En un contexto de crisis sanitaria, contar con agua para poder aplicar medidas mínimas de protección para evitar la propagación y contagios de COVID-19, como lo es una acción tan básica como lavarse las manos, se ha hecho imposible en Petorca, la provincia más desabastecida de la Región por la escasez hídrica.

Es por eso que el senador del Frente Amplio por la región, Juan Ignacio Latorre (Revolución Democrática), junto a Rodrigo Mundaca del Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (Modatima), en representación de la Mesa Social del Agua, presentaron dos requerimientos el día de hoy.

La primera solicitud