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Diputada Camila Rojas visita a presos del estallido social en San Antonio: Fiscalía pide hasta 30 años de presidio

«Estoy convencida de que Jorge, Jordano, Claudio y Patricio tienen que estar en libertad, y que el casi año que llevan en prisión preventiva es abusivo e injusto”, dice la diputada Camila Rojas (Comunes). El juicio comienza el 16 de febrero.

La diputada de Comunes, Camila Rojas, visitó este viernes a tres de los presos del estallido social en la cárcel de San Antonio, Región de Valparaíso. Se trata de Claudio Bravo (29), Jorge Hernández (28) y Jordano Santander (35), quienes fueron detenidos el 3 de marzo de 2020 junto a Patricio Alvarado (25), que cumple la medida cautelar de arresto domiciliario debido a la diabetes que padece.

La parlamentaria del Frente Amplio mantiene contacto con algunas familiares de los detenidos y es la segunda vez que los visita. “Estoy convencida de que Jorge, Jordano, Claudio y Patricio tienen que estar en libertad, y que el casi año que llevan en prisión preventiva y arresto domiciliario es abusivo e injusto. Ha sido muy duro para ellos y sus familias”, dice.

De acuerdo al relato de la familia, la mañana del 3 de marzo los cuatro jóvenes fueron perseguidos y detenidos por personal de la PDI a bordo de vehículos de civil, tras participar en intensas jornadas de protestas en San Antonio. Los cuatro jóvenes fueron golpeados al ser aprehendidos y torturados por personal policial.

“Al llegar al cuartel, los chicos fueron nuevamente golpeados, los hicieron desnudarse, los mojaron. A Jordano lo crucificaron durante toda esa mañana. A Claudio le reventaron un oído, lo arrodillaron y golpearon con una metralleta en la pierna. A Jorge a puros golpes en la cabeza le produjeron un TEC cerrado. Luego los llevaron a constatar lesiones al hospital Claudio Vicuña. Jordano llegó inconsciente al hospital”, relató Tania Parada, pareja de Jordano Santander, ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado el pasado 22 de diciembre.

Por esos hechos hay dos querellas en curso, una de la defensa y otra que fue presentada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en favor de los jóvenes detenidos.

HASTA 30 AÑOS

Los cuatro enfrentan querellas de la Intendencia y de la PDI. La Físcalía pide hasta 15 años de presidio para Claudio Bravo, Jorge Hernández y Patricio Alvarado. Mientras que Jordano Santander arriesga hasta 30 años de presidio.

De acuerdo a la acusación, los cuatro sanantoninos habrían atacado los edificios de la PDI y de la Fiscalía Local con balines y hondas, causando daños avaluados en cuatro millones 500 mil pesos. Por ello piden cuatro años de presidio menor en su grado máximo y multa de 20 UTM para cada uno de ellos.

Además, se les acusa del delito de receptación porque, según la Fiscalía, en el maletero del auto encontraron 10 artículos de farmacia. Por ello, piden 541 días de presidio menor en su grado mínimo más una multa de 10 UTM.

Como a los cuatro se les aplicó la Ley de Seguridad Interior del Estado, el Ministerio Público pide 10 años más de presidio para cada uno.

Adicionalmente, a Jordano Santander se le acusa de homicidio frustrado, y la Fiscalía pide 15 años de presidio por ello. “Al momento de su detención uno de los funcionarios de la PDI señala que el conductor del vehículo, que era Jordano, habría tratado de atropellarlo. Pero de ello no tienen ningún antecedente porque el funcionario policial ni siquiera resultó con lesiones”, explica la abogada defensora, Betsabé Carrasco.

“Este caso es paradigmático. La Fiscalía solicita una pena totalmente agravada por los hechos, es decir, frente al delito de daños a la propiedad pública, por rotura de vidrios, se están pidiendo 14 años de presidio por la aplicación de Ley de Seguridad Interior del Estado, que tiene un marcado carácter político. Eso ha permitido que la prisión preventiva opere como una pena anticipada, porque los jueces estiman que es imposible dejarlos en libertad por el nivel de penas que pide la Fiscalía. Vemos a todo el aparataje estatal en contra de personas que se movilizaban y activaban sus territorios”, agrega la defensora.

El martes 16 de febrero a las 11 horas comienza el juicio oral de este caso.

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