Opinión

[OPINION] Los desafíos de las políticas de inteligencia artificial en Chile (por Kenneth Pugh)

La inteligencia artificial (IA) se define como el campo científico de la informática que se centra en la creación de programas y mecanismos que pueden mostrar comportamientos considerados inteligentes. En otras palabras, la IA es el concepto según el cual las máquinas piensan o realizan tareas como seres humanos. A raíz de los desafíos que significa para el país el uso de esta tecnología que forma parte de lo que es llamado “transformación digital”, quisiera entregar algunos lineamientos con respecto a lo que debería incluir una legislación en que se aborde esta temática, que es cada vez más importante por el rol que juegan a diario las máquinas, bots y robots en nuestro diario vivir.

A nivel global se contabilizan más de 50 millones de dispositivos o gadgets con apenas 7.800 millones de personas. Estos aparatos se encuentran conectados a Internet y están tomando decisiones que nos ayudan e impactan en nuestra vida cotidiana y a la sociedad en su conjunto, y por eso es relevante que existan regulaciones en relación a su uso.

Por ende, y con respecto a lo anterior, ¿qué reglas tendría que contemplar una legislación sobre inteligencia artificial, ya que ésta carece de personalidad jurídica, derechos y obligaciones?

Dicen que estos algoritmos pueden desvincular las decisiones de su creador y ese es un tema reflexivo profundo respecto de dónde se encuentra la frontera entre el hombre y la máquina por sí sola. ¿Podrá cometer delitos o crímenes esta inteligencia artificial? Queda de manifiesto que tenemos que revisar nuestro contrato o pacto social en relación a conseguir la confianza digital -del Estado, las personas y los dispositivos- a través de la interoperatividad que otorga certeza jurídica.

Si no se cumplen los requisitos de seguridad digital, será imposible entrar al mundo de la inteligencia artificial para poder entender qué es lo que está pasando, y por lo que todo este proceso tiene que ir acompañado con políticas fuertes de ciberseguridad, privacidad de la información y protección de datos y de nuestra infraestructura crítica (servicios básicos y estratégicos para el funcionamiento de una país). Además, todo esto debería encontrarse bajo el marco de una República Digital, donde exista el derecho de las personas a relacionarse digitalmente con el aparato estatal a través de la tecnología, sin tener que moverse desde su casa o lugar de trabajo.

Lograr que la inteligencia artificial esté al servicio de la humanidad y no verla como una amenaza o competencia laboral es uno de los principales desafíos legislativos que tenemos por delante. Creer que las tecnologías no son ni buenas ni malas, sino que depende de cómo las usemos, tienen que servir a la humanidad para que la humanidad pueda prosperar protegiendo siempre a las personas. Tenemos que dejar que las máquinas hagan tareas más mecanizadas y repetitivas para que los humanos estemos a cargo de las labores creativas y de innovación.

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