El diputado Diego Ibáñez (CS) y la diputada Francisca Bello (CS), ambos representantes del distrito 6, a través de una declaración pública se refirieron al último episodio de intoxicaciones masivas registrado en la bahía de Quintero que involucró a más de 50 habitantes de la comuna.

En el comunicado, la diputada y el diputado del Frente Amplio exigen la presencia de los ministerios en terreno, medidas sanitarias concretas y un sentido de urgencia para abordar la crisis.

“Es necesario que desde el Estado se le dé un sentido prioritario y de urgencia a una crisis que se arrastra hace décadas. No podemos seguir siendo testigos y cómplices de la intoxicación de niños y niñas producto de la contaminación que producen las industrias. Como Estado tenemos el deber de garantizar la salud de las personas y la protección de nuestros ecosistemas, por eso solicitamos que las industrias sean las que se modifiquen y no la vida cotidiana de la gente”, apuntó el diputado Diego Ibáñez.

“Lamentablemente estos hecho ya no son aislados, están siendo una constante y vienen a ser parte de una lista de situaciones que vienen denunciando los vecinos y vecinas de estas localidades. Nos hemos contactado con las autoridades de gobierno. Requerimos un gran cambio y todos debemos asumir esa responsabilidad. Vivir en un ambiente libre de contaminación es un derecho humano básico y que se están transgrediendo constantemente en el sector de Quintero y Puchuncaví gracias a la poca o nula responsabilidad que han tenido las empresas en el territorio. No podemos seguir normalizando las intoxicaciones masivas en Quintero y Puchuncaví”, cerró la parlamentaria Francisca Bello.

DECLARACIÓN PÚBLICA ANTE NUEVO EPISODIO DE INTOXICACIÓN EN QUINTERO

Este lunes 6 de junio las personas que habitan la bahía de Quintero han vuelto a sufrir un episodio de intoxicaciones masivas como consecuencia de vivir en una zona que el Estado de Chile decidió sacrificar, vulnerando con ello el derecho constitucional de vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

Más de 50 personas entre estudiantes, docentes y asistentes de la educación manifestaron síntomas asociados a episodios de intoxicación por contaminantes provenientes de las empresas industriales de la bahía. Se registró un peak de más de 2000 ug/m3 de SO² en la estación de monitoreo ambiental, en tanto la norma permite 350.

Reconocemos las labores que han desarrollado los Seremis de nuestra región, quienes se han visto sobrepasados en lo que va del año por no contar con las herramientas suficientes para hacer frente a una crisis de estas dimensiones. Estamos conscientes del nivel de prioridad que significa este conflicto para el programa de gobierno y del compromiso del ministerio del Medio Ambiente en promover y apoyar decididamente la labor del Consejo para Recuperación Ambiental y Social (CRAS) de Quintero y Puchuncaví, en el cual se han mostrado como una parte activa y propositiva. No obstante lo anterior, urge la implementación de medidas sanitarias que impidan cualquier posibilidad de nueva intoxicación.

El gran problema que tenemos es que el ordenamiento jurídico vigente pone en riesgo el principio ético de que ningún niño o niña vuelva a ser víctima de una intoxicación.  La crisis es insostenible y necesitamos medidas radicales y de sentido común para erradicarla. Nos hemos contactado con los equipos de los ministerios de Salud, Medio Ambiente y Educación quienes, conscientes de este problema, desde el primer día están ocupando todas las herramientas legales para poder lograr que episodios como el de hoy no vuelvan a ocurrir.

Sin perjuicio de lo anterior, a través de esta declaración creemos necesario manifestar la necesidad de contar con la presencia de los ministerios de Medio Ambiente, Educación, Energía y Salud en terreno, escuchando a las autoridades locales y a la comunidad para implementar medidas excepcionales que acaben de una vez con esta crisis. Junto a esto, la estatal CODELCO debe también cumplir un rol de cooperación para lograr dar con soluciones ante la emergencia, pero también al largo plazo. Sabemos que las normas de calidad y de emisión vigentes en el país no son suficientes, no cumplen con su rol de proteger la salud y estos episodios así lo confirman, por tanto las fuentes contaminantes deben realizar los esfuerzos para disminuir sus emisiones hoy, no mañana.

Finalmente, hacemos un llamado a conocer lo que señala el Borrador de la Nueva Constitución para darle un cauce y marco institucional a las soluciones, relevando el deber del Estado en proteger los espacios y ecosistemas marino-costeros, propiciando la preservación, conservación y restauración ecológica de las zonas.

Que paren las empresas y no las vidas.

María Francisca Bello, diputada por el Distrito 6
Diego Ibáñez, diputado por el Distrito 6