Estudio publicado por el Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (Modatima) da cuenta de la situación de agua contaminada en Laguna Verde.

El 28 de julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el derecho humano al agua y al saneamiento, considerando como base el garantizar un agua potable adecuada para la realización de todos los derechos humanos.

El Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (Modatima), en un estudio publicado a diez años de dicha declaración, realiza una sistematización cronológica de los sucesos en torno al estado contaminado del agua en Laguna Verde, con información sobre estudios científicos, denuncias ciudadanas, declaraciones públicas, notas de prensa y todo lo relevante para entender el conflicto en torno a la contaminación de las aguas en dicha localidad.

Entre las problemáticas detectadas se encuentran el escaso acceso de la mayor parte de la población de la zona a agua “regulada”, lo cual «ha dejado a los habitantes a la deriva del mercado ilegal de venta de agua que opera sin normas mínimas sanitarias, al arbitrio de los precios especulativos y con poca fiscalización».

La situación, señala el estudio, se torna crítica considerando que en febrero de 2019 se declaró a las provincias de San Antonio y Valparaíso como zonas de escasez hídrica en la región de Valparaíso, lo cual, en el contexto de pandemia, «ha agudizado las problemáticas sociales y, en particular, el conflicto en torno al acceso al agua. Las medidas de higiene para resguardarse del Covid–19 implican el lavado de manos durante 20 segundos, sin embargo, estas prevenciones son difícil de llevar para muchos/as».

Además, el agua a la que tienen acceso los habitantes de Laguna Verde, al presentar metales pesados y coliformes fecales, resulta sumamente peligrosa para la salud. «Si en circunstancias normales el consumo y manipulación de agua involucra riesgos, es difícil tomar medidas de autocuidado para poder protegerse de la enfermedad. Es así que la recomendación de lavado de manos en la zona sin otorgar un agua adecuada es sentenciar a las comunidades a mayores enfermedades», indica el estudio.

A su vez, los habitantes de la localidad, ubicada al sur de la ciudad de Valparaíso, acusan «indolencia e inactividad generalizada de las autoridades», en particular la Superintendencia de Servicios Sanitarios ante la situación de aguas servidas de la planta de ESVAL y aguas percoladas desde el relleno sanitario de GIRSA en la zona norte de Laguna Verde, y de la Seremi de Salud, la cual, denuncian, ha mostrado «su latente forma de operar, en una contradicción con su rol público. Es así que dispone de evidencia que corrobora la contaminación en las aguas de la zona, pero se prefiere guardar silencio».

Ver estudio completo AQUÍ.