En Chile, 6 de cada 10 personas viven en territorios declarados como zonas latentes o saturadas de contaminación.

Con 60 votos a favor, 36 en contra y 10 abstenciones, este jueves la Cámara Baja aprobó la modificación de la ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, con el objeto de establecer restricciones a la tramitación de proyectos en zonas declaradas latentes o saturadas, lo que fue tomado como un triunfo no solo por las diputadas y diputados que levantaron esta indicación, sino que también por las organizaciones ambientales que siguieron atentamente este proceso.

La presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Catalina Pérez (RD), dijo una vez terminada la votación que “estamos muy contentos porque finalmente se logró aprobar un proyecto de ley que realmente protege a los ciudadanos y ciudadanas de las zonas latentes o saturadas de contaminación. Vecinos de ciudades como Calama, por ejemplo, que han esperado por nueve años la aplicación de un plan de descontaminación, hoy pueden contar con el aumento de los estándares medioambientales necesarios para cuidar su territorio”.

Específicamente, la nueva normativa dispone que en zonas declaradas como latentes o saturadas por contaminación, mientras no se dicten planes de prevención y/o descontaminación, los proyectos nuevos y ampliaciones de proyectos existentes que ingresen al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) deberán cumplir con condiciones como la obligación de un Estudio de Impacto Ambiental y no solo una declaración. Establece también que los proyectos que generen emisiones que representen un aporte superior al 1% de los contaminantes, en consideración a la norma ambiental establecida y a la declaración de zona correspondiente, no podrán ser admitidos a tramitación, mientras que los proyectos que generen energía a base de combustibles fósiles, como las termoeléctricas, no podrán ser admitidos a tramitación, además de exigir a los organismos del Estado a cargo de la evaluación y coordinación de los procesos de evaluación de impacto ambiental, la promoción de medidas y propuestas dirigidas a prevenir los perjuicios de la calidad del aire.

“Hoy dijimos no a las termoeléctricas en zonas saturadas o latentes, no más industrias que contaminen por sobre el 1% de la norma que motivó la declaración de latencia o saturación, Hoy nos estamos comprometiendo con la salud de las personas con la sustentabilidad del territorio y no con las grandes industrias y empresa contaminantes. Hoy, pese a la falta de voluntad del Gobierno y que votaron en contra de este proyecto, logramos aprobarlo y ahora pasará al Senado y lo vamos a estar siguiendo muy de cerca porque va en beneficio de las zonas de sacrificio a lo largo y ancho de nuestro país” recalcó la parlamentaria que representa a la región de Antofagasta.

Con esto, se cierra la puerta para la indicación de parlamentarios oficialistas de la misma Comisión de Medio Ambiente que buscaban instalar un sistema de compensación económica que permitía la instalación de nuevas industrias contaminantes en zonas declaradas saturadas o latentes. Así, este proyecto se hace cargo del periodo intermedio entre que un territorio cae en esta categoría hasta que se implementa efectivamente un plan de descontaminación impidiendo la aparición de nuevos focos perjudiciales para la salud de las personas y el medio ambiente.

Al respecto, la diputada Cristina Girardi (PPD), que también forma parte de la Comisión y participó de esta modificación, enfatizó que “no se trata de compensar para seguir contaminando, ese es el sentido de nuestra indicación. No podemos tener hoy día manga ancha para permitir que se sigan instalando industrias contaminantes. Si les permitimos a las empresas compensar y seguir instalándose, nunca vamos a tener planes de descontaminación, Cuando tengan realmente un restricción, les aseguro que ahí van a querer tener un plan de descontaminación para poder operar”

El Diputado Amarlo Labra (PC), que también participó de esta modificación, dijo que “sentimos que la voz de las personas ha crecido. Este es un pueblo inteligentes que va progresando y va generando legislación mucho más poderosa, inteligente, humanitaria y real, porque los territorios tiene que ser escuchados. Las empresas han tenido la oportunidad gigantesca durante años de imponer su voz, pero hoy la voz de las personas crece y contiene la voz de las empresas y eso para nosotros es muy importante”.

En tanto, el Diputado Diego Ibáñez (MA), que es presidente de la Comisión Investigadora Quintero-Puchuncaví, enfatizó que “esta es una señal potente para que el Gobierno y la ministra Carolina Schmidt firmen el Acuerdo de Escazú, homologuen las normas medioambientales chilenas a los estándares de la Organización Mundial de la Salud. Hoy se ha escuchado la voz de las comunidades que nos han acompañado y lo que hoy se ha manifestado es una toma de conciencia por parte de las instituciones y es lo que como Frente Amplio hemos venido a hacer al Congreso, a correr los límites de lo posible, a cuestionar una legislación que está capturada por el poder de las grandes empresas”.

Varias organizaciones medioambientales y sociales estuvieron presentes en la votación, entre ellas, Mujeres en Zona de Sacrificio Quintero-Puchuncaví en Resistencia, una de cuyas representantes dijo que “estamos bastante contentos con la votación en sala, pero aun así creemos que falta que el Gobierno se pronuncie sobre la problemática que tenemos. El domingo cumplimos dos meses siendo zona sacrificada donde más de 1.700 habitantes están siendo envenenados y no tenemos respuesta aún de quiénes, cómo y desde cuándo estamos sufriendo esto y eso es gravísimo. Son importantes estos pasos en el Congreso, pero necesitamos voluntad política desde el Gobierno para tener respuestas necesarias y efectivas para la comunidad”

Por su parte, Cristóbal Sepúlveda de la Coordinadora Valparaíso por No Más Zonas de Sacrificio comentó lo que esperan a futuro respecto de la normativa medioambiental: “esto no termina aquí. Esto no va a responder ni solucionar los 116 conflictos medioambientales que existen de Arica a Punta Arenas. Acá necesitamos un proyecto de ley que responda a todas la disyuntivas que tienen las personas que no pueden disfrutar de su derecho a la vida. Aquí en el Congreso hay gente que hablan de respetar el derecho a la vida pero no votan en función de ello”.

En su intervención en sala, la diputada Pérez comentó que “este es un proyecto pequeño, presentado por un grupo de diputados de diversos colores políticos el año 2015, para hacerse cargo de la situación intermedia entre que una zona es declarada latente y saturada y se dicta el respectivo plan de descontaminación. Debería ser un tiempo acotado porque estamos hablando de que ya tenemos un diagnóstico ha quedado establecido que se necesitan medidas para que la zona deje de estar contaminada con la implementación de un plan de descontaminación, pero éstos actualmente suelen tener una demora mínima de tres años. Este proyecto de ley, se hace cargo de este tiempo intermedio, de cómo se debe afrontar dicho periodo y es por eso que esperamos que todos los diputados y diputadas tengan la coherencia de votar a favor de la protección de la salud de las personas que viven en estas zonas” enfatizó la parlamentaria.

En Chile, 6 de cada 10 chilenos, es decir, más de 10 millones de personas viven en territorios declarados como zonas latentes o saturadas de contaminación.