Con entusiasmo fue recibida la noticia por el Comité de Defensa de Pullalli (CODEPU) y las cerca de 30 organizaciones que solicitaron, a través de una carta dirigida a la directora del Servicio de Evaluación Ambiental, el pronunciamiento respecto a la apertura del proceso de participación y consulta ciudadana por proyecto minero en la zona, conocido como “Continuidad Operacional Pullalli”.

En la carta, enviada por el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, y a la que adhirieron la senadora Isabel Allende (PS), la diputada Carolina Marzán (PPD), el diputado Diego Ibáñez (CS) y organizaciones sociales y ambientales, se solicitó el pronunciamiento del SEA dentro del plazo legal previsto en el artículo 30 bis citado de la ley 19.300, respecto al proceso de Participación Ciudadana (PAC). En el mismo documento se señaló que el proyecto antes mencionado corresponde a una modificación del Proyecto “Planta Pullalli”, que fue aprobado mediante la RCA N°548/2009 y RCA N°41/2018, y que según la DOM de La Ligua, las instalaciones donde se proyectan las modificaciones al original proyecto, no cuentan con el correspondiente certificado de recepción final según las disposiciones de la LGUC y OGUC.

Álvaro Núñez, vocero del Comité de Defensa de Pullalli, manifestó que “estamos muy contentos que se haya acogido la participación ciudadana. Era muy necesario que la gente y las organizaciones que estamos en el territorio, colindantes a esta planta de tratamientos, tuviésemos injerencia en el proceso, que pudiéramos levantar observaciones que permitan que este proyecto no se lleve a cabo, así tan fácilmente. Lo que pretendemos con este período que se abre ahora, es presentar nuestras observaciones y que el organismo que define, lo rechace y que obligue a someterse a un estudio de impacto ambiental”.

El senador del Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre, junto con valorar la noticia recalcó que “el objetivo principal de este proceso de participación ciudadana es representar y resguardar el legítimo interés de la población para participar de instancias que le afecten directamente y, por otro lado, resguardar la protección de los territorios y del medio ambiente que se podrían ver afectados por este tipo de proyectos, debido a sus cargas medioambientales”.

Las organizaciones tienen un plazo de 20 días hábiles, a contar de la publicación de la resolución en el Diario Oficial, para presentar observaciones al proyecto.