Opinión

[OPINION] Más allá de las alertas: erradicar el patriarcado instalado en instituciones del Estado (por Nataly Campusano Díaz y Alejandra Romero Carvajal)

El día sábado, nos enteramos de la escabrosa noticia del asesinato de Norma Vásquez, cuyo cuerpo apareció en el maletero de un vehículo en un motel de Linares. El caso ha conmocionado al país por la brutalidad del hecho, además de comprometer a funcionarios de Carabineros, ya que se pudo constatar que tanto la víctima como el principal sospechoso pertenecen a dicha institución.

El caso se ha tomado la agenda noticiosa, incluyendo el pronunciamiento de movimientos feministas, instituciones y personeros del Gobierno, además del mundo político y social. Sin embargo, consideramos pertinente poner el acento en un punto que poco se visibiliza cuando asistimos a casos graves que implican la pérdida de vida de personas, como lo son las obligaciones Estatales de contar con mecanismos de protección efectivos y en el marco del enfoque de Derechos Humanos; en este tipo de casos, no bastan las disculpas y las declaraciones públicas.

Sin ir más lejos, el Artículo 4 de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, del año 1993 (sí, hace 27 años atrás), solicita a los Estados miembros -entre otras materias- que “Establezcan, en la legislación nacional, sanciones penales, civiles, laborales y administrativas, para castigar y reparar los agravios infligidos a las víctimas; proporcionen acceso a los mecanismos de la justicia y, con arreglo a lo dispuesto en la legislación nacional, a un resarcimiento justo y eficaz”.

Sin embargo, nos enteramos de un caso que, en concreto, la víctima realizó la denuncia correspondiente, no prestándosele ningún tipo de apoyo o medida de protección ante la situación de violencia grave a la que estuvo expuesta. El agresor –funcionario de la institución de Carabineros- fue trasladado a otra repartición, pero poco o nada sabemos respecto del Manual de Doctrina y Código de Ética de Carabineros, aunque en su Art.28, apartado de Deberes con la comunidad, indica “Proteger la dignidad de las personas y sus Derechos Humanos”.

Lo anteriormente planteado es una muestra de un sinfín de casos e historias, en donde vemos una y otra vez el incumplimiento de obligaciones de protección. Sabemos que los niveles de denuncia de delitos a Carabineros bordean apenas el 40% de la totalidad de delitos cometidos y, para ser más precisas, en casos de violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer y violencia machista, las cifras son mucho menos alentadoras.

Bastaría con ir por un día a algún centro del Servicio Nacional de la Mujer para constatar las limitantes institucionales que enfrentan las profesionales, lo que se manifiesta en la imposibilidad de entregar protección efectiva a mujeres víctimas de violencia, la resistencia institucional a adoptar políticas de género, más allá de lo meramente declarativo, la cantidad de procedimientos mal realizados, órdenes de arresto no cumplidas por los agresores, demoras en acudir a procedimientos de violencia intrafamiliar por parte de Carabineros, descrédito al relato de las víctimas y re victimización. El caso de Norma explota en el corazón de la institución, al ser ella doblemente víctima: por el hecho de ser mujer y, además, funcionaria de una institución eminentemente jerarquizada y machista, con un Estado con escasa o nula capacidad de mando civil.

Consideramos que este caso –así como tantos otros- deben hacernos salir de las lamentaciones por las víctimas, y en su honor levantar de manera urgente la preocupación por el actuar de instituciones intermedias, para una respuesta efectiva y coordinada frente a la violencia contra la mujer. Recordemos que estamos tratando de mandatos legales, al alero de tratados internacionales que el Estado de Chile suscribió. Por ello, el incumplimiento de dichas disposiciones implica incumplir obligaciones estatales, y con ello vulnerar Derechos Humanos. No podemos exculpar al Estado de Chile, que ha demostrado la deuda histórica que tiene con las mujeres en estas materias, al tener instrumentos insuficientes para activar efectivamente una red de protección y cuidados ante violencia machista.

¿Cuántas Normas, Antonias, Ámbar y Fernandas debemos conocer para que, de una vez por todas, nos tomemos en serio el problema? ¿Cuántas manifestaciones y Alertas Moradas tendremos que levantar para que, por fin, se desmonten mecanismos patriarcales instalados en la propia estructura del Estado?

Por ti, por mí y por todas.

Nataly Campusano Díaz
Consejera regional de Valparaíso
Abogada feminista
Militante de Convergencia Social

Alejandra Romero Carvajal
Trabajadora social
Experta en temas de Seguridad Pública
Militante de Convergencia Social

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