A los daños arqueológicos, geográficos y ambientales que ha causado la misión del empresario holandés en el Parque Nacional se suman las innumerables irregularidades en el otorgamiento de permisos para su ejecución.

El diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez, presentó un recurso de apelación a la Corte Suprema por el fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que rechazó declarar ilegal el acuerdo firmado entre CONAF y el empresario Bernard Keiser que permite excavar con maquinaria pesada en el Parque Nacional Juan Fernández buscando un supuesto tesoro.

“Hay seguir peleando por resguardar esta reserva de la biósfera de esta búsqueda necia de un tesoro, intereses económicos de un privado en un lugar que es todos y todas. Maquinaria pesada excavando donde no se cuenta con autorización del Consejo de Monumentos Nacionales, porque en la campaña anterior ya se encontraron restos arqueológicos distintos del tesoro que no fueron informados. Tenemos argumentos suficientes y por eso apelamos a la Corte Suprema”, afirmó Ibáñez, miembro de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados.

El parlamentario del Frente Amplio destacó que “la Corte de Apelaciones de Valparaíso no se pronunció sobre las ilegalidades y aspectos de fondo que se reclaman. Uno de ellos es que CONAF carece de la facultad de celebrar actos, como el protocolo de acuerdo, porque no va en aprovechamiento del parque ni se condice con los fines de protección que debe cumplir”, agregando que “el acuerdo es contrario al propio plan de manejo del parque nacional, y permite el ingreso de un proyecto que incumple la Ley de Monumentos Nacionales”.

La abogada patrocinante del recurso, Camila Nieto, explicó que “la primera sala de Corte de Apelaciones de Valparaíso consideró que el recurso de protección era extemporáneo, sin tomar en cuenta que el protocolo de acuerdo firmado para permitir estas excavaciones, cuya ilegalidad hemos reclamado , es un acto que genera efectos que son permanentes, porque mediante él se permitió el ingreso de maquinaria que hasta el día de hoy trabaja en el parque nacional, afectando diariamente el contexto arqueológico del sector.  Al ser un acto de efectos permanentes, que es lo que hemos sostenido, implica modificar la forma de computar el plazo de 30 días exigidos para deducir la acción cautelar. Eso la Corte de Apelaciones de Valparaíso no lo reconoció, por eso hemos decidido ir a la Corte Suprema para que, una vez que reconozca que estamos en presencia de un acto que genera efectos permanentes, se pueda pronunciar sobre lo que realmente nos interesa, que son las ilegalidades que ha cometido el titular de este proyecto a la hora de ejecutarlo en el parque nacional Archipiélago de Juan Fernández.”

La apelación presentada está dentro del plazo de cinco días hábiles dispuestos para ello.

DAÑOS

Ha sido desde 1997, año en que el empresario holandés comenzó los primeros sondeos en el archipiélago, que la búsqueda de un supuesto tesoro, un alijo de oro del siglo XVIII, ha motivando fuertes críticas no solo por los daños arqueológicos y geográficos que ha causado sino también por las innumerables irregularidades en el otorgamiento de permisos para su ejecución.

Según el Colegio de Arqueólogos, la metodología aprobada por el Sistema de Evaluación Ambiental para estas excavaciones en el entorno del parque nacional y reserva de la biósfera no fue consultada a los organismos competentes. Esto, junto con la escasa fiscalización, ha dado lugar a daños no solo en el sitio mismo, sino también en sitios aledaños como la Cueva Selkirk, ubicada a unos 50 metros, que podría derrumbarse, según un informe del Sernageomin, debido al efecto de las vibraciones de la maquinaria en la cueva de roca volcánica.

La asociación gremial sostiene que Keiser ha cometido otras faltas también, entre ellas, dejar restos de materiales, excavaciones abiertas y sedimentos en la superficie –contraviniendo las exigencias de la CONAF– lo que ha causado aludes luego de las lluvias habituales de la isla, generando no solo un daño visual, sino también un cambio en la morfología del terreno.

A esto se suma la caza de animales silvestres con perros, prohibida en una reserva protegida, y la acumulación de basura y la ausencia de servicios higiénicos acordes, por lo que el área se contamina con desechos tanto de alimentos como de excremento.

La apelación presentada está dentro del plazo de cinco días hábiles dispuestos para ello.