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Diputada María Francisca Bello oficia a SMA, DOH y DGA por denuncias de extracción de agua sin autorización en río Aconcagua

La Diputada del distrito 6 ya presentó un oficio y además señala que “utilizará todas las herramientas fiscalizadoras que le otorga su cargo” para impulsar la investigación respecto de la extracción de recursos hídricos no autorizados en el río Aconcagua, en medio de la gran sequía que afecta la zona. 

La diputada María Francisca Bello (CS) ofició a la Superintendencia de Medio Ambiente, Dirección de Obras Hidráulica y Dirección General del Agua luego de la denuncia hecha por la Junta de Vigilancia de la Primera Sección del río Aconcagua, donde señalan el uso de agua no autorizado y elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) de la minera Anglo American.

La Primera Sección del río Aconcagua denuncia a la minera por el agua que estarían, supuestamente, sacando desde el río Aconcagua para llevarla al depósito de relaves Las Tórtolas, lo que implica una disminución de la disponibilidad del agua y del balance hídrico de la zona. Esta faena, además, no estaría autorizada por los órganos ambientales correspondientes. 

Situación hídrica que en la zona del Aconcagua es crítica, como señaló la diputada Bello, donde además sostiene que “la denuncia presentada por la Primera Sección del río Aconcagua no solo es preocupante, sino que nos pone además en una alerta sobre el funcionamiento de privados y su fiscalización”,

La empresa respondió que sería agua industrial que le compran a la conservera San Clemente en San Felipe, lo que la Junta de Vigilancia descarta, diciendo que hay sistemas de agua potable rural que han visto disminuido sus pozos y que eso se debería a la extracción que hace la minera del río Aconcagua.

Bello agregó que está “utilizando las facultades fiscalizadoras que tengo como diputada para llegar a las investigaciones del asunto. Nuestra defensa por el agua es irrestricta y por lo mismo, nuestra máxima preocupación en nuestro trabajo legislativo y en terreno”.  Además, ya se encuentra en conversaciones “con autoridades tanto locales como nacionales para llegar a una pronta solución en conjunto a todos los actores involucrados, como lo es el MOP y la Seremi”.

Por último, la diputada señaló que la responsabilidad de cuidar el agua “no solo puede recaer en la Junta de Vigilancia. Es el deber de las empresas el cumplir las normativas vigentes, establecidas en el nuevo código del agua. No es posible que en un momento de sequía máxima, hoy tengamos que presenciar acciones como estas”.

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