Las diputadas y diputados de oposición Tomás Hirsch (Acción Humanista), Gael Yeomans (Convergencia Social), Boris Barrera (Partido Comunista) y Marcelo Díaz (UNIR) presentaron un proyecto de ley que obliga a las empresas tener un Protocolo de Seguridad Sanitaria Laboral y la creación de Comités Especializados de Seguridad Sanitaria por entes nacionales para el retorno al trabajo presencial de los trabajadores.

La iniciativa legislativa modifica la ley 16.744 de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, durante el estado de excepción constitucional por COVID-19 y hasta 180 días después del cese, para que las empresas estén obligadas a contar con un protocolo que será establecido por cada uno de los comités paritarios de Higiene y Seguridad de dichas empresas.

Además, se propone la creación de Comités Especializados de Seguridad Sanitaria Laboral COVID-19 a nivel nacional y regional, integrados por la Cruz Roja chilena, Bomberos de Chile, Colegio Médico y el Colegio de Enfermeras, con la posibilidad de que se unan las distintas universidades del país, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) con la finalidad de asesorar respecto la ejecución de protocolos, recomendaciones a las autoridades y supervisar el cumplimiento de dichas normas para el retorno al trabajo, entre otras funciones.

El proyecto hace énfasis en que “el Protocolo de Seguridad Sanitaria laboral COVID-19 deberá contener a lo menos: testeo regular de la temperatura del personal, testeo rápido y regular; medidas de distanciamiento social en los puestos de trabajo; medios de protección (…)”, agregando que “las empresas en ningún caso podrán cobrar a los trabajadores, cualquiera sea su modalidad de contratación, el valor de los insumos, equipos y condiciones de las medidas adoptadas, las cuales deben ser provista por las empresas”.

Al respecto, el diputado Tomás Hirsch, uno de los autores del proyecto, comentó que “esto fue solicitado por muchas organizaciones de trabajadores porque ahora se está produciendo el retorno físico al trabajo. Las empresas deben tener protocolos mínimos, que no pueden ser cobrados de ninguna forma a los trabajadores y que, en caso de incumplir con las medidas, se exponen a sanciones por poner en riesgo la salud y vida de los trabajadores y sus familias”.

Por su parte, la diputada de Convergencia Social y presidenta de la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja, Gael Yeomans aseguró que “Con este proyecto de ley las empresas que no tienen la posibilidad de mantener a sus trabajadores con teletrabajo estarán obligadas por ley a tomar todas las medidas y protocolos de seguridad para así poder efectuar un retorno gradual y seguro de trabajadoras y trabajadores a sus puestos de trabajo. Aquí el autocuidado solo es complementario, es el empleador quien es responsable de la salud de sus trabajadores”.