En Chile, la pena de muerte fue abolida en el año 2001 durante el Gobierno del presidente Ricardo Lagos. Sin embargo, en el año de gobierno que lleva el presidente Gabriel Boric es posible advertir un cambio en el procedimiento policial, ya que Carabineros y la PDI, por su cuenta, están disparando a matar a los delincuentes sorprendidos en delitos flagrantes, una clara muestra de que los cuerpos policiales están aplicando, en los hechos, una drástica pena de muerte “in situ”, una especial de autotutela policial por sí y ante sí.

Estos casos en que los delincuentes han caído abatidos por la PDI o Carabineros se aceleraron luego de la muerte del cabo segundo de Carabineros, David Florido Cisternas, ocurrida el 10 de junio del 2022, en las afueras de una barbería, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. En ese lugar, un testigo alertó a la policía que en el interior del local había sujetos armados. El cabo Florido concurrió al procedimiento y fue baleado en la cabeza por un delincuente.

CAMBIO DE ESCENARIO Y APOYO POLÍTICO

“Mi hijo debiera estar vivo. Si mi hijo iba persiguiendo un delincuente con un armamento en la mano, tenía que haber disparado. ¿Por qué mi hijo está muerto? Porque se cuidó de los cuestionamientos políticos, lo que iban a decir de los derechos humanos y montones de cosas. No podía perder su fuente de trabajo. Eso no puede ser”, criticó Juan Carlos Florido, padre del carabinero asesinado.

El reclamo de este padre provocó profundo impacto en la sociedad chilena, que sufre a diario el azote del crimen organizado, la delincuencia y el narcotráfico.

El Gobierno de Gabriel Boric también reaccionó favorablemente al reclamo del padre del policía fallecido.

Esto quedó en evidencia, poco tiempo después, cuando un carabinero disparó contra un sujeto que lo amenazaba con un gran bloque de cemento, durante un procedimiento por violencia intrafamiliar, en la comuna de El Monte, en octubre del año pasado.

“El uso proporcional de la fuerza tiene que darle ventaja al personal policial”, dijo sobre este incidente el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien destacó que hay que “salir del mito de que Carabineros no puede usar armas automáticas” y aseguró que no existe “ninguna norma que lo impida”.

“Esta acción se ha desarrollado en el marco de la legítima defensa por un funcionario capacitado, que cumplió con el protocolo institucional”, dijo la delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez.

En diciembre, otro carabinero dio muerte a un individuo que lo atacó con un cuchillo en la comuna de San Joaquín.

Esta vez, el apoyo del Gobierno fue al más alto nivel, pues lo hizo la propia ministra del Interior, Carolina Tohá.

“Cada vez que hay una situación de este tipo ciertamente se analiza, se evalúa, se investiga, porque de por medio hay un desenlace no deseado”, dijo Tohá.

Y agregó que “sin embargo, quiero decir claramente que cualquier persona, cualquier ciudadano cuando está amenazado tiene derecho a defender su vida, y cuando se trata de un policía ese derecho existe también. Entonces, esta situación tiene que ser analizada a la luz de ese principio general”.

Con ese claro y evidente respaldo político del Gobierno, la PDI y Carabineros sienten hoy que tiene suficiente piso para disparar a matar a los delincuentes que anden armados o constituyan peligro vital para los policías, transformando un procedimiento policial que, en circunstancias normales, debería apuntan a detener a los delincuentes para ponerlos a disposición de la justicia, ahora se opta por eliminarlos de inmediato “in situ”.

Otro caso que también habría llevado a las policías a cambiar su forma de enfrentar a los delincuentes fue el del carabinero Carlos Retamal, quien murió luego de intentar fiscalizar una carrera clandestina y haber sido agredido salvajemente con un fierro por un sujeto al que iba a detener, hecho ocurrido en la comuna de San Antonio en octubre del año pasado.

También contribuye a este cambio el hecho de que las policías, especialmente Carabineros, no cuentan con mejores armamentos para enfrentar a la delincuencia actual. En general, tienen armas tiro a tiro o revólveres con pocas municiones, mientras los delincuentes portan metralletas o armas con cargadores adaptados hasta de 30 tiros. Entonces, para prevenir cualquier ataque armado, prefieren disparar primero.

