• Coordinadora #QuePaseLaMicro anunció una serie de acciones para exigir a las autoridades dar cumplimiento a la normativa y poner fin a las arbitrariedades cometidas por empresarios microbuseros y de taxis colectivos. Diputado Luis Cuello aseguró que «hay una situación de total impunidad, que tiene que ver con un problema estructural”.

La Contraloría General de la República (CGR) emitió un informe reafirmando las deficiencias del sistema de transporte colectivo en el Gran Valparaíso. El reporte se refiere a una fiscalización realizada entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de marzo de 2022, donde se detectaron múltiples irregularidades, entre ellas, disminuciones arbitrarias de flotas sin aprobación oficial, incumplimientos de frecuencia por parte de 1,448 autobuses, y excesos de velocidad de más de 100 kilómetros por hora en más de 21 mil casos.

A su vez, la Contraloría instruye diversas medidas que debe adoptar la SEREMI y la Subsecretaría de Transportes para cumplir la normativa legal y reglamentaria.

El informe viene a ratificar lo que han estado denunciando hace años usuarios y usuarias del transporte colectivo del Gran Valparaíso, así como la Coordinadora “Que pase la micro”, creada por dirigentes sociales y comunitarios hace ya dos años, junto al diputado Luis Cuello. 

En razón de esto, la Coordinadora, en asamblea del 27 de marzo, tomó la decisión de realizar denuncias y movilizaciones en torno a la crisis del transporte y la necesidad de aprobar el proyecto de ley «Que pase la micro», elaborado por el diputado Luis Cuello, para ampliar el transporte a operadores públicos y donde se propone que EFE se constituya como operador de transporte público dentro del modelo.

A su vez, se organizarán este mes una serie de encuentros con dirigentes y vecinas y vecinos de las diversas localidades afectadas, a quienes llamaron a “captar videos con sus denuncias del transporte privado, para generar denuncia colectiva de todos los sectores posibles de la Región de Valparaíso”, señaló Edgar Eldredge Ramírez, dirigente social de Placilla de Peñuelas y vocero de la Coordinadora.

Durante la asamblea, en la que participaron, entre otros dirigentes sociales, Frida Reyes Niemann, del cerro Playa Ancha de Valparaíso; Rubén Meza Guzmán, de Placilla de Peñuelas, y Juan Molina Castillo, de Gómez Carreño, Viña del Mar, además del diputado Luis Cuello Peña y Lillo, también acordaron participar del paro nacional de la CUT el jueves 11 de abril. Esto con el fin de “socializar y denunciar la crisis del transporte privado, tanto micros como colectivos, que afecta a trabajadores y trabajadoras en general, además, de estudiantes, personas mayores, todas las familias de la Región de Valparaíso”, resaltó Edgar Eldredge.

INFORME DE CONTRALORÍA

La auditoría de la CGR detectó una serie de disminuciones arbitrarias de las diferentes flotas, sin la debida aprobación de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes. Sumando a ello, hubo 1.448 buses que incumplieron la frecuencia que se les exige y, por eso, la SEREMI deberá, en un plazo de 60 días, informar sobre sanciones para esos casos.

Estos procesos disciplinarios deberán replicarse, advierte el informe, en los 21.753 casos donde buses del Gran Valparaíso superaron la velocidad de 100 kilómetros por hora, y también en aquellos casos donde vehículos de las empresas cuestionadas paralizaron, en promedio, 13,6 días al mes en 2021 y 12,61 en 2022.

Además, a la SEREMI se le imputa que no ha «exigido la implementación del sistema de cobro electrónico de tarifas a las unidades de negocio en los plazos establecidos, por lo que deberá exigir su ejecución, cuyos avances deberán ser informados en un plazo de 60 días hábiles».

A su vez, la Contraloría comprobó que ni la Seremi de Transportes Valparaíso ni la Subsecretaría del ramo cuentan con un manual de procedimientos para aplicar las sanciones a los operadores del servicio.

Al respecto, el diputado Luis Cuello sostuvo que la auditoría de la Contraloría ratifica «la práctica generalizada de incumplimientos por parte de las empresas privadas que operan el transporte del Gran Valparaíso», agregando que, a su juicio, «hay una situación de total impunidad, que tiene que ver con un problema estructural, que va mucho más allá de las capacidades de fiscalización del Ministerio de Transportes».