Hace pocos días, la Convención Constitucional entregó la propuesta de nueva Carta Magna con artículos que se refieren a los derechos en materia de educación. Dentro de este texto, se reconoce que todas las personas tienen derecho a la educación y que ésta es un deber primordial e ineludible del Estado. Esto representa una carga potente, ya que la educación se establece como un eje trascendental en la formación de los ciudadanos de nuestro país.

La propuesta de nueva Constitución instala un cambio de paradigma favorable para el proceso educativo en el país, ya que establece nuevos principios que no estaban consignados anteriormente y que robustece la educación pública. Hay elementos bastante diferenciadores, como lo son la universalidad en el acceso a la educación, no sólo para el nivel básico y la educación media, sino también para los estudios superiores.

Además, este borrador plantea la premisa de la adquisición de conocimientos, el pensamiento crítico y el desarrollo integral de las personas considerando su dimensión cognitiva, física, social y emocional, así como también el rol de los docentes y de las comunidades en la construcción de los procesos educativos.

Hoy existe una declaración mucho más potente, donde el Estado se involucra para que los mínimos que rigen la educación se ejecuten. Estos mínimos también deberían cambiar, “porque la propuesta asume elementos importantes en los tiempos que corren, como son el cuidado de la naturaleza, la conciencia ecológica, la convivencia democrática entre los pueblos, la justicia social, el respeto a los derechos humanos y la construcción de un bien común, entre otros.

En este sentido, la libertad de educación está garantizada en el borrador de la nueva Carta Magna, al igual que la Constitución que rige actualmente. Sin embargo, hay una diferencia entre la libertad de la enseñanza y el acceso y las garantías a la educación, de las que el borrador sí se hace cargo. En la propuesta se amplía la responsabilidad del Estado en garantizar los procesos educativos, lo que es trascendental, porque el Estado va a otorgar los pisos mínimos para que se desempeñen los procesos educativos y luego cada escuela respecto a sus propias metodologías, o como construyan sus conceptos educativos, van a integrar esos elementos, entre ellos la educación Montessori o católica, por ejemplo.

Asimismo, la propuesta resalta el fortalecimiento del desarrollo de la educación superior y la importancia que le da a las áreas técnico profesional bajo las necesidades locales, regionales y nacionales. Del mismo modo, también destaca el reconocimiento de los pueblos originarios. Incluir y garantizar la cosmovisión de cada uno de los pueblos originarios en su diferencia me parece tremendamente enriquecedor para las comunidades y fortalecedor para el curriculum nacional.

Carla Saldívar
Asesora pedagógica
Editorial Ziemax