La presidenta de la Comisión de Trabajo de la Cámara, Gael Yeomans, afirmó que “Piñera no puede tratar de delincuentes a casi medio millón de personas y amenazarlas con enfrentar a la justicia. Es totalmente inmoral que intenten perseguirlos, sin asumir los costos de la improvisación del Ministerio de Hacienda con esta ley que tuvo graves problemas de implementación”.

Esto tras constatarse una serie de errores en la implementación del sistema para el pago del bono, el cual detectó que 437.703 trabajadores dependientes habrían obtenido el bono clase media declarando un monto menor al real en sus remuneraciones del mes de julio.

Sin embargo, desde el SII, la Asociación Nacional de Funcionarios (ANEIICH), a través de un comunicado de prensa, criticó la forma en que se aplicó la medida y acusaron “improvisación” del Ministerio de Hacienda y la dirección del Servicio de Impuestos Internos ya que “implementaron este beneficio de forma apresurada, sin ningún tipo de factibilidad previo”.

Según la ANEIICH, “errores del propio sistema o de los cruces de datos efectuados y/o de comprensión del concepto ‘sueldo tributable’, que muy pocas empresas e institucionales señalan claramente a sus trabajadores”, sería la principal causa de esta situación.

La agrupación también se refirió al hecho que “tantos funcionarios públicos” pudieran solicitar el bono, explicando que esto se debió a que “la ley no excluye expresamente a los trabajadores públicos, a los parámetros utilizados para el cumplimiento de requisitos de ingresos y que, producto de los recortes presupuestarios instruidos por el gobierno, ningún funcionario público está siendo remunerado por sus trabajos en horas extraordinarias por lo que es perfectamente factible que muchas personas cumplieran los parámetros del sistema pese a mantener sus empleos”.

Para la diputada Yeomans, “lo que quedó demostrado aquí es que las ayudas focalizadas, mal informadas e implementadas por parte del Gobierno no dan el ancho ante las necesidades de la gente. Por eso hemos insistido en una renta básica universal que incluya a la clase media. Es la única forma de ir en ayuda de las familias que hoy lo necesitan”.

La parlamentaria del Frente Amplio hizo un llamado al Gobierno y al director del SII a frenar la persecución y discutir opciones no punitivas “y a ponerse a trabajar en un perdonazo como ya lo han hecho con grandes empresas como Johnson’s. También enviamos una carta a la ministra Rubilar y mañana ingresaré un proyecto resolución con la misma solicitud. Espero la oposición en su conjunto apoye esta iniciativa”.