Duras críticas ha generado dentro del Concejo Municipal así como la comunidad viñamarina el anuncio de la Alcaldía de Viña del Mar de que se aumentará el leaseback de propiedades inmuebles para paliar el creciente déficit municipal -que de $2.500 millones ya ha superado los $9.500 millones-, más aún debido a que, según señalan las y los concejales, se enteraron de esta medida por la prensa.

El leaseback es una operación financiera que permite vender una propiedad municipal al banco para luego arrendarla al mismo banco y después volver a comprarla a ese banco. Este es el mecanismo que pretende utilizar el municipio, según indica un comunicado de prensa del departamento de Comunicaciones de la Municipalidad de Viña del Mar, para financiar el déficit producido por el cierre del Casino debido a la emergencia sanitaria -concesión que aportaba a las arcas municipales $2.000 millones al mes, así como de otras concesiones que han debido paralizar sus actividades, proyectándose un déficit de $13 mil millones para diciembre.

Sin embargo, esta explicación a pocos ha dejado conforme, no solo porque no se comunicó por las vías institucionales correspondientes ni fue discutido o aprobado por el Concejo Municipal, sino por la forma en que se pretende aminorar las pérdidas que, más que atribuirse a la pandemia, se deben principalmente a una deficiente gestión financiera.

Lo grave de la situación es que tenemos una gestión que ya fue capaz de desaparecer más de 17 mil millones de pesos (no lo digo yo, lo dice Contraloría) y que hoy, como gran medida para paliar los efectos de la crisis, plantea aumentar los contratos de leaseback. En palabras sencillas, esa figura implica recursos frescos para hoy y rigidez presupuestaria para mañana.

El leaseback, como mecanismo para obtener financiamiento y dinero fresco a corto plazo, puede ser muy efectivo en el cumplimiento de ese objetivo, pero trae una serie de riesgos, los cuales tienen que ver con, primero que nada, endeudarse; hay que pagar después sobre intereses ese dinero que se recibe. Eso genera una rigidez presupuestaria para futuras administraciones o para los próximos ejercicios y, además, en el peor de los casos, de no utilizarse con responsabilidad y como lo ha venido haciendo esta gestión que, más que la excepción ha sido el mecanismo para solventar los déficits de los estados de cuenta del municipio, puede en definitiva poner en riesgo la propiedad y el patrimonio municipal en tanto no se pueda cumplir con estos pagos”.

Aquí el fondo del asunto tiene que ver con cómo se estructuran estos presupuestos y cómo se hace frente a ellos. Si acá hay menos caja, lo que corresponde es reducir gastos, pero reducir gastos no en cuestiones que tengan que ver con la comunidad, como vimos anteriormente, que se redujo el financiamiento a infraestructura de clubes deportivos, a planes deportivos, a escaleras y barandas, por ejemplo. No, aquí lo que hay que reducir, entre otras cosas, es el personal que está de más, las horas extra mal pagadas y que seguramente se siguen pagando de manera irregular.

Es fundamental que se aclaren los daños que ha habido al patrimonio municipal en esta gestión, como, por ejemplo, el perjuicio de más de 700 millones de pesos que generó la fallida licitación del Teatro Municipal en el cual, como Corporación Pro Defensa somos querellantes, y vamos a perseguir esas responsabilidades. Acá hay que reducir los gastos en donde deben ser reducidos, sin afectación de la comunidad y, además, perseguir las responsabilidades de todos los fondos y dineros que se han ‘extraviado’, que se han perdido, que se han malgastado; revisar esos contratos que sean lesivos para el interés municipal y para su patrimonio y desde ahí además generar ahorro y recuperar dinero.

Hernán Madariaga
Militante Convergencia Social