[REPORTAJE] ¿Por qué no se investiga el robo de mi bicicleta o de mi celular? La tragedia de la impunidad delictual que azota a Chile (Parte 4)

Por editor en 24/02/2022 • ( 1 comentario )

En esta cuarta parte damos a conocer que la impunidad de los delitos menores viene de la raíz misma de la Reforma Procesal Penal, que reemplazó el antiguo sistema procesal en el país, a partir del 2000. Además, debido al enorme caudal de causas, los fiscales argumentaron que era imposible investigar todos los delitos y ofrecieron un acuerdo tácito a los políticos de la Concertación en el 2007: investigar a fondo los delitos de mayor connotación social (homicidios, narcotráfico, crimen organizado) y, a cambio, pedían ser apoyados frente a las críticas por no investigar los delitos menores. Este acuerdo ha seguido vigente por 15 años, incluso en los gobiernos de Piñera.

EL “TALÓN DE AQUILES” DE LA REFORMA

En el mensaje presidencial N° 110-331, del proyecto de ley de Reforma Procesal Penal, enviado al Congreso el 9 de junio de 1995 por el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle y firmado también por la entonces ministra de Justicia, Soledad Alvear, ya se justificaba el hecho de que no todos los delitos iban a ser perseguido ni castigados. Por lo tanto, desde su origen, el nuevo sistema procesal penal tiene un tremendo forado de impunidad con los delitos menores, que son, por su inmenso número, los que más afectan a la ciudadanía chilena. Este es el verdadero “talón de Aquiles” de la reforma.

“Como ocurre en todos los sectores del Estado, los recursos para la persecución penal son inevitablemente escasos y, por ese motivo, no toda forma de conducta desviada puede ser reprimida”, señalaba el Ejecutivo al presentar la iniciativa legal al Parlamento.

“Se propone también facultar al ministerio público para archivar provisionalmente todas aquellas denuncias que no parezcan susceptibles de una investigación exitosa. El uso de esta facultad, bajo el control de las víctimas y limitada a delitos de ocurrencia común, pero de poca gravedad, debiera ahorrar muchos recursos al sistema, evitando su desgaste en casos respecto de los cuales no existe expectativa razonable de éxito”, enfatizaba el Gobierno de la Concertación de aquel tiempo.

Y, a mayor abundamiento, el proyecto agregaba otro instrumento de impunidad para ponerlo en manos de fiscales y jueces: el llamado principio de oportunidad, que, en el fondo, es la decisión personal y discrecional del fiscal para decidir, por sí y ante sí, que una causa no es digna de ser investigada.

Así, se indicaba que el proyecto “otorga a los fiscales la facultad de no iniciar o de abandonar la persecución penal en casos de mínima gravedad, cuando resulte conveniente por no estar comprometido el interés público”.

Entonces, el nuevo sistema procesal penal partió con un enorme “pecado de origen”: que no todos los delitos serían perseguidos y castigados, a pesar de que aquellos delitos considerados menores por su cuantía o valor monetario, pudieran lesionar el patrimonio, la propiedad o la integridad de millones de chilenas o chilenos.

El nuevo sistema procesal penal comenzó a aplicarse por etapas en el país, primero en las regiones de Coquimbo y La Araucanía en octubre del 2000. Luego, en las demás regiones, para finalizar en la Región Metropolitana en el 2005.

El Gobierno de Frei y, especialmente, la entonces ministra Alvear, hicieron campaña hasta el hartazgo de que el nuevo sistema era la “panacea”, la solución a todos los males de justicia en Chile, frente al viejo sistema procesal penal lento y secreto, lleno de recovecos, con actuarios, expedientes cosidos con hilo a mano, etc., etc.

Pero, a medida que se iba aplicando el nuevo sistema de Justicia, iba también creciendo la frustración y desilusión de quienes veían que los delitos de que eran víctimas quedaban prácticamente archivados de inmediato. Cientos de miles de víctimas abarrotaban los recintos policiales, confiados en que los robos de sus celulares, carteras, relojes, bicicletas, mochilas o especies desde sus hogares se investigarían. Pero rápidamente chocaron con la amarga realidad: los fiscales no los “pescaban” y tiraban al canasto de archivo sus causas, sin intentar siquiera averiguar algo.

La gente se sintió engañada y la frustración y la desilusión dieron paso a la rabia y la indignación, sobre todo con los fiscales.

Entonces, los fiscales “pidieron agüita”.

LA PROPUESTA DE ACUERDO

Corría el segundo gobierno de la presidenta Bachelet y la Fiscalía Nacional sentía sobre sus hombros las enormes expectativas que había levantado, tras cambiarse el antiguo sistema judicial por uno nuevo, basando en los principios de la oralidad, transparencia, oportunidad, economía procesal, etc, etc.

Desde el principio los fiscales se dieron cuenta que no darían abasto para responder a todos los requerimientos de justicia que exigían los ciudadanos víctimas de la delincuencia.

Entonces, el año 2007, desde la Fiscalía Nacional mandaron un mensaje a los altos dirigentes de la Concertación: investigar todos los delitos era una tarea imposible. Por lo tanto, La Fiscalía ofrecía investigar a fondo y poner todos sus funcionarios y recursos en la consecución solo de los llamados “delitos de mayor connotación pública” y se fijaron cinco: homicidios, femicidios, violaciones, narcotráfico y crimen organizado. Respecto de ellos, ofrecían alcanzar un 100 por ciento de condenas de los culpables. Mientras que todos los otros delitos no serían investigados.

Como los fiscales sabían que esto causaría una enorme rabia y frustración entre las decenas de miles de víctimas de estos delitos considerados “menores”, como el robo de bicicletas o de celulares, pidieron a la Concertación que les dieran “piso político”, es decir, que las principales figuras del Gobierno y de la Concertación destacaran en las entrevistas y en los medios de comunicación los éxitos de la Fiscalía en los casos contra homicidas, violadores, femicidas, bandas de narcotráfico y crimen organizado; y apaciguaran las críticas de la población por no investigar los “delitos menores”. Incluso, se pedía que se instruyera a los militantes de los partidos a no criticar a la Fiscalía, cuando esta no persiguiera a los delincuentes en aquellos delitos no considerados como “de connotación pública”.

Por la vía de los hechos, este acuerdo se adoptó de manera tácita. Obviamente, no hay ningún papel escrito ni firmado que lo compruebe. Pero se llevó a cabo y se aplica desde hace 15 años, incluso bajo los gobiernos de Piñera.