Los partidos Convergencia Social, Revolución Democrática, Comunes, Federación Regionalista Verde Social, Acción Humanista y Comunista, junto con los partidos Socialista, Por la Democracia, Radical, Liberal y Demócrata Cristiano dieron a conocer hoy el acuerdo alcanzado respecto de los lineamientos fundamentales para el proceso constituyente, interrumpido tras el rechazo al texto presentado por la Convención Constitucional en el plebiscito de salida del 4 de septiembre, buscando consensos amplios para determinar el órgano encargado de redactar una nueva Constitución.

Para esto, buscarán alcanzar un acuerdo con la oposición, en particular los partidos de Chile Vamos, a los cuales pidieron responder si están o no de acuerdo con continuar el debate democrático para la redacción de la nueva carta magna.

A su vez, en vista de los plazos presentados por el Servicio Electoral, propusieron un itinerario “que considere la elección de representantes durante abril 2023, el funcionamiento del órgano durante un plazo no mayor a seis meses, además de un plebiscito de salida en diciembre de 2023 con voto obligatorio. Para que esto sea posible, el reglamento de funcionamiento del órgano democrático deberá ser aprobado como parte de la reforma que habilite el proceso constitucional”.

La diputada Catalina Pérez, jefa de bancada de RD, explicó que “hemos presentado una propuesta unitaria que busca garantizar que sea un órgano elegido por las personas en sus casas el que redacte una nueva Constitución durante el 2023, con paridad, porque las mujeres tenemos que ser parte de este proceso, con participación ciudadana, recogiendo la propuesta de los municipios de Chile, con el acompañamiento también de expertos y con principios institucionales que garanticen el respeto y cuidado de nuestra República e historia constitucional. Esperamos que estas conversaciones avancen con rapidez y responsabilidad para dar garantías de certidumbre y responder pronto a las urgencias de los chilenos y chilenas”.

El presidente de Comunes, Marco Velarde, destacó que “hemos hecho un aprendizaje sobre lo que fue el proceso anterior y por eso también queremos que este texto tenga la participación de expertos y expertas, y también sea de seis o siete meses de duración”.

La diputada Emilia Schneider (RD) indicó que “el oficialismo, en conjunto con la Democracia Cristiana, hemos llegado a un acuerdo para un nuevo proceso constituyente, aprendiendo de los errores del anterior, pero poniendo en el centro que sea un órgano paritario, electo por la ciudadanía, con participación de pueblos indígenas e independientes y acompañado por un comité técnico. Ahora viene el diálogo con la oposición y corresponde que la derecha sea clara y se pronuncie: ¿Quieren o no un proceso constituyente para una nueva Constitución con un órgano 100% electo o pretenden que sea escrita a espaldas de la ciudadanía?”.

Por su parte, el senador Juan Ignacio Latorre, presidente de RD, tras el acuerdo alcanzado, valoró “sinceramente la presencia de la Democracia Cristiana, con quien tuvimos una conversación institucional, y todos los partidos del oficialismo reflexionamos sobre la necesidad de conversar institucionalmente con la mesa actual de la Democracia Cristiana. Fue la mesa la que le encargó al senador Huenchumilla integrarse a las conversaciones políticas, a las reflexiones sobre nuestras propuestas constitucionales, y quien además tiene -y yo personalmente como colega admiro mucho- mucha experiencia en los temas constitucionales”.

El senador del Frente Amplio adelantó, además, que “esto lo vamos a llevar a la conversación con el resto de las fuerzas políticas de la oposición, de Chile Vamos. El día de mañana estamos convocados a las 9:30 de la mañana en el Senado de Santiago y ahí seguirán esas conversaciones”, las cuales estarán abocadas “a una tarea, que es habilitar un acuerdo político para posteriormente tramitar una reforma constitucional aprobada por 4/7 en ambas Cámaras, y por eso es que esta propuesta la socializamos con nuestras bancadas”.

Respecto a los pasos a seguir, el presidente del partido Comunes manifestó que “ahora la respuesta está en la cancha de la derecha. Ellos tienen que decir si están comprometidos con un órgano electo, con la participación ciudadana. Tienen que decidir si es que quieren o no quieren tener una discusión sobre principios institucionales. Su propuesta sobre bordes no cabe en esta discusión y hay que darla en el órgano constitucional. Expertos constitucionales, incluso de derecha, han dicho que la propuesta de bordes, donde quieren involucrar derechos de agua o derechos de propiedad, no tiene sentido en esta discusión, porque nos llevaría a una reforma constitucional y lo que queremos y Chile ha dicho desde hace varios años es que necesitamos una nueva Constitución”.

PROPUESTA PARA UNA NUEVA CONSTITUCIÓN DEMOCRÁTICA Y DE DERECHOS 

Los partidos firmantes reafirmamos el profundo compromiso con los cambios que nuestro país exige y con una nueva Constitución Política que dé cuenta de un nuevo pacto social inclusivo, justo y respetuoso de las distintas miradas de nuestra Patria, y que permita enfrentar los desafíos de hoy y del futuro. Creemos que la profundización de la democracia es la única manera de construir una sociedad inclusiva, justa y respetuosa de todas las miradas que habitan nuestro país.

Es fundamental continuar con el proceso constituyente y entregar prontamente certezas que nos permitan avanzar hacia las garantías públicas que le den un mejor vivir a la ciudadanía. Retrasar esta discusión genera incertidumbre institucional que es perjudicial para el abordaje de las urgencias que viven día a día los chilenos y chilenas. Establecer prontamente una hoja de ruta participativa, austera y acordada transversalmente, es una obligación para todas y todos quienes estamos comprometidos con Chile.

