· Entre las entidades que más aportes han recibido, se encuentran la Corporación de Educación y Salud de Las Condes y la Corporación Municipal de Viña del Mar para el Desarrollo Social. 

A raíz de la polémica desatada por el denominado “caso convenios”, un estudio del equipo de investigación e innovación tecnológica  @BotCheckerCL, que se ha enfocado en detectar y desmentir datos falsos y “fake news”, ahondó en registros de fondos públicos transferidos a fundaciones y corporaciones.

A diferencia de algunos medios de comunicación nacionales como Ciper y El Mercurio que se han centrado en casos en traspasos de fondos estatales de 2019 a la fecha, enfocándose en un par de fundaciones asociadas a militantes de partidos del Frente Amplio, BotChecker llevó a cabo una búsqueda en el Registro Central de Colaboradores del Estado que abarcó registros de los últimos casi 20 años. 

Los datos revelados permiten generar una panorámica más real de la situación actual y lo que implica el rol subsidiario del Estado que se manifiesta de manera implícita en la Constitución de 1980 que indica que el Estado sólo se hace cargo de aquellas funciones que los privados no quieren o pueden realizar.

Según los datos recopilados, lideran el listado con más aportes la Fundación Integra ($2.4 billones), Servicio Nacional de Capacitación y Empleo-SENCE ($794 mil millones), la Superintendencia de Seguridad Social ($745 mil millones), la Corporación Municipal de Viña del Mar para el Desarrollo Social ($465 mil millones) y la Corporación de Educación y Salud de Las Condes ($460 mil millones).

En lo que dice relación con el SENCE y la Superintendencia de Seguridad Social específicamente, y que se repite en entidades como el Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU), entre otros, el Ministerio del Trabajo, a través de su cuenta de comunicaciones @trabejita, precisó que si bien estas son instituciones públicas y no privadas relacionadas o dependientes de dicho Ministerio, “la mayor parte de las transferencias son de orden interinstitucional para ejecución de políticas públicas” como, por ejemplo, organismos técnicos de capacitación (OTEC) acreditados para estos fines, agregando que “la información respecto a las adjudicaciones es completamente pública y cualquier ciudadano/a puede revisarla”.

Respecto de las corporaciones municipales de Viña del Mar y Las Condes, aún se encuentran en proceso de investigación por malversación de caudales públicos, fraude al fisco y financiamiento irregular de la política durante las administraciones de Virginia Reginato y Joaquín Lavín -ambos de la UDI- constatados en auditorías solicitadas por las actuales jefas comunales, Macarena Ripamonti (RD) y Daniela Peñaloza (UDI), respectivamente.

Monto de transferencias desde el estado a instituciones privadas por año: pic.twitter.com/DVHj5haPHW

— Bot Checker 🤖 (@BotCheckerCL) July 5, 2023