La investigación encabezada por el Dr. Aníbal Vivaceta, de la Escuela de Medicina de la UV, reúne datos sobre el uso de elementos químicos “disuasivos” por agentes del Estado en contextos de represión a la protesta en Valparaíso, enfatizando algunos métodos de aplicación y, por otro lado, las dificultades encontradas al intentar acceder a información fidedigna por parte de las policías y las autoridades de salud.

“Resulta bastante evidente que el rociamiento de amplios espacios en el centro de la ciudad constituye una forma de hostigamiento de la población general”, concluye la investigación liderada por el Dr. Aníbal Vivaceta, de la Escuela de Medicina de la Universidad de Valparaíso. “Tácticas de ese tipo recuerdan aquellas usadas por ejércitos de ocupación para doblegar cualquier apoyo que los manifestantes puedan tener del resto de la población. En efecto, en estos casos, más allá de la adhesión a la causa de las manifestaciones, las personas terminan exigiendo a los manifestantes que desistan, dado el daño que produce la represión”.

Las tácticas de acorralamiento y aplicación de gases y agua con productos químicos en las formas y cantidades que se hace actualmente ha hecho, según indica un estudio de referencia del Doctor en Salud Pública de la Universidad de Chile, Yuri Carvajal, “que nos veamos ante un gran experimento a cielo abierto, que no ha pasado por ningún comité de ética, que no cuenta con protocolo, y que no tiene forma de medir sus resultados”.

PERSONAS AFECTADAS

En los registros de distintos hospitales del país, obtenidos por el autor del texto vía transparencia, se cuentan bebés “de 21 días, 4 meses, 6 meses, afectadas por estos químicos; así como personas adultas mayores, de muy avanzada edad. En estos casos, no se puede justificar su afectación por la comisión de un delito que se quiso evitar; ni siquiera, porque estuvieran protestando”, indica el informe, agregando que “siendo la Autoridad Sanitaria responsable de la salud de la población, resulta una negligencia inexcusable que no se realice un monitoreo del efecto a mediano y largo plazo de estos productos”.

Los mecanismos de dispersión en forma de polvo (agua mezcla o por el chorro del carro lanza gases) también son utilizados para realizar actos que buscan infligir dolor, detalla el estudio. “Recibimos recientemente el reporte de un caso en Calle Pedro Montt de Valparaíso, en que un grupo de manifestantes fue acorralado por carro lanza agua y carro lanza gases, y fueron obligados, por amenazas de carabineros, a permanecer en el lugar mientras se les seguía aplicando químicos. Este grupo eran personas que venían huyendo de la represión, y ni siquiera se estaban manifestando en ese momento; es más, a duras penas intentaban escapar a ciegas”.

El informe apunta sus dardos a la autoridad sanitaria, en particular el Seremi de Salud, a quien acusa de complicidad puesto que “valida, sin cuestionamientos, la información entregada por Carabineros”. Haciendo una analogía, “si a partir de la alta proporción de personas hipertensas decidieran administrar algún medicamento antihipertensivo lanzándolo al aire en las plazas. Difícilmente aceptaríamos ser regados por este medicamento, sin saber sus efectos adversos, sus riesgos, y en muchos casos, sin necesitarlo. Nuestras autoridades de salud permiten (…) e incluso avalan la aplicación masiva de un tóxico por personal no calificado”.

El estudio constata que durante el período comprendido entre el 19 y el 27 de octubre, Carabineros lanzó en la región de Valparaíso un total de aproximadamente 110 millones de pesos sólo en material pirotécnico, por lo que “es posible estimar que eso significó el lanzamiento de (…) unos 7700 cartuchos y 770 granadas”, esto además de la dispersión como agua mezcla y polvo de carro táctico.

INFORMACIÓN DENEGADA

Múltiples intentos de obtener información respecto del uso de estos productos “han terminado siempre con la misma respuesta”, señala el informe. “Prácticamente toda la información relevante es considerada un asunto de seguridad del Estado, y pone en riesgo la efectividad del trabajo policial”.

La información solicitada dice relación con la forma en que se calcula las dosis aplicadas y los mecanismos de protección utilizados por sus efectivos “que permiten, de hecho, conocer la forma en que podríamos protegernos los habitantes de la ciudad, ante este bombardeo químico”.

En cuanto a la denegación de información sobre la forma de calcular las dosis, “la bibliografía muestra que ésta es una tarea difícil, prácticamente imposible de lograr con cierta precisión. El fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción (describe) detalladamente las enormes carencias técnicas de Carabineros a este respecto, y a otros relacionados, como la evaluación de daños. Cabe suponer que la denegación sólo encubre esta incapacidad”.

El informe es tajante al señalar que esta situación, dado todos estos antecedentes, “hace pensar que Carabineros no tiene el debido conocimiento sobre su rol en la sociedad. No es posible que esta institución conciba la seguridad del Estado como algo distinto, que está por sobre la salud e incluso la vida de las personas. Llevado a un extremo, por supuesto que, si asesináramos a todas las personas de un lugar, éste quedaría bastante ‘pacífico’, pero no podríamos asegurar que fue porque ‘mantuvimos el orden público’”.

El estudio de la Universidad de Valparaíso formó parte del dossier de documentación entregada por organizaciones de derechos humanos durante la visita in loco de represantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al país.

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