Atendido el carácter colegislador del gobierno, valoramos su rol de acompañamiento en las conversaciones para llegar a acuerdos sobre el proceso constituyente. Asimismo, relevamos el trabajo del Ejecutivo en torno a las urgencias de la población cuyas soluciones transitan por un camino propio e independiente al del proceso constitucional, por lo que el condicionamiento de la nueva Constitución a opiniones sobre la gestión de gobierno, o compromisos respecto al respaldo o rechazo de las reformas más urgentes y sentidas por la ciudadanía, debe ser descartado bajo cualquier punto de vista.

Reiteramos nuestra voluntad y convicción de habilitar una vía a una nueva Constitución a través de conversaciones y acuerdos que no sean parciales, sino que integrales, considerando todos los elementos esenciales para proyectar un verdadero proceso constituyente. Si queremos cuidar el diálogo y tener un resultado que exprese dicha integridad, se requiere de la revisión y voluntad de avanzar en todos los puntos de manera conjunta.

A continuación, las fuerzas firmantes proponemos los siguientes puntos de acuerdo, recogiendo los avances en las conversaciones sostenidas hasta hoy, esperando poder avanzar con premura, responsabilidad y buena fe.

1. Órgano 100% electo

Resulta esencial al contenido del acuerdo para las presentes fuerzas políticas la determinación del carácter 100% electo del órgano constitucional, tal como lo mandata el plebiscito de octubre de 2020. La soberanía se expresa cuando es la ciudadanía la que define libremente quiénes son las personas mandatadas a la redacción de un nuevo texto que responda a sus propias necesidades y expectativas.

Creemos que dado el carácter constitucional de las normas a definir, el quórum necesario para la toma de decisiones debe ser supramayoritario.

2. Órgano paritario, con participación de pueblos indígenas e independientes.

La subrepresentación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones ha sido profundamente diagnosticado en los últimos procesos electorales, siendo la paridad una propuesta altamente valorada por la ciudadanía, la academia y las organizaciones de mujeres y feministas en el mundo entero. La paridad es una condición democrática que debe sostenerse, y para ello el carácter representativo del órgano debe cumplirla tanto en la etapa de elección de sus representantes como en la composición total del órgano constitucional.

Al igual que en gran parte del mundo, Chile tiene una deuda con el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Existen numerosos informes nacionales e internacionales que sugieren al Estado de Chile actualizar su ordenamiento jurídico con el objeto de proteger la diversidad y riqueza cultural de las comunidades indígenas. Creemos que este reconocimiento implica consagrar su participación colectiva mediante escaños reservados en el órgano democrático, en un número proporcional al registro indígena de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.

La participación de personas independientes debe garantizarse mediante mecanismos electorales que posibiliten ser elegidos dentro de las listas en conjunto con los partidos.

3. Principios institucionales

El proceso constituyente que nos otorgamos como país se sitúa en un trayecto histórico republicano y constitucional que nutrirá todo su desarrollo. De ésta manera, el texto de la nueva Constitución que se someta a plebiscito deberá respetar el carácter unitario del Estado de Chile, como también su condición de república y su régimen democrático. Esto quiere decir que se respetará la existencia, autonomía e independencia plena del poder judicial, legislativo y ejecutivo.

Asimismo, se respetarán las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. En este sentido, la nueva Constitución respetará todos los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales ratificados por Chile, donde encontramos, entre otros, el derecho a la libertad de religión, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, el derecho a la propiedad y el derecho a la igualdad.

La nueva Constitución respetará y conservará el Himno Nacional y nuestros emblemas patrios.

4. Un proceso constitucional participativo

La legitimidad del debate constitucional se fortalece en la medida que se garantizan las diversas formas de participación ciudadana. Proponemos incorporar procesos que permitan a las personas involucrarse en el debate constitucional, informarse sobre sus contenidos y la priorización de sus temas, mediante una fuerte articulación con organismos como municipios y gobiernos regionales, entre otros. Acoger las propuestas de participación del municipalismo, como la presentada por la Asociación Chilena de Municipalidades, nos parece un paso importante en este sentido.

5. Comité técnico de expertos y expertas

Consideramos oportuno conformar un equipo de expertos y expertas abocados a la preparación de la instalación del órgano constitucional mediante la sistematización de insumos y el acompañamiento permanente del debate en todas sus fases. El Congreso Nacional deberá definir la integración del comité técnico, respetando estrictos criterios de idoneidad profesional.

Consideramos relevante que este equipo se conforme con carácter paritario y no deliberativo, resguardando el mandato soberano de las personas electas por la ciudadanía para esos fines.

Este equipo sistematizará los insumos de debate del órgano constitucional, entendiendo el proceso constituyente como uno que se construye sobre la base de la propia historia constitucional de la República, incluyendo el proyecto constitucional de la ex Presidenta Bachelet, la propuesta de texto de la ex Convención Constitucional, los insumos de las consultas ciudadanas realizadas por las municipalidades el 2019 y el trabajo de la academia.

6. Itinerario constitucional

Considerando la necesidad de entregar prontas certezas a la ciudadanía y en vista de los plazos presentados por el Servicio Electoral, proponemos un itinerario constitucional que considere la elección de representantes durante abril 2023, el funcionamiento del órgano durante un plazo no mayor a 6 meses, además de un plebiscito de salida en diciembre de 2023 con voto obligatorio. Para que esto sea posible, el reglamento de funcionamiento del órgano democrático deberá ser aprobado como parte de la reforma que habilite el proceso constitucional.

Partido Por la Democracia

Revolución Democrática

Partido Radical

Federación Regionalista Verde Social

Partido Demócrata Cristiano

Partido Liberal

Partido Socialista

Partido Comunes

Partido Comunista

Convergencia Social

Acción Humanista