Otro elemento que sumaría a este cambio es el hecho de que las policías detienen a los delincuentes numerosas veces, pero estos quedan en libertad por la excesiva blandura de la legislación actual y de los jueces. Hay casos de sujetos que han sido detenidos más de 100 veces y continúan en libertad. Esto, evidentemente, provoca molestia en los policías.

A todo esto, hay que agregar la extrema lentitud de la clase política en alcanzar acuerdos sobre seguridad y combate a la delincuencia y el crimen organizado. Mientras el Gobierno y la oposición no se ponen de acuerdo, la población sigue sufriendo asaltos, robos y hasta asesinatos.

Todo esto habría llevado a que las policías hayan cambiado, en los hechos, su forma de enfrentar la delincuencia.

LOS CASOS

Desde que asumió Boric como Presidente, se han registrado al menos 21 casos en que las policías han dado muerte a personas que, supuestamente, se encontraban cometiendo delitos flagrantes.

El 21 de marzo del año pasado, Carabineros dio muerte a un sujeto que habría disparado contra los uniformados en el sector de Bajos de Mena, comuna de Puente Alto.

El 25 de mayo, una funcionaria de la PDI dio muerte a un sujeto que habría intentado robarle en el barrio Yungay de Santiago.

Al día siguiente, un individuo apodado “El Dientón” falleció baleado por carabineros, tras un intento de robo a un servicentro en la comuna de Santa Cruz, según la versión oficial.

El 8 de junio, la PDI dio muerte a un presunto asaltante en la Villa Olímpica, comuna de Ñuñoa.

El 21 de julio, un carabinero dijo que mató a un sujeto que junto a otros intentaba robar en un local de repuesto de vehículo en la avenida Bustamante, comuna de Ñuñoa.

El 28 de julio, un carabinero disparó y dio muerte al conductor de un vehículo que era seguido en un procedimiento policial, en La Reina.

El 3 de agosto, un funcionario de la PDI denunció que sufrió un intento de asalto en el kilómetro 512 de la ruta 5 Sur, sector Los Ángeles, y que disparó y mató a uno de los agresores.

El 5 de septiembre, Carabineros informó que dio muerte a un individuo que habría intentado robar una patrulla policial en Bajos de Mena, Puente Alto.

El 30 de septiembre un PDI mató a un “motochorro” en Pudahuel.

El 1 de octubre otro PDI dio muerte a un delincuente que habría asaltado a un transeúnte en Estación Central.

El 20 de diciembre un sujeto murió por un disparo de un carabinero, que dijo que fue amenazado con un arma blanca en un intento de asalto.

El 7 de enero de este año, una persona falleció luego que un carabinero le disparó en Puente Alto. El policía señaló que era una encerrona, pero testigos señalaron que fue tras una pelea con un vecino, por una disputa vehicular.

El 20 de enero murieron dos personas por la PDI. Una, a manos de un detective que denunció que el sujeto habría asaltado un local comercial en Maipú; y la otra, por un policía civil que indicó que, al parecer, le querían robar su auto en la comuna de Lo Prado.

El 22 de enero, una persona que se desplazaba en un vehículo con encargo por robo murió baleada por carabineros, tras no detenerse en un control policial en Estación Central.

El 25 de enero, un carabinero dio muerte a un sujeto que habría intentado realizar una encerrona en La Florida.

El 26 de enero, un carabinero le disparó a un sujeto que le había quitado su arma mientras lo estaba esposando, falleciendo en la esquina de Santa Rosa con Curicó, en Santiago.

El 2 de febrero, un individuo que efectuaba disparos en la calle Ñuble, comuna de Santiago, fue abatido por Carabineros.

El 16 de febrero, la PDI, tras una denuncia de violencia intrafamiliar, abatió a un individuo que portaba un arma de fuego y se habría resistido al arresto en Punta Arenas.

El 22 de febrero, dos efectivos de la PDI habrían repelido a balazos un intento de encerrona por un grupo de sujetos, en el sector Lo Echevers de Quilicura, resultando un fallecido.

El caso más reciente ocurrió este sábado 25 de febrero, en el que un carabinero de franco se vio envuelto en una disputa a balazos por un predio en la comuna de Teodoro Schmidt, en donde hubo tres fallecidos. El policía  habría dado muerte al menos a una persona. Se investiga su hubo legítima defensa o no.

QUÉ DICE LA LEY Y CARABINEROS

La ley exime de responsabilidad penal cuando hay legítima defensa. Pero esta defensa debe ser proporcional a la amenaza sufrida y como medida de última ratio. Otra eximente ocurre cuando el policía mata, por ejemplo, a un secuestrador para salvar la vida de la víctima.

En su Manual de Doctrina y Código de Ética, Carabineros señala que el Código de Justicia Militar estableció circunstancias atenuantes y aún más, eximentes, para los casos en que el carabinero haga uso de su arma en defensa propia o en la defensa inmediata de un extraño al cual, por razón de su cargo, deba prestar protección o auxilio (Artículo 410); y, también, para el carabinero que hace uso de su arma en contra del preso o detenido que huye y no obedece a las intimaciones de detenerse (Artículo 411). Lo anterior se complementa con el Artículo 412, referido al carabinero que ˝haga uso de sus armas en contra de la persona o personas que desobedezcan o traten de desobedecer una orden judicial que dicho carabinero tenga orden de velar, y después de haberles intimado la obligación de respetarla˝.

Así mismo, Carabineros redactó la circular institucional Número 1.832, de marzo de 2019, la cual explica el “Empleo de armas potencialmente letales” y detalla el procedimiento que debe ser adoptado, partiendo con la advertencia, el llamado a deponer el arma de la que disponga el agresor y solo autoriza el uso del arma de servicio en caso de verse en peligro de vida el uniformado o un tercero.

¿Por qué los carabineros, aun estando de franco, actúan para impedir delitos? Según el Manual de Doctrina de Carabineros, el policía que integra la institución es un “carabinero permanente”, es decir, según la propia definición de Carabineros, la labor policial es de “carácter continuo y duradero del servicio, ya que para servir no existen horarios, turnos, ni días libres, pues un carabinero siempre es carabinero”.

LA PDI

En tanto, la PDI también se rige por los principios de legalidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza, como Carabineros.

Así mismo, tiene su propio Código de Ética, en cuyo acápite “Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley”, regido por los acuerdos adoptados por Naciones Unidas sobre el trato de detenidos y delincuentes. En su artículo 3 señala que “el uso de armas de fuego se considera una medida extrema. En general, no deberán emplearse armas de fuego, excepto cuando un presunto delincuente ofrezca resistencia armada o ponga en peligro, de algún otro modo, la vida de otras personas y no pueda reducirse o detenerse al presunto delincuente aplicando medidas menos extremas. En todo caso en que se dispare un arma de fuego, deberá informarse inmediatamente a las autoridades competentes”.

ARMA DE DOBLE FILO

La sed de justicia y la rabia acumulada por la población contra los delincuentes, hace que mucha gente aplauda este nuevo accionar de Carabineros y la PDI. Sin embargo, algunos de estos procedimientos policiales han sido considerados ilegales y funcionarios policiales han sido procesados lisa y llanamente como autores de homicidio. Por lo que resulta obligatorio que todos los casos en que personas han sido muertas “in situ” por las policías sean exhaustivamente investigados y no quedarse simplemente con la versión policial.

Por ejemplo, el 8 de enero pasado fue detenido y formalizado por homicidio un carabinero que dio muerte a una persona en Puente Alto. En principio, el policía dijo que había sufrido una encerrona, pero después se supo que había sido una pelea con un vecino por un problema vehicular. El vecino había golpeado al policía y este último sacó un arma y lo mató.

Por ello, hay que evitar que el afán de venganza de la población contra los delincuentes ciegue a todos ante el proceder policial. Hay que tener cuidado en el uso de la fuerza y las armas de fuego por parte de las policías, porque, amparados en el supuesto de que están protegiendo a la comunidad, pueden asesinar sin miramientos a sujetos que podrían haber sido sometidos o detenidos de otra forma.

Si bien es loable que las policías actúen con todo el rigor que la Constitución y las leyes les permiten, incluso haciendo uso de sus armas y exponiendo sus vidas, la ciudadanía debe estar alerta por los abusos que se pudieran cometer mediante este nuevo tipo de procedimiento policial, en que se dispara primero y se pregunta después.

No vaya a ser cosa que salga más caro el remedio que la enfermedad y, finalmente, termine todo como el mundo al revés: los policías encarcelados y los delincuentes como víctimas de un procedimiento policial mal aplicado y peor ejecutado.