«Exigimos que se entreguen los recursos necesarios para que las policías y fiscalías cuenten con mejores herramientas de investigación, que el poder judicial agilice su trabajo y aplique penas efectivas a los trasgresores de la ley», manifestó la Comisión Chilena de Derechos Humanos Valparaíso a través de declaración publica.

Esto tras la muerte del estudiante David Toro, abatido por Carabineros el pasado sábado en el sector de Llolleo, en la comuna de San Antonio. Según familiares, el joven de 19 años, acusado de haber embestido con su vehículo a un funcionario policial que intentó fiscalizarlo, recibió siete disparos en la cara de parte del carabinero que acompañaba al uniformado atropellado, utilizando su arma de servicio, una subametralladora UZI.

En ese sentido, y en respuesta a este hecho, la CChDH señaló que «la contención del delito debe contemplar siempre el respeto a los Derechos Humanos y a los Tratados Internacionales firmados por el Estado de Chile», por lo que condenó el uso de armas automáticas en el control del orden público, como la UZI empleada en este caso, armamento que se había dejado de usar en 2011 por la peligrosidad que reviste. «Sin embargo, la Dirección General de Carabineros invocó la orden general N° 002433 del 30 de septiembre del 2016 y autorizó su uso a fines de marzo de este año».

DECLARACIÓN PÚBLICA

Ante los desafortunados hechos que culminaron con la muerte de David Toro, joven estudiante de San Antonio abatido en el marco de un patrullaje preventivo a cargo de Carabineros de Chile.

Declaramos:

Condenamos el uso de armas automáticas (UZI) en el control del orden público. Este tipo de armamento se había dejado de usar el año 2011 por la peligrosidad que reviste. Sin embargo, la Dirección General de Carabineros invocó la orden general N° 002433 del 30 de septiembre del 2016 y autorizó su uso a fines de marzo de este año.

Recordamos que ningún poder del Estado o funcionario está por encima de las leyes; por lo anterior y dado que la “Pena de muerte” fue derogada en Chile el 2001 por la Ley 19.734, nadie está autorizado en nuestro país para quitar la vida a otras personas.

Entendemos que en el aumento de delitos violentos y la diversificación de sus formas hay una incidencia de grupos extranjeros que operan en el país; sin embargo, la inmigración en sí misma no es el problema, sí lo es la falta de control de indocumentados, responsabilidad del poder Judicial.

Exigimos que se entreguen los recursos necesarios para que las policías y fiscalías cuenten con mejores herramientas de investigación, que el poder judicial agilice su trabajo y aplique penas efectivas a los trasgresores de la ley. Sin embargo, la contención del delito debe contemplar siempre el respeto a los Derechos Humanos y a los Tratados Internacionales firmados por el Estado de Chile.

Rechazamos la moción parlamentaria de los diputados Juan A. Coloma, Sergio Bobadilla, Marta Bravo, Gastón Von Muhlenbrock, Álvaro Carter, Cristian Labbé, Fernando Borquéz, Daniel Lilayu, Marlene Pérez y Flor Weisse, que intenta modificar la Constitución en lo relativo a los Estados de Excepción.

COMISIÓN CHILENA DE DERECHOS HUMANOS VALPARAÍSO

Acusación del padre de Joven abatido en San Antonio "carabineros borró imagenes y giro las cámaras del lugar" además un testigo corroboró el hecho.
Video Canal 2 Chilena FM San Antonio pic.twitter.com/R9UhxtwyUg

— Viaconectados® (@viaconectados) April 12, 2023