Proyecto de reforma constitucional busca reconocimiento del deber del Estado de proteger espacios marítimos

Proyecto de ley presentado por senadores Pugh y Lagos Weber busca reconocimiento del deber del Estado de proteger y garantizar la conservación de los océanos, el fomento de la investigación científica en el mar y la creación de áreas marinas protegidas. Esto en un contexto en el que el mismo presidente Piñera se ha negado a firmar el Tratado de Escazú.

Los senadores de la Región de Valparaíso, Kenneth Pugh (Ind-RN), y Ricardo Lagos Weber (PPD), presentaron un proyecto de reforma constitucional que busca reconocer el deber del Estado por resguardar los espacios marítimos de Chile y, de esta manera, contribuir al cuidado del medio ambiente.

2Para el senador Pugh, “hoy es de suma importancia que el Estado de Chile se comprometa al más alto nivel legal, es decir, en nuestra Constitución, con nuestro territorio marítimo. Por ello, hemos presentado el proyecto a la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, y al ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, quienes se mostraron a favor de la iniciativa, comprometiendo su apoyo para impulsar su avance en el trámite legislativo. Ello, en el marco de las iniciativas relacionadas con la COP 25, por lo cual se buscará aprobar este proyecto durante el segundo semestre de este año”.

La iniciativa legislativa, suscrita también por los senadores Francisco Huenchumilla (DC) y Víctor Pérez (UDI), reconoce las medidas adoptadas por el Estado de Chile en orden a proteger su patrimonio marítimo, señalan sus impulsores, “por lo que este proyecto busca dar coherencia, a nivel constitucional, a dichos compromisos, sentando, al mismo tiempo, un precedente a nivel internacional”. Del mismo modo, el proyecto respeta “la libertad de navegación reconocida por la Convención de las UN sobre el Derecho del Mar, de 1982, y el paso de cables submarinos de datos”, considerando que hoy en día la totalidad del intercambio de datos digitales tiene lugar a través de redes y cableado de fibra óptica submarina; es por ello que se afirma que la nube, o the cloud, se encuentra “bajo el mar”.

El senador Pugh señaló, además que, “con este proyecto queremos decir que los ecosistemas costeros, marinos, submarinos, antárticos y las islas oceánicas del mar territorial, zonas contiguas y económicas exclusivas, además de la plataforma continental, aguas interiores y la proyección de estas áreas desde los territorios insulares deben ser protegidos por el Estado, lo cual es consecuente con el activo rol internacional que Chile históricamente ha tenido en el reconocimiento de la importancia de los océanos y sus recursos”.

Los senadores Pugh y Lagos anunciaron, además, que buscan impulsar durante la COP 25 una COP Azul Parlamentaria, a fin de que, desde el Congreso, en una ciudad oceánica como Valparaíso, junto a parlamentarios de otros países se adopte y suscriba un acuerdo por el cual se comprometan a promover en sus legislaciones internas el deber e interés de sus Estados por proteger los océanos.

El senador PPD recordó que en la administración anterior se impulsó la creación de las áreas marinas protegidas y que, ahora, “el presidente Piñera, en un acto de mucho coraje, decidió llevar a cabo la COP25” y “gracias a la organización de este magno evento, Chile deja de manifiesto su compromiso con el cambio climático y el medio ambiente”.

Lagos Weber agregó que “lo que este proyecto persigue es poner y relevar en la agenda legislativa la importancia de los océanos y el compromiso a nivel interno e internacional que Chile tiene hoy con el medioambiente y el cambio climático”.

Finalmente, el senador PPD aprovechó de elogiar al mandatario “en el proceso de superar la crisis que se vive en la Amazonía con los incendios”.

TRATADO DE ESCAZÚ

Cabe recordar que Sebastián Piñera declinó firmar el Tratado de Escazú, un firmado por 24 países que propone elevar los estándares con los que se resuelven asuntos medioambientales y para que la comunidad pueda tener mayor  participación en la evaluación ambiental de proyectos empresariales.

Los derechos que abarca el acuerdo son tres: 1) acceso a la información, que incluye el derecho del público de tener acceso a información ambiental y la obligación de las partes de mantener sistemas actualizados; 2) participación pública de los procesos de toma de decisiones ambientales, garantizando mecanismos de participación en proyectos que puedan tener impacto negativo sobre el medio ambiente, y 3) acceso a instancias judiciales y administrativas para impugnar decisiones u omisiones que puedan afectar el ambiente. Además, establece medidas de protección para defensores medioambientales.

Lo estipulado en el tratado podría haberse convertido en ley en Chile si el Presidente hubiera firmado la normativa para luego ser ratificada por el Congreso Nacional.

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