· “Tenemos el deber de fiscalizar y fortalecer el control en el uso de los recursos públicos”, sostuvo la diputada Gael Yeomans, presidenta de la comisión.

A raíz del denominado “Caso Convenios”, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados envió oficios a todos los ministerios, las municipalidades y gobiernos regionales y además citó a la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile para que expusiera sobre su ejecución presupuestaria y los mecanismos de control en el uso de los recursos públicos.

“Quiero hacerles una invitación: que tengan un pronunciamiento fuerte como asociación denunciando este tipo de situaciones. Creo que va a ser positivo pensando en la tramitación que se nos viene de la Ley de Presupuestos y la Ley de Regiones Más Fuertes”, señaló durante la sesión la presidenta de la comisión, Gael Yeomans.

En la cita estuvieron presentes el presidente de la Asociación, Ricardo Díaz, gobernador de Antofagasta; el gobernador de Magallanes, Jorge Flies, y la gobernadora de Aysén, Andrea Macías. Además de poner el énfasis en la necesidad de mejorar los mecanismos de control de los gobiernos regionales y de aumentar la dotación para realizar las auditorías internas, pidieron “que no pagaran justos por pecadores”, a raíz de los casos que involucran a los Gores de Bío Bío y La Araucanía.

Entre los convenios impugnados, se encuentran varios firmado por el gobernador de la Región del Biobío, Rodrigo Díaz Wörner (ex DC), entre ellos, un cuestionado proyecto adjudicado a la Universidad Nacional Andrés Bello por $339 millones, y otra transferencia cercana a los $2,400 millones al Instituto Regional de Administración de Empresas (IRADE), cuyo directorio lo integran la exjefa de Díaz en Buses Hualpén, Mónica Álvarez Pérez, además del propietario de la empresa Esquerré Consultores, Paul Esquerré, quien trabajó en las comunicaciones de la campaña de Díaz a la Gobernación Regional.

En tanto, en la Araucanía, ya van dos imputados por los delitos de administración desleal y lavado de activos en el denominado “Caso Manicure” que involucra al gobernador Luciano Rivas (Evópoli) por el cuestionado traspaso de $730 millones a las fundaciones FOLAB y EDUCC.

Durante la exposición, se propusieron diferentes alternativas para mejorar la transparencia y el control de los recursos que se ejecutan a nivel subnacional. Dictar una normativa general para regular las transferencias de recursos, ya que la actual se encuentra fragmentada. Establecer un registro de beneficiarios finales, un Ranking de Organizaciones, establecer un catálogo de conflictos de interés, además de sanciones efectivas ante incumplimientos, entre varias otras.

“Me parece que esta es una oportunidad para poder avanzar en regularización, en transparencia, en probidad y no encontrarnos con que lleguemos a la tramitación de la Ley de Presupuesto y se recorten todos los recursos de los gobiernos regionales, lo que sería el peor de los mundos, porque quienes terminan perjudicadas son las regiones”, añadió la diputada Yeomans.

Asimismo, la parlamentaria se refirió a la Ley de Regiones Más Fuertes, que contempla un capítulo completo en esta materia. “Creo que es mejor que agudicemos los criterios en materia de transparencia, en materia de probidad, de control del gasto público y utilicemos esta oportunidad para avanzar en este proyecto. Creo que ese debería ser nuestro enfoque y al contrario, yo creo que para eso es mejor que avancemos antes de encontrarnos con la ley de presupuesto”.

Por otro lado, enfatizó que “vamos a insistir en el oficio a las Gobernaciones Regionales, ya que hasta ahora solo ha contestado la Gobernación de Magallanes. Oficiamos en esta Comisión con aplicación de apercibimiento, con el fin de que efectivamente se nos responda o de lo contrario se cursen multas”.

“Mediante distintos actos de fiscalización, hemos oficiado a las autoridades, a los gobernadores, al gobierno central y a las municipalidades para que nos den cuenta de los gastos de traspasos directos y de las distintas ejecuciones presupuestarias. Lo que nos interesa no es solo que esto se lleve a cabo respecto a la Ley de Presupuesto que ya está en ejecución, sino también, a propósito de la discusión de la Ley de Presupuesto que va a venir al Congreso Nacional, en donde tengamos todo el criterio y el rigor de la legislación para que controlemos el gasto público. Queremos sobre todo que la fe pública en esto se resguarde”, concluyó.