueces. En definitiva, lo que se ha buscado es no caer en recetas añejas para dar solución a la violencia sexual, y en vez de eso, poner el foco en las garantías y derechos de la víctima respecto de los desafíos que exige la erradicación de la violencia contra las mujeres. Necesitamos pasar del Estado machista y opresor al Estado protector, ese es el objetivo”.

En la misma línea el diputado del Movimiento Unir, Marcelo Díaz, aseguró que “luego de sostener diversas conversaciones con la familia de Antonia, especialistas y organizaciones, logramos la redacción de un proyecto que tiene como foco la defensa de la víctima y ampliar el plazo de prescripción de los delitos de abuso sexual a 10 años. Esto, además de sumar a la formación que reciben las y los jueces un enfoque de género. Antonia es una más, detrás de ella hay cientos de mujeres que día a día son violentadas, abusadas y violadas, y como país no podemos seguir permitiéndolo”.

Por su parte, la diputada de Renovación Nacional, Marcela Sabat, insistió en que “hoy hemos materializado lo que hemos venido trabajando con el padre de Antonia Barra, su familia, abogados y diversas organizaciones civiles, un proyecto de ley que busca, con una base preventiva, perfeccionar el procedimiento judicial, evitar la revictimización y que permitirá entregar un marco de mayor protección y garantías a todas las víctimas de agresión sexual”

Además, la diputada Paulina Núñez (RN) afirmó que “nuestro compromiso es que este proyecto, justo y necesario sea ley, debemos avanzar rápidamente y le pedimos al gobierno que le ponga suma urgencia. La víctima de estos delitos muchas veces demora años en denunciar, por eso extender el plazo de prescripción del delito de abuso sexual es una de las modificaciones más relevantes”.

La diputada y presidenta de Convergencia Social, Gael Yeomans, aseguró que “hoy tenemos un proyecto que se ha trabajado de forma muy transversal, no solo política sino también porque incorpora visiones de la sociedad civil, que para el Frente Amplio es fundamental a la hora de legislar. Este proyecto dará un marco de protección a todas las mujeres que sufran agresiones sexuales y también nos permite avanzar en las grandes deudas que tiene nuestro país con la Convención Belém Do Para”.

Finalmente el diputado de Renovación Nacional, Gonzalo Fuenzalida aseguró que “este proyecto es por Antonia Barra, pero también por las miles y millones de mujeres que han sido violentadas, invisibilizadas y castigadas por un Estado y legislación que no ha estado a la altura en su protección, resguardo y reparación. Esperamos que el gobierno y todos los sectores políticos se sumen a esta iniciativa que es justa, pero también muy urgente”.

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