Nacional

Diputada Gael Yeomans presenta proyecto de ley “Municipio Cero Acoso”

“Queremos municipios cero acoso; ese es el compromiso de municipios de cambios que se hacen cargo no solo de cuidar a las y los vecinos, sino que también partir por casa, cuidar a sus trabajadores y trabajadoras”, recalcó la diputada del Frente Amplio.

Para incorporar la obligación de protocolos normativos que prevengan y sancionen el acoso sexual al interior de las municipalidades, la diputada Gael Yeomans (CS) presentó el proyecto de ley “Municipio Cero Acoso”, junto a las alcaldesas Erika Martínez (San Miguel) Lorena Olavarría (Melipilla) y Valeria Melipillán (Quilpué), la presidenta de Convergencia Social, Alondra Arellano, y distintas concejalas recién electas del partido frenteamplista.

“Actualmente, los municipios no tienen la obligación de tener protocolos de prevención contra el acoso y también hacerse cargo de los procedimientos que sean necesarios para dar con las sanciones, es por eso que queremos legislar al respecto, para entregar esa obligación a las alcaldesas y alcaldes. Este año tenemos un peak histórico respecto a las denuncias en materia de acoso sexual, por eso, debemos avanzar decididamente en el Congreso y legislar rápidamente este proyecto para crear los protocolos de prevención y sanción en cada municipio del país”, declaró la diputada Yeomans.

Por su parte, la presidenta de Convergencia Social, Alondra Arellano, destacó que “la gente confió en las candidaturas a la alcaldía del Frente Amplio y de Convergencia Social porque justamente proponemos una forma diferente de administrar y hacer política desde los barrios. Esto significa proyectar una política feminista hacia todos los barrios y a las vecinas y vecinos, pero también hacia los municipios”.

El Servicio Civil, encargado de sistematizar el número de denuncias de esta índole recibidas anualmente, dispuso una plataforma en la que los organismos ingresan las cifras de acoso sexual que tramitan internamente. A la fecha, los datos del servicio público no incluyen a las municipalidades, ya que para ellas no es obligatorio el manual de buenas prácticas laborales que rige para la administración central del Estado que define cómo abordar las denuncias por acoso sexual. Por lo tanto, en el ámbito municipal, y siguiendo las directrices de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se requiere crear normativa para prevenir y sancionar el acoso en el ámbito municipal, al mismo tiempo de transparentar y sistematizar la magnitud de casos que puedan existir al interior del mundo municipal, a nivel nacional y por regiones, que permitan tomar mejores decisiones a sus autoridades relativo a la política pública.

A propósito de esto, las alcaldesas de Convergencia Social recién asumidas destacaron la importancia de esta iniciativa. La edil de San Miguel, Erika Martínez, señaló que “San Miguel viene saliendo de un proceso interno duro que terminó con la destitución del exadministrador municipal por asedio sexual. Por eso, nosotros como municipio de izquierda feminista impulsamos esta ley, no queremos más mujeres acosadas ni sexual ni laboralmente. Necesitamos espacios libres de acoso, donde nuestras funcionarias y funcionarios puedan trabajar tranquilos. No podemos ser parte de ninguna impunidad ante ningún acoso ni sexual ni laboral”.

Por su parte, desde Melipilla, la alcaldesa Lorena Olavarría comentó que “creemos que, como municipio y alcaldía ciudadana en Melipilla, es necesario contar con un protocolo que no solamente prevenga o sancione en el ámbito municipal sino que también transparente y sistematice la magnitud de los casos que se puedan dar al interior del mundo municipal”.

Finalmente, desde la comuna de Quilpué, la alcaldesa Valeria Melipillán recalcó que «suscribimos este proyecto y esperamos la urgente tramitación del mismo, pues sabemos que la obligatoriedad de dictar estos protocolos es muy positiva toda vez que formaliza una situación no reconocida en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Hoy sólo se considera el acoso sexual como infracción sin detallar el procedimiento a seguir en estas condenables situaciones de violencia que se producen en las instituciones públicas”.

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