Nacional

Trabajadores de la educación superior cuestionan manejo de la crisis por de parte del Gobierno y las autoridades universitarias

Como preocupante catalogaron la situación política y económica actual los sindicatos agrupados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de las Universidades Chilenas (CONATUCh), que reúne a sindicatos del sector de la educación superior de todo el país, quienes se congregaron durante la tarde del pasado jueves 22 para evaluar la situación general del sector y los problemas locales.

Como fruto de esa instancia, las y los dirigentes redactaron un comunicado público manifestando las dificultades que afrontan y su visión frente a la crisis.

En el documento destacaron con preocupación los problemas que enfrentan las trabajadoras,  trabajadores y docentes de la Universidad Técnica Federico Santa María, cuya estabilidad laboral se ha visto afectada seriamente por la reestructuración financiera que lleva a cabo la dirección de esa casa de estudios, lo que, según apuntan en el texto, “ha generado preocupación en los trabajadores y trabajadoras de dicha casa de estudios, por la pérdida de la estabilidad laboral, ya que tal proceso ha implicado despidos, incumplimiento en pagos y compromisos de parte de las autoridades universitarias”.

Por otro lado, en esa misma casa de estudios, según denunciaron, “la Vicerrectoría y Dirección de Recursos Humanos decidió modificar unilateralmente la forma de pago mensual de las profesoras y profesores a honorarios a un pago de 3 cuotas por semestre, lo que se traduce en un pago cada 2 meses a partir del año 2021”. Este acto, aseguran desde la CONATUCh, se realizaría con la “intención de ocultar la relación de subordinación y dependencia con los profesores y profesoras, en vez de regularizarla, lo que profundiza la precarización del trabajo en la educación superior”.

Además, las y los dirigentes de tres de los sindicatos de la Universidad Católica de Temuco (UCT) dieron cuenta del difícil escenario que enfrentan sus trabajadoras y trabajadores frente al clima de inestabilidad laboral que ha sembrado los 56 despidos que de forma irregular ha llevado adelante la rectoría en ese plantel durante el primer semestre de este año.

Este hecho, además, como declaran en el documento, “genera una preocupación a nivel sectorial, ya que recientemente el rector de la UCT, Aliro Bórquez, asumió como presidente de la Red de Universidades Públicas no Estatales (G9)”, lo que provoca temor por la potencial expansión de la política de despidos a otras universidades de esa red.

Por otro lado, denunciaron la actitud de la dirección de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Esto, “por despedir -sin previo aviso de su intención- a 44 trabajadores sindicalizados al finalizar el fuero producto de la negociación colectiva, quienes en su mayoría eran trabajadoras administrativas”. Hecho que tildaron, por un lado, de antidemocrático, en tanto una de las personas desvinculadas ejercía como representante de las trabajadoras y los trabajadores en el Consejo Superior Universitario, instancia resolutiva de todos los estamentos universitarios, y por otro lado, de atentar contra la libertad sindical.

Además, rechazaron la falta de voluntad política del ejecutivo, materializada en la presentación del requerimiento ante el Tribunal Constitucional para impedir el tercer retiro. Actitud que caracterizaron como  indolente y como “un medio del gobierno que tiene la única finalidad de proteger el sistema de fondos de pensiones privados por sobre el bienestar actual de las trabajadoras, trabajadores y sus familias”.

Frente a lo anterior, declararon que serían parte de las manifestaciones llevadas a cabo a nivel nacional por el movimiento social, particularmente la de este 30 de abril, convocada a modo de protesta a propósito del manejo de la crisis sanitaria que ha llevado adelante el gobierno, que según destacan, “debido a la nula voluntad de entregar un apoyo de carácter universal, ha forzado a traspasar el costo de la crisis a las trabajadoras y trabajadores a través del tercer retiro del 10%, como la única medida viable para que las familias se puedan sostener actualmente”.

Rechazaron, también, que el gobierno haya impulsado la pérdida de beneficios para los trabajadores de la educación superior en el marco de la negociación de la ley de reajuste del sector público, y reiteraron el llamado al establecimiento de una remuneración mínima de $500.000.

Finalmente, agregaron que “frente a estas problemáticas locales, pero a la vez transversales, la organización del mundo del trabajo universitario debe llevarse adelante con una perspectiva política de unidad, que aporte en la mejora de la gestión sindical en cada universidad y sea capaz de dar respuesta a las dificultades sociales que impone la crisis y la inoperancia de un modelo que no da respuestas”.

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