La acción judicial fue interpuesta por la ONG Centro de Promoción de Derechos Ciudadanos ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso para exigir se tomen medidas para resguardar la vida y salud de las y los usuarios de la locomoción colectiva.

Un recurso de protección contra las autoridades regionales de Salud y de Transportes presentó el Centro de Promoción de Derechos Ciudadanos “por no ejercer su deber de proteger a la población usuaria del transporte público de pasajeros ante la emergencia COVID-19”, señala el escrito.

“Le solicitamos a la Corte tome las medidas que estime necesarias para restablecer el imperio del Derecho y el resguardo a nuestras garantías constitucionales, a la vida, a nuestra integridad física y sicológica, para así poder enfrentar con mayor efectividad la crisis sanitaria en nuestros territorios”, precisó Jenny Carreño, presidenta de la ONG, agregando que “impugnamos las actuaciones de las Seremis recurridas por no proporcionarnos un trato igualitario y no discriminatorio, evidenciado la falta de información a las organizaciones vecinales y sociales del sector, y privilegiar las medidas de autocuidado antes de imponer medidas activas, protocolos sanitarios y prohibiciones a los prestadores del transporte público”.

La acción judicial hace énfasis en la preocupación de la ONG ya que “es precisamente la gente más humilde la que día a día sufre los rigores del mal obrar por parte de nuestras autoridades y su nulo manejo y control de la pandemia, con todo el costo y riesgo para nuestras vidas que esto significa”, sostuvo Carreño.

Cabe recordar que ya en agosto de 2020, la Corte Suprema acogió un recurso de protección en contra de la Seremi de Valparaíso por abandono de sus deberes de fiscalización, control y supervigilancia. El fallo determinó que debe cumplir “estrictamente con el mandato de la Contraloría (2017), que la obliga, entre otros, a realizar la licitación de vías que desde el 2006 no se realiza en nuestra región; dando cuenta así el máximo Tribunal que las cinco sucesivas prórrogas y la no licitación de vías violenta, en la práctica, los mismos principios que se señalan desde la ley de la libre competencia, la objetividad, el eficiente uso de los recursos públicos, la probidad y la transparencia”, explicó abogado patrocinante, Moisés Escobar.

“El fallo constituye un precedente favorable para que las comunidades en lucha frente al abandono o el abuso de las autoridades y empresas movilicen la institucionalidad legal en salvaguardia de nuestro mayoritario y vital interés”, concluyó Escobar.