Comunidad

San Antonio: Aumentan los cuestionamientos al proyecto Puerto Exterior

· Puerto Exterior se embarca en compleja situación a raíz de las más de 3.500 observaciones en el segundo proceso de participación ciudadana en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)

El pasado viernes 16 de diciembre, con alta participación ciudadana, cerró el proceso de observaciones a la Adenda del Proyecto Puerto Exterior (PE) de la Empresa Portuaria de San Antonio (EPSA), revelando un alto grado de interés y de oposición frente a este proyecto estatal que contemplaba una inversión de US 3.500 millones para una cuestionada ampliación portuaria sobre el ecosistema de la desembocadura del Río Maipo, en San Antonio.

La activa oposición ha visibilizado una serie de impactos significativos que traería este proyecto a la zona. Desde múltiples sectores de la comunidad local y desde organizaciones ambientalistas (locales, nacionales e internacionales) se manifestó un gran descontento ante la falta de criterios de la empresa estatal al plantear un proyecto invasivo que sacrificaría a la ciudad y provincia de San Antonio.

Las principales preocupaciones manifestadas a través de las observaciones en torno al proyecto (PE) están relacionadas con el impacto sobre los ecosistemas y biodiversidad, la economía local, la calidad de vida de la comunidad, las extracciones de agua, el uso de explosivos en áreas rurales y la destrucción de la tradicional playa y balneario de Llolleo, que también afectaría a la pesca artesanal, el turismo y los derechos consuetudinarios de pueblos originarios; siendo las anteriores sólo algunas de las cientos de observaciones a las que el titular (EPSA) no ha dado respuestas.

Por otra parte, la presentación de la Adenda contempló “una dificultad abusiva para que la ciudadanía y el mismo Servicio de Evaluación Ambiental pudieran hacer revisión del estudio, con 22.000 páginas, archivos encriptados y un periodo de tiempo muy acotado para la realización de observaciones”, comentaron desde Chile Ambiental.

Ante tal escenario, la ciudadanía decidió activarse y a través de un arduo trabajo colaborativo promovieron la participación. “Evaluar un proyecto de la complejidad de Puerto Exterior ha significado un trabajo comunitario importante que la ONG Ojos de Mar asumió con compromiso y se organizaron campañas tanto presenciales como virtuales para difundir y buscar los apoyos técnicos para lectura de las más de 22 mil páginas que presentó el titular”, comentó la gestora cultural comunitaria, Ana Laura Galarza.

Sin embargo, y pese a tener mucho en contra, la ciudadana fue capaz de organizarse y, junto al apoyo de la ONG Ojos de Mar (la cuál surge en 2019 precisamente para defender los humedales costeros Ojos de Mar) y la alianza y asesoría con ONG relevantes y especializadas en materias ambientales como Chile Ambiental y ONG FIMA, han representado la primera línea de la defensa territorial de los habitantes de la comuna, quienes se sienten desamparados por el Estado y condenados a ser la nueva zona de sacrificio de la Región de Valparaíso.

Fue también el esfuerzo y gestión de la ciudadanía y las organizaciones medioambientales locales la solicitud y aprobación de la extensión de plazo del proceso de la PAC, petición que nunca en la historia había sido acogida por el SEA y que sienta un precedente a nivel nacional. “Fue un hecho histórico, que le permitirá a otras comunidades solicitar ampliaciones de plazo para evaluar los proyectos que los afectan” señaló Liliana Plaza, de la ONG Ojos de Mar, solicitante de la ampliación de plazo.

Con convicción, energía y sin gastar grandes sumas de dinero en publicidad o asesorías, las organizaciones sociales, territoriales y ambientales de San Antonio, junto al apoyo de grupos ambientalistas nacionales y la academia, defendieron con sólidos argumentos su derecho a tener calidad de vida además de un puerto,  que ya en su dimensión actual mantiene acorralada a la ciudad y sus habitantes por la actividad industrial al ser el puerto que más carga mueve en el país, pero que, sin embargo, no cuenta con una logística adecuada y que genera muchos daños en todos los niveles.

En este sentido, las observaciones también ponen en duda la pertinencia de una expansión portuaria, considerando que el actual puerto no opera al 100% y antes de crecer debiera optimizar sus recursos, profesionalizar su logística y modernizarse.

Desde la ONG sostienen que es evidente que la creciente oposición a este proyecto, que ha ido en aumento desde el ingreso del mismo al SEA en 2020, es producto de que la ciudadanía se ha ido interiorizado de las afectaciones a su entorno inmediato y no solo al ecosistema de los Ojos de Mar y playa de Llolleo. Constituye un hecho histórico y relevante que sienta un precedente en la defensa territorial y la participación ciudadana el hecho de que en una segunda etapa PAC se hayan registrado más de 3.500 observaciones, dejando en el ambiente un claro y fuerte llamado a las autoridades e instituciones a cargo de que la ciudadanía quiere ser escuchada y reclama su derecho a no ser una Zona de Sacrificio más en Chile. Que se deben respetar los procesos democráticos y que la toma de decisiones sobre proyectos de esta dimensión suele ser un proceso complejo y se basa en una evaluación detallada de todos los factores relevantes, incluyendo las observaciones ciudadanas; procesos que no deben ser «apurados» ni presionados por intereses políticos o económicos, puesto que están en juego los derechos humanos y derechos ambientales de los territorios.

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