[OPINION] Nos quieren robar el sueño (por Cristóbal Sepúlveda)

Si miramos para atrás, son pocas las veces en que el Estado se ha hecho cargo de la deuda histórica que tiene con todo el país. Su lógica extractivista y centralista ha propiciado que cada una de las regiones de este país le debe dar su riqueza directamente a la capital, sin recibir un servicio proporcional de parte del gobierno central. Asimismo, es un hecho que un sistema meramente explotador de recursos hará colapsar el ecosistema y, con ello, la sobrevivencia de nuestra especie, tal como se ha visto reflejado en cada una de las mal denominadas “Zonas de Sacrificio”, zonas que han sido lugar del más dañino actuar del ser humano, donde los niveles de toxicidad afectan no solo el aire, sino que también el suelo, el agua y las costas. Las personas han visto perjudicada la forma en que desarrollaban sus vidas: los niños ya no pueden ver a sus amigos, no pueden ir a estudiar ni jugar, les han quitado su forma de vida. Condenados al encierro en las casas, o al paso directo al hospital, las personas han llegado al límite de lo que pueden soportar, alzándose en manifestaciones constantes desde hace ya más de un mes.

Pero que no se diga que este problema sólo se ha manifestado en este gobierno, y que en otros  hubiese sido distinto. Esta es una lucha que la población de Quintero y Puchuncaví se ha visto obligada a dar desde que nacen en una Zona de Sacrificio. Desde hace 54 años que están las empresas en el cordón industrial, y desde hace 54 años que llevan contaminando de forma impune el entorno que es donde viven las personas. Que previamente no se hayan realizado manifestaciones nacionales al respecto, no significa que no deban darse en el futuro, independientemente del gobierno en el que nos encontremos. Al ser una deuda del Estado con las personas, es un problema al que debemos enfrentar transversalmente todas las fuerzas sociales del país. El que el actual gobierno desconozca la evidencia de los hechos, que el actual gobierno perpetre amenazas hacia los trabajadores que se manifiestan en contra del actuar de las empresas, es una señal de cómo la derecha ha elegido mantenerse en la línea extractivista y centralista que tanto ha perjudicado a nuestra población en el pasado.

En un contexto en que la exposición prolongada a la contaminación ha generado mutaciones y enfermedades genéticas en nuestras generaciones, profundizará y masificará las manifestaciones sociales. No obstante, el gobierno, en vez de mostrar voluntad de arreglar los problemas de las personas, ha elegido el matonaje para dilatar la movilización. En una clara muestra de sus intenciones, se nos aparece un Quintero y un Puchuncaví que pareciera sitiado por las Fuerzas Especiales de Carabineros, quienes han también elegido actuar en función de proteger la propiedad privada por sobre el derecho a la vida y el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación. El desarrollo prometido, con ese crecimiento económico que publicitaban, no trajo más que el envenenamiento para la ciudadanía, con retrocesos en las áreas del trabajo, la salud y la educación.

Que desde agosto existan más de 700 casos de envenenados, de los cuales casi la mitad son niños y niñas, es también señal de que la situación merece la unidad de todas las organizaciones sociales, quienes han de prestar un servicio que se exige por sentido común.

Debiera ser tomado como un deber patrio el manifestarse en contra de tal vulneración a los Derechos Humanos de los habitantes de Quintero y Puchuncaví; porque la contaminación que se genera es a partir de empresas que en su mayoría ni siquiera son de este país. Son transnacionales que se reparten por el continente Latinoamericano, pues en otros Estados como los europeos y norteamericanos, no los reciben. Las regulaciones en Chile les permiten contaminar 10 veces más de lo que establecen las normativas de la Organización Mundial de la Salud. Si la situación se mantiene, tenemos que afirmar que Chile entero es una Zona de Sacrificio para las grandes empresas extranjeras.

Por ello es que todas las organizaciones sociales han de esforzarse por lograr la gran unidad del pueblo, en función de luchar en contra de este terrible flagelo. La gran unidad de las izquierdas es la única que puede dar lugar a superar esta situación. Si el gobierno se mantiene firme en su posición de apoyar a las empresas que destruyen la vida de nuestra ciudadanía, que destruye a nuestras generaciones futuras, entonces es tiempo de dejar las disputas internas y entregarse a dar servicio al pueblo, que es para lo que nos hemos articulado.

El lunes 1 de octubre recién pasado quedará en la historia como la primera instancia en que más de 20 organizaciones políticas, sociales, sindicales, federaciones de estudiantes y obreras, se juntaron para dar punto de inicio al trabajo por remediar la deuda que tiene el Estado chileno con su pueblo.

No es coincidencia que se hayan podido poner de acuerdo estos colectivos, dejando a un lado todas sus diferencias, para poder trabajar juntos. Esto responde a una necesidad, que es evitar que Chile se transforme en el basurero de empresas que lucran con nuestro sufrimiento.

Todo parte con una idea que se sustenta en la empatía de colectivos de Valparaíso que ven a sus compatriotas de Quintero y Puchuncaví viviendo en la indignidad, padeciendo enfermedades y envenenamientos. No podemos soportar el hecho de que a tan pocos kilómetros se estén destruyendo las vidas de miles de personas. La idea parte de un sentimiento común de deber cívico y político, de responder a la represión y a la desinformación promovida por el gobierno.

Esta unión de fuerzas de izquierda y ciudadanas en general es una clara señal de lo que puede ser el inicio de una nueva movilización nacional, que termine con la explotación que se vive en el país en todos sus sentidos. Si somos gente del pueblo, precisamente debemos tener la responsabilidad política de prestar este servicio, que es lo mínimo que podemos hacer. Abrir los espacios, difundir, concientizar a la población, evitar la represión y fomentar la apertura del cumplimiento de las exigencias de las organizaciones sociales de Quintero y Puchuncaví.

Pero esto no ha de quedar en medidas parche, ha de apuntar a un cambio de sistema y de lógica. Hay que promover el cambio de visión que se tiene de país, pues no es posible que sigamos siendo el patio trasero de las empresas extranjeras y que el gobierno las apoye por acción natural.

Aquí debe haber un cambio en la matriz productiva y energética, la cual debe ser amable con las personas y el medio ambiente. Debe existir un objetivo común a nivel nacional, que es evitar que se sigan abriendo “Zonas de Sacrificio” y reparar las zonas ya afectadas por este nocivo modelo económico. Es sabido que hay Zonas de Sacrificio en todo el país: Huasco, Antofagasta, Coronel, Mejillones, en el Archipiélago de Chiloé. El demencial uso de los bienes naturales amenaza con destruir nuestro país.

Es por estas razones, y por la vida de los niños y niñas que se han visto perjudicados, que los colectivos que se adhirieron el lunes 1 de octubre y marcharon el 3 de octubre en solidaridad con Quintero y Puchuncaví van a seguir trabajando juntos en función de crear una agenda que permita evitar que este gobierno u otro se dé el lujo de declarar al territorio nacional como una Zona de Sacrificio. Que las empresas no nos quiten el sueño de ver un cielo azul y un mar limpio y soberano.

Opinion_CristobalSepulveda

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