El proyecto «Prolongación 6 Oriente» intervendrá en el antiguo barrio de 11 y 12 Norte, la Población Gratry, bajo Santa Inés, Condominio Fabiola e incluso la histórica Feria Libre de 15 Norte, con expropiaciones totales o parciales. La obra vial tiene un valor de 10.300 millones de pesos y está cargo del Serviu Valparaíso, que recibió una serie de críticas por falta de información, irregularidades -como la no existencia de Estudio de Impacto Ambiental- y nula conversación con la comunidad afectada.

(Por Octavio Soto Ormeño)

Ya está en marcha el proyecto vial “Prolongación 6 Oriente” en Viña del Mar, que tiene como fin ampliar dicha calle desde 11 Norte y conectarla con Avenida Alessandri, obra que contempla una serie de expropiaciones a casas y terrenos situados en aquel eje que comenzará dentro de tres meses. Es por esto que el pasado sábado se reunieron vecinos y vecinas de los sectores implicados para manifestarse contra su ejecución a cargo del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de Valparaíso, que acusan, entre otras cosas, irregularidad en la entrega de información y poca inclusión de la comunidad en las decisiones.

La realización de la intervención urbanística, que tuvo sus primeras luces el año 2002, fue confirmada tras obtener los fondos externos por un total de 10.300 millones de pesos, a los que postuló en 2018 la Municipalidad de Viña del Mar con la aprobación del Serviu. Se trata de una carretera de cuatro pistas que cubrirá todo 6 Oriente (entre 11 y 15 Norte) y se prolongará, por detrás del Mall Espacio Urbano, hasta Av. Alessandri, conectando además con 18 Norte.

La obra ya se encuentra en etapa de tasación de las propiedades privadas que serán intervenidas, para su posterior expropiación. Vecinos y trabajadores de la punta de diamante de 11 y 12 Norte, Población Gratry, sector bajo de Santa Inés y Condominio Fabiola y la Feria Libre de 15 Norte, son los principales afectados.

Hoy, gran parte de ellos y ellas se oponen a esta medida y acusan diversas irregularidades que podrían presentar ante la ley para retener su ejecución. Así lo señaló Pamela Urra, vocera y vecina de Población Gratry, que asegura ha existido un manejo negligente de la comunicación con las familias afectadas.

En su caso particular, denuncia que supo que le expropiarían parte de su casa «de un día para otro», cuando le llegó la notificación en noviembre del año pasado, «y no en 2002», fecha en que, según el Serviu, se dio a conocer la obra en el Plan Regulador, que tuvo modificaciones hasta 2018. «A mí me deberían haber notificado prácticamente en 2003, y así no sigo invirtiendo en esa casa», declaró, y recalcó que se ha repetido el caso con otros vecinos, «hay gente que informaron y a otra que no».

Lo mismo estaría pasando con los trabajadores de la histórica Feria Libre de 15 Norte -«la más antigua de Viña», dicen en el sector- que también será absorbida por la carretera. Algunos de los feriantes no saben qué sucederá con ellos, y a otros se les ha dado a entender que se les desplazará al sector del estero.

Para visibilizar este tipo de problemas y poder llegar al ámbito judicial, Urra reconoce que es de vital importancia contar con acceso a la carpeta de proyecto, que exigieron por Transparencia al Serviu y, sin embargo, aún no han recibido. Tras vencerse el primer plazo de entrega de los documentos, el Consejo de Transparencia extendió el plazo hasta alrededor de tres meses, mismo tiempo que resta para que se inicie la expropiación: «Si no tenemos la carpeta no podemos iniciar una acción legal, no sabemos qué es lo que tiene y lo que no tiene, en qué se sustenta el proyecto».

La interrogante se vio acrecentada, según Pamela, por la inexistencia de un Estudio de Impacto Ambiental para la obra, que de acuerdo a lo que les dijo el director del Serviu, Tomás Ochoa, en una reunión que tuvieron en diciembre, «no lo tenía porque no lo necesitaba».

Pero la oposición de vecinos y vecinas ante la intervención vial va más allá de lo técnico; se trata de una gran cantidad de familias que se resisten a perder parte de su casa o tener que dejarla definitivamente, realidad que en pocos meses podría cumplirse. «Es un golpe emocional súper fuerte, no es algo que se solucione con un poco de plata», dice Pamela Urra, que vive con sus padres, dos adultos mayores que han dedicado 20 años a embellecer su casa y no tienen la intención ni las ganas de que ello cambie.

Uno de los sectores con más impacto en ese ámbito es la ‘punta de diamante’ de 11 Norte, que se extiende hasta 12 Norte con una serie de casas de fachada continua de principio del siglo XX y donde hoy viven más de 20 familias. Aquello desaparecería por completo, exceptuando el cuartel de Bomberos de Quillota. Victoria Figueroa es hija del dueño del característico local «Tapices y Cortinajes 11 Norte», ubicado justo en la punta del cordón de casas, y trabaja junto a él. Es parte al grupo de locatarias y locatarios afectados por la expropiación, muchos de los cuales son arrendatarios, factor que dificulta más aún las cosas.

Ya se consideran vecinos, son más de 30 años los que su padre ha dedicado al local, sin embargo el hecho de arrendar no les asegura una indemnización ni subsidios «para hacer frente al reinicio de la actividad económica», dice Figueroa, y aseguró que están preocupados por la poca información que tienen sobre eso y de la obra en general: «Estamos en una situación de inseguridad, no conocemos el proyecto (…) Queremos poder dialogar, queremos que alguien nos escuche.»

Victoria reconoció que «se viene una lucha grande», pero fue clara en manifestar que están organizados y dispuestos a pelear hasta el final: «No queremos ser expropiados, no queremos que nos expulsen de nuestro barrio». Junto con ello, adelantó que trabajarán con abogados y también con arquitectos para buscar alternativas de conectividad que reemplacen «Prolongación 6 Oriente».

Ambas mujeres enfatizaron en la injerencia que tendría el «lobby inmobiliario» en el manejo de las prioridades y decisiones por sobre el consenso con la comunidad. Incluso, ven una posible relación de la obra vial con el polémico proyecto inmobiliario en el paño expetrolero del sector Las Salinas, a manos de Empresas Copec, al ser un terreno aledaño al sector de Av. Alessandri que se intervendrá.

Precisamente la agrupación «Un Parque para Las Salinas«, que aboga por la creación de una amplia zona verde en el lugar, estuvo presente en la manifestación del sábado. Su vocero, Hernán Madariaga, expresó su preocupación por el proyecto urbanístico: «Entendemos que forma parte de un constructo común con respecto al proyecto de Copec y Angelini en la recta Las Salinas, muestra cómo las decisiones sobre el destino y la vocación de estos territorios pasan por cualquier esfera menos por quienes lo habitan».

Asimismo, Madariaga criticó el impacto patrimonial que tendrá la obra, que hará desaparecer parte de un barrio «histórico» de Viña del Mar. Por todo esto es que anunció que estarán alerta e iniciarán un trabajo junto a la comunidad para conocer «la totalidad de antecedentes del proyecto» y corroborar si este ha cumplido con los requisitos y tramitaciones que enmarca la ley.