Opinión

[OPINION] Infancia y vejez confinada: Consecuencias de políticas fiscales adultocentristas (Bárbara Astudillo Delgado)

Debemos insistir en exigir una cartera fiscal de los gobiernos regionales más participantes, con toda la población, desde la primera infancia a la vejez para construir regiones no geopolíticas separatistas exclusivas. Este nuevo Chile requiere la política de derechos, comunitaria, descentralizada e inclusiva para todes habitantes de los territorios. Que la democracia participativa vinculante sea con presupuestos no edadistas productivo, sino que mejorando con voluntad política más consciente en quienes representarán las provincias. 

Aprender a escuchar no viene dado y requiere un trabajo desde las personas adultas para no rellenar lo que no sabemos con lo que suponemos, intuimos o nos han dicho. Pero con tanto como hay por escuchar, aprender y construir, mano a mano, con tantas voces injustamente silenciadas, esto suena esperanzador. ¿Empezamos?

Uno de los retos en los que se debe avanzar son las propuestas de gobernanzas y presupuestos fiscales donde no se silencie a la niñez y adolescencia en los procesos políticos de la sociedad chilena. El enfoque de esta crítica principalmente se encuentra en la Región de Valparaíso, al interior de la Provincia de Petorca, en las zonas rezagadas y con mayor índice de pobreza. Por otro lado, desde una mirada feminista hay que acercarse al trabajo de entidades que recuerdan la necesidad de abrir cauces para la participación infantil en la sociedad, que hablan de niños, niñas, adolescente, no ya como sujetos de derechos incapaces, sino como sujetos políticos. Que recuerdan que la clave no es darles voz -ya la tienen, como la tenemos también las mujeres desde que se reivindica la lucha de mujeres y disidencias, resuena fuerte la similitud, sino elegir pararse a escucharla en vez de seguir ignorándola.

Una de las pocas cosas buenas de la pandemia ha sido poder saltar los límites geográficos al haber transformado muchas presentaciones antes presenciales en virtuales, pero algo que no llega a todos los sitios geográficos. Pero una vez más, la niñez es relegada a ser una cifra o un estatus de vectores, culpabilizando la restricción de confinamiento en las medidas sanitarias que se adoptan desde el poder central. Estas restricciones de movimientos, el no poder salir y otras carencias, sin conexiones sociales presenciales, pero con sobrecarga de tareas virtuales.

Sin embargo, uno de los mayores problemas lo encontramos en la falta de conexión en zonas rurales, son también los profesores y personal educativo, quienes han dado uso de su propia red personal para llegar a cada rincón de las localidades. Es por eso que es tiempo de disponer de la cartera fiscal regional e iniciar un acercamiento a dialogar y compensar las distintas falencias en hacerse cargo de esta población que es la niñez. Y es que esta pandemia ha puesto el manifiesto de las lógicas edadistas como adultocentrista, que tienen bastante que ver en haber unido en el olvido institucional a estos dos grupos sociales (infancia y vejez), ambos en su supuesto carácter “no productivo”.

“No se pueden construir sociedades, espacios, entornos, política, preguntando y aprendiendo solo del mundo adulto”, solo proyectos para subsidiar el SENAME, institución que está al amparo del Ministerio de Justicia que debe ser reformada hoy más que nunca cuando se está al debe de empujar el servicio a la niñez. Pero, también urge la misma inversión en las regiones. Entonces, la inversión en la primera infancia: departamentos en municipalidades que aborden toda la normativa legal con enfoque a la infancia integral, no solo programas, sino que políticas públicas locales, educación sexual integral e inclusiva -pensados en la prevención del delito del abuso sexual- formular alianzas con la academia y ONGs que democraticen estrategias de abordaje a la participación, evitando el objeto de protección a seres de derecho, parte de las políticas de transformación.

Si miramos la oferta según el ciclo de vida de sus destinatarios, podemos ver que en la etapa de gestación predomina la oferta de salud y protección social, especialmente aquella articulada por el sistema “Chile Crece Contigo”. En los menores de 13 años, predomina la oferta de educación, salud y protección contra los malos tratos. En los adolescentes entre 14 y 18 años, la oferta corresponde preferentemente a educación escolar y a la atención de infractores de ley, con una notoria ausencia de programas dirigidos a promover la participación, educación sexual y desarrollo cultural, entre otros derechos.

Llama la atención la importante presencia de una oferta formal dirigida a derechos vulnerados, tales como niños privados de su medio familiar, maltrato y abuso (enfoque de reparación) y la escasa incidencia de programas preventivos (5%) en todos los ciclos de vida de la población menor de 18 años como, por ejemplo, las acciones en familia, temas pendientes como educación en derechos humanos, que son impostergables. Existe una desigualdad tangible en el acceso a las oportunidades, persistiendo altos niveles de inequidad, exclusión y vulnerabilidad de derechos de determinados grupos de niños, niñas y adolescentes, siendo los más significativos los niños indígenas, los discapacitados, los inmigrantes y los niños en situación de pobreza.

Existe también una gran segregación espacial urbana, de habitabilidad y de integración a los espacios públicos y ruralidad. Se mantienen los altos índices de violencia: 75% de los niños reciben algún tipo de violencia por parte de sus padres. La educación medioambiental o empatía con entrega de valores para ser un sujeto comunitario cambiando la perspectiva capitalista neoliberal en la que se han desarrollado las políticas públicas de nuestro país con enfoque centralista en las decisiones contra los territorios más alejados, solo abordando educación, pero sin visión por el derecho al buen vivir en la infancia y vejez, sin entrega de herramientas para la elaboración de propuestas inclusivas a la contingencia.

Instar a la creación de plataformas ciudadanas participativas vinculantes con estas voces que tenemos la responsabilidad de incluir en los programas políticos para el nuevo Chile, al fin al cabo son sujetos con derechos que reivindican desde el primer llanto al ser concebidos en la sociedad.

Bárbara Astudillo Delgado
TENS en Salud
Activista Ecofeminista
Investigadora de Fundación Territorios Colectivos 

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