Estos actos habrían transcurrido durante las administraciones de Hernán Pinto, Aldo Cornejo, Jorge Castro y lo que va de la administración de Jorge Sharp. El alcalde anunció una serie de medidas políticas y administrativas, entre ellas la solicitud de renuncia de la directora de Educación municipal, la cual no fue presentada por la aludida.

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, se refirió al informe emitido por la Contraloría General de la República, organismo que realizó una auditoría a la Corporación Municipal de Valparaíso y que develó una serie de irregularidades que venían ocurriendo desde administraciones pasadas al interior del Liceo Técnico de Valparaíso y el Liceo María Luisa Bombal.

El informe de Contraloría abarca el período entre el 1 de enero de 2017 y el 30 junio de 2019, a partir de una denuncia presentada a finales de 2018 por el diputado Andrés Célis (RN), por “las gravísimas prácticas al interior de la Corporación Municipal de Valparaíso y en esos dos liceos, los cuales fueron utilizados como máquinas operadoras de servicios que luego vendían a la propia Cormuval”, declaró el parlamentario.

“El informe es categórico y muy claro”, manifestó Sharp. “Es categórico porque da cuenta de cosas que se venían haciendo hace muchos años, de mala manera, en la Corporación Municipal y se habían tendido a naturalizar, se habían asumido como prácticas legítimas y válidas para el sistema de educación pública de Valparaíso. En ese sentido, creo que es un informe que, al ser categórico y claro, nos demanda tomar una serie de acciones que son indispensables para poder corregir y poder abordar cada uno de los aspectos a los que hace referencia este informe”.

La Contraloría repara en una práctica que se viene llevando a cabo desde fines de la década del 90, cuando el entonces alcalde Hernán Pinto toma la decisión de levantar, desde la Corporación Municipal, “áreas productivas” asociadas a las prácticas profesionales que las y los jóvenes debían realizar en los liceos técnicos para poder licenciarse en las áreas en las que se estaban formando. Esta práctica continuó durante las administraciones de Aldo Cornejo, Jorge Castro y parte de la administración de Jorge Sharp.

“El informe de la Contraloría indica que a los jóvenes se les remuneraba por el ejercicio de sus prácticas, se les pagaba entre 2 y 20 mil pesos, y quizás si eso era tolerable antes, la Contraloría señala que está mal y que hay que corregirlo. Una práctica profesional está regulada por ley y si esos requisitos no se cumplen hay una infracción de la ley. El trabajo de un menor de 18 años, o de un adolescente está regulado por ley y tiene que tener autorización de los padres. Entonces queremos profundizar si eso se está haciendo de buena forma, y en ese punto la Contraloría dice que hay que investigar y es lo que nosotros vamos a hace”, añadió el jefe comunal porteño.

El documento también acredita que los liceos obtuvieron “ingresos por la venta de los productos y la prestación de los servicios ya señalados por la suma de $490.649.302, y que, de esa cifra, un total de $394.153.169 corresponde a compras que fueron realizadas por la propia Cormuval. Estos servicios, explicó el jefe comunal, fueron prestados principalmente otros establecimientos municipales, como servicios de café y banquetería, pastelería y garzonería, para lo cual dichos establecimientos pagaban a la Corporación Municipal que luego ocupaba dichos fondos para la adquisición de implementos para el mismo liceo.

Cabe señalar que, en el año 2019, cuando se tomó conocimiento de las áreas productivas de los liceos técnicos porteños, una de las medidas para evitar que esto siguiera ocurriendo fue la instrucción del gerente de la Corporación Municipal, Marcelo Garrido, a las y los directores de las escuelas técnicas de suspender y paralizar todas las compras que la Corporación Municipal de Valparaíso realizaba a los liceos.

Respecto de los 931 millones de pesos por el supuesto mal uso de la Subvención Escolar Preferencial (SEP), la Contraloría señala que esos dineros se gastaron en sueldos, cotizaciones y bonos de profesores que trabajaban en las áreas productivas donde se realizaban prácticas profesionales que, a criterio de la Contraloría, no están asociadas a los procesos pedagógicos.

El gerente de la Cormuval, Marcelo Garrido, destacó que “muchas de las cosas que menciona el informe, apenas tomamos conocimiento, fueron abordadas y corregidas, ya que era una práctica que venía de hace años que los liceos técnicos tenían unidades productivas asociados a los programas pedagógicos. En ese sentido, se explica las labores de los docentes que allí se desempeñan y cuyas remuneraciones se realizan con cargo a la SEP. En función de esto, y tomando en consideración las conclusiones y recomendaciones de Contraloría, se iniciarán los sumarios correspondientes para determinar posibles responsabilidades”.

Otra medida anunciada por el alcalde de Valparaíso es que se iniciará un proceso de acompañamiento a las comunidades del Liceo Técnico y del María Luisa Bombal. “Vamos a ir a conversar con los profesores, las profesoras, los asistentes de la educación, los padres y apoderados, y los jóvenes de ambos liceos para juntos acatar lo que nos dice Contraloría y corregir las prácticas que están mal. No queremos vulnerar y seguir exponiendo a estas dos comunidades”, afirmó el alcalde.

“Valoramos, rescatamos, agradecemos el trabajo de la Contraloría y lo que vamos a hacer es solicitar a don Jorge Bermúdez una reunión para poner a su disposición más antecedentes, indicar cuáles son las medidas que vamos a tomar, y también escuchar las sugerencias que nos puedan hacer a partir de este informe. Lo mismo vamos a hacer con la Defensoría de la Niñez”, aseguró el alcalde Sharp, quien a su vez aclaró uno de los puntos más sensibles del informe, el que se refiere a las prácticas y trabajo adolescente.

SITUACIÓN DE LA DIRECTORA DE EDUCACIÓN

El jefe comunal también anunció que la administración municipal ha pedido la renuncia de la directora del Área de Educación de la Corporación Municipal de Valparaíso, Silvana Sáez, quien, a través de declaración pública, informó que rechazó dicha petición.

Alcalde Jorge Sharp se refiere al informe de la Contraloría: