Grupo de fundaciones y centros de estudios entregaron al presidente del Senado, Álvaro Elizalde, sus consideraciones sobre los principios que deberían fundar la reforma constitucional que habilite el nuevo proceso y la caracterización del Comité Técnico que acompañaría al órgano redactor, entre otros aspectos.

Un grupo de organizaciones de la sociedad civil se reunió en el ex Congreso el viernes pasado con el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, para entregar una serie de propuestas y consideraciones para la nueva etapa constituyente que está siendo negociada por partidos y parlamentarios.

El documento -firmado por las agrupaciones Ciudadanía Inteligente, Nodo XXI, ONG Fima, Democracia Viva, Rumbo Colectivo y Ahora Nos Toca Participar– incluye propuestas sobre los aspectos democráticos de la negociación, tales como los principios que deberían fundar la reforma constitucional que habilite el nuevo proceso o la caracterización del Comité Técnico que acompañaría al órgano redactor.

Las organizaciones proponen que “la nueva propuesta constitucional debe ser redactada por un órgano 100% electo por la ciudadanía”, debe “asegurar cupos o mecanismos para la participación de candidatos/as independientes en la elección de integrantes del nuevo órgano constitucional”, además de considerar paridad de género y representación efectiva de los pueblos originarios.

También se señala que “la nueva etapa constituyente debe contemplar mecanismos de participación ciudadana incidente que sean efectivos, oportunos y que cuenten con los recursos adecuados”, respaldando de paso la propuesta de la Asociación Chilena de Municipalidades para que los municipios sean un instrumento para canalizar demandas, escuchar a la ciudadanía y difundir el proceso.

Por otra parte, se apela a que “existan mecanismos de comunicación y difusión permanente sobre las etapas y avances del proceso desde sus inicios”, considerando la existencia de un Comité de Comunicaciones y una “campaña de difusión permanente desde la entrada en vigencia de la reforma constitucional”.

Respecto del Comité Técnico, las organizaciones advierten que “en ningún caso éste debiera participar ni de la redacción final ni de la aprobación de las normas constitucionales”. Se propone, entre otros aspectos, que los nombramientos de sus miembros “estén a cargo de un órgano compuesto por la diversidad de actores: organizaciones de la sociedad civil, municipalidades, universidades, poder ejecutivo, poder judicial y el poder legislativo”.

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