// El Consejo Regional (CORE) de Valparaíso, en una sesión de pleno extraordinario, aprobó una inversión total de $3.631.332.000 para el financiamiento, vía Circular 33, de la adquisición de catres clínicos para la Red de Atención Primaria y ambulancias para los servicios de salud de la región. También se aprobó un Convenio de Colaboración con la Fundación Arturo López Pérez que contempla un programa de formación y el desarrollo de investigación en cáncer en la región.
Respecto de la compra de los catres clínicos, con una inversión de $1.172.150.000 para la adquisición de mil unidades, se busca atender a las personas con dependencia severa que necesitan un entorno que cuide de ellos, de acuerdo a sus múltiples necesidades de salud. Los centros de salud de la red APS requieren contar con este tipo de catres, completamente equipados, para ser dispuestos al servicio de los usuarios adscritos al Programa PAD, para otorgar en el domicilio de los pacientes las prestaciones.
Tras un análisis de la red municipal de la región, se determinó que la brecha actual es de mil catres equipados, los que serán despachados a las comunas beneficiadas, en coordinación con las municipalidades y los servicios de salud.
En cuanto a la adquisición de ambulancias, se trata de 19 vehículos, con una inversión total de $2.459.182.000, distribuidas en: cuatro ambulancias para el Servicio de Salud Aconcagua para el traslado de pacientes críticos y equipamiento médico para la atención de urgencia ($491.954.000); seis para el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio y la reposición de equipos complementarios, tales como seis monitores desfibriladores, seis compresores automáticos RCP y seis ventiladores mecánicos de transporte $966.878.000; y nueve móviles en total para el Servicio de Salud Viña del Mar–Quillota, uno de ellos para el Hospital de Quintero ($1.000.350.000).
“Nuevamente se puso en la centralidad la temática de la salud, atendiendo que es una de las demandas más importantes de la población de la Región de Valparaíso”, expresó la consejera regional Nataly Campusano, precisando que las ambulancias están destinadas a “distintos centros de salud de la región donde, aunque no lo crean, muchos de ellos no contaban con ambulancias para las emergencias de los ciudadanos. Creemos que esto es un tremendo aporte que hace el Gobierno Regional atendiendo el déficit en esta materia”.
A su vez, destacó que los catres clínicos permitirán a las personas en situación de postradas “darles dignidad en su tratamiento (…), pero no solamente al enfermo, sino también a aquellos que cumplen la labor de cuidados”.
Por su parte, la consejera Tania Valenzuela resaltó que “las brechas en este sector son enormes, y es por eso que el Gobierno Regional ha querido priorizar la inversión de la región en esta línea, porque sabemos es uno de los temas que más aqueja a la ciudadanía, entendiendo que las listas de esperas a la fecha continúan sin ser atendidas y, por otro lado, teníamos hospitales como el de Quintero sin vehículos de emergencia para el traslado de pacientes, por lo que la situación es crítica”.
El gobernador regional y presidente del cuerpo colegiado, Rodrigo Mundaca, manifestó que “esto da cuenta de nuestro compromiso con la salud como un derecho”, agregando que “estamos muy contentos de las decisiones que hemos tomado, cuando el Gobierno central no llega a atender demandas tan importantes para la región”.
El presidente de la Comisión de Salud, Roy Crichton, también puso el acento en las brechas que persisten en la materia, señalando que “mantengo la crítica que le he hecho a la Ministra, en el sentido del total abandono de la salud pública en esta región. Pero nosotros, además de la crítica nos preocupamos de la solución”, esto “con un presupuesto muy exiguo” destinado a la adquisición de estos recursos necesarios.
Por otro lado, “también, agradecemos a la Fundación Arturo López Pérez por la voluntad de hacer este convenio inédito, para elaborar una política pública desde el Gobierno Regional, para todos aquellos pacientes que aun estando en la lista GES, no tienen atención como ellos merecen”, cerró el consejero regional.
Al respecto, el consejero Manuel Lanas indicó que, si bien “con los colegas muchas veces, en muchos aspectos tenemos diferencias, hoy primó el sentido común, de un valor fundamental, prioritario, humano, que es la salud”, haciendo referencia a su propia experiencia, “por lo que agradezco a las consejeras y consejeros por este convenio que se firma con la Fundación Arturo López Pérez, porque creo que es necesario, lo he tenido que vivir en el sistema público, cómo funciona el tema oncológico, la falta de especialistas, la falta de prestaciones, las listas de espera, y en ese sentido quiero poner en valor lo que hoy aprobamos. Agradecer a la Fundación y agradecer a la Comisión de Salud liderada por el consejero Roy Crichton por lo que hoy hemos logrado”.
Convenio de Colaboración
El Convenio de Colaboración entre el Gobierno Regional de Valparaíso y la Fundación Arturo López Pérez tiene el objetivo de avanzar en diversas temáticas relacionadas con el cáncer, que es la principal causa de muerte en la región.
En el convenio se establece un programa de formación y desarrollo de investigación en cáncer en la región, contribuyendo al diseño e implementación de un programa de formación de especialidades y subespecialidades médicas oncológicas y de enfermería; programas de capacitación de profesionales y técnicos del área de la salud para la prevención, detección precoz, tratamiento, cuidados paliativos, y rehabilitación, entre otras; además de cooperar en el desarrollo de proyectos de investigación, en colaboración con instituciones de salud regionales.
Asimismo, se establece un Observatorio de Cáncer para la región, con la priorización de listas de espera, en coordinación con los servicios de Salud; y la implementación de un software de trazabilidad de pacientes oncológicos.
También, el convenio contempla un Programa de Atención Integral, en materia de prevención, detección precoz y tratamientos oncológicos.
Por tratarse de un convenio de colaboración, no demanda recursos financieros y, en primera instancia, tiene una duración de dos años, prorrogables por el mismo período de tiempo.
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