Cuando algo se hace mal por tanto tiempo, la memoria colectiva desde cualquier rincón aparece y se cobra su venganza. El tan anticipado anuncio de la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV), que se haría el 21 recién pasado, donde moros, alemanes, cristianos e “izquierdistas” le comunicarían al mundo que estaban de acuerdo con un proyecto que costaba 600 millones de dólares, que monopoliza aún más la industria, que esconde cuál es el estado estructural del Molo de Abrigo y que no gana ni un mísero metro de aguas abrigadas para la ciudad, se lo llevo el aguacero.

Algunos dicen que desde los ministerios de Economía y Transporte se habrían sonrojado al saber que otra vez el Estado debería colocar 600 millones para después concesionar por 30 años y recibir con suerte 10 millones de dólares por año como renta, sin contar con la subida por el chorro de los portuarios que pedirán indemnizaciones millonarias, más pensiones de gracia por sobre los 500 mil pesos mensuales, ya que -según se sabe- en este gran nuevo proyecto quedará una sola empresa y no dos, como hasta hoy o como las 40 que habían el 1999.

Claro que no faltan los mal pensados que han planteado que, con la nueva Ley contra los delitos de cuello y corbata, promulgada por este Gobierno y que los empresarios llevaron al Tribunal Constitucional, lo más probable es que se tendría que construir una nueva cárcel para meter tanto sinvergüenza preso, por la cantidad de violaciones legales que esta nueva ley contempla.

Sin embargo, se ha mantenido en secreto y guardado bajo siete llaves el fallo de la Corte Suprema del 16 de agosto de este año, por la reclamación que se hiciera en contra del Tribunal Ambiental, por solo acoger “parcialmente” las denuncias de dos organizaciones de Valparaíso, en contra del Terminal 2, que no se quiere que se sepa y que en definitiva detuvo el gran anuncio que, como dije antes, es solo humo y más bien sería el lanzamiento de varias candidaturas.

Lo primero que reconoce la Corte Suprema es que los reclamantes tienen todo el derecho para hacerlo, por lo tanto, la EPV se enfrentará en el futuro si no cumple con la ley, como está acostumbrada a muchas reclamaciones y demandas.

Lo segundo es que la Suprema plantea que el Tribunal Ambiental debe ampliar lo que revisa y se somete a su escrutinio, no solo a parcialidades, y le indica que en el futuro debe ampliar su análisis, no como lo ha hecho hasta ahora.

Sobre el fondo de la reclamación la Corte Suprema no se pronuncia, porque el proceso está abierto debido a que la EPV no ha resuelto las observaciones que el Tribunal Ambiental le instruyo; sin embargo, lo concreto es que la posible resolución de calificación ambiental (RCA) que salga de este contubernio será reclamado por los ciudadanos y organizaciones activas de la ciudad de Valparaíso.