[OPINION] Concursos y pillerías de la corrupción (por Jorge Bustos)

Después del 27 de diciembre del año pasado, y tras 15 largos años de acciones judiciales, administrativas y de marchas, los ciudadanos logramos conquistar 14 hectáreas urbanas para la ciudad. Transcurridos casi once meses después de ese justo triunfo, se ha llamado a un concurso de ideas para ese paño ganado y uno para que las propuestas más votadas sean parte de varios proyectos que serán sometidos a evaluación ciudadana, ganando aquel que resulte con la mayor adhesión. Sin embargo, los principales gestores de este triunfo ciudadano y de sacar a la luz la magnitud de la corrupción instalada en la comuna no estuvieron presentes durante el acto de rendición, el evento que según las noticias contó con mucha pompa y gran despliegue mediático. Las fotos se concentraron en quienes concurrieron a sellar el acuerdo: la nueva administración municipal y el Estado, y en su representación el Ministerio de Vivienda.

El proyecto que se nos quiere imponer como parte del acuerdo, como siempre, es de un arquitecto apellidado Poduje, no ha estado exento de crítica. No obstante, sin ser letrado ni poseedor de título universitario, me atrevo a decir que dicho proyecto (y cualquier otro) carece del conocimiento de ese territorio, de las necesidades reales de la ciudad y de sus sueños. Ese proyecto solo logra poner un muro entre la mirada estratégica necesaria que requiere la ciudad y la “sed mediática” por cortar alguna cinta, cuestión que, probadamente, gusta y espera con ansias Piñera.

Es tal el ego que oscurece el necesario pragmatismo que se nos ofrece un lugar con un alto grado de inseguridad para la concentración de personas, obviando datos relevantes tales como que esa es una zona “inundable” según lo establecido por los Certificados de Informaciones Previas (CIF) y además por la carta de inundación del SHOA y la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) N° 23. Es decir, cuando el objetivo central es la inmediatez para lucirse, para lograr el minuto de fama, se ignora lo primordial que es la seguridad de la gente y de la infraestructura de la ciudad.

Pero considerando la premisa que todo es perfectible, me atrevo a decir que ese proyecto debiese contemplar la construcción de un nuevo molo de abrigo para la ciudad, estructura que garantice la seguridad y tranquilidad de la gente que concurra a ese centro deportivo y recreativo de la zona Barón ante algún evento telúrico y posterior tsunami; porque ese nuevo molo de abrigo no solo serviría como un muro de seguridad, además podría albergar un puerto deportivo, un puerto pesquero y un puerto comercial para y de la ciudad, ya que, ¿si existen 46 puertos privados de uso exclusivo en el país que no se rigen por la Ley de modernización de puertos (19.542), por qué no podría existir un puerto que fuera de la ciudad y que las utilidades quedaran para su crecimiento y desarrollo?

Pero esa no es la única disociación que existe con la realidad y el sentido común, escaso por estos días, que es imperdonable para las supuestas autoridades republicanas, para los que por definición deben cumplir y hacer cumplir las leyes que la República se ha dado en doscientos años; leyes construidas por los dueños del país, monitoreadas y aprobadas por sus parlamentarios, ministros y jueces, es decir, por el poder. Sin embargo, esas leyes, normas y estatutos son modificados según la conveniencia del inversor, del pariente, del amigo de tal o cual parlamentario, y los ciudadanos, los habitantes de los territorios, sí deben respetarlas. Es cosa de mirar las cárceles cuántos ricos corruptos o políticos corruptos habitan las mazmorras de la supuesta justicia; para ellos las leyes no son rigurosas y no solo no han sido cumplidas, sino que violadas, se inventan decretos y dictámenes para correr el cerco de la legalidad (leyes) que ellos, las castas poderosas, hicieron e impusieron.

Si respetaran las leyes no existiría contaminación en Quintero, Ventana y Puchuncaví; si se respetaran las leyes no tendríamos este Presidente; si se respetaran las leyes y se hicieran cumplir estarían presos varios gerentes y directores de empresas del Estado y privadas también; si se respetaran las leyes las autoridades ya  habrían regularizado la ilegalidad urbana del Terminal de Pasajeros (VTP) que no solo ha sido catalogada de ilegal por la Excelentísima Corte Suprema, sino que también por la Contraloría General de la Republica y sigue funcionando hace más 10 meses. No respetar las leyes o no aplicarlas es ser un facilitador de la corrupción, para que esta siga funcionando tal como antes.

Me parece intolerable que se hable de proyectos y concursos para una zona donde está construida una ilegalidad como el VTP, que es un símbolo de corrupción, ícono de los arreglines, del mirar para el lado o hacer “la vista gorda”, para no tener problemas con los poderosos. El VTP no debiese funcionar porque la recepción municipal fue ilegal y así fue reconocido en tribunales por quienes recepcionaron las ilegales obras; sin embargo, se pretende santificar con el proyecto de Poduje algo trucho, y también honrar el regalo de los 7,8 millones de dólares que EPV le cedió a los Urenda, ocultando lo que está prohibido por ley, es decir, el delito; además de pasar por importantes señores a delincuentes de cuello y corbata.Opinion_JorgeBustos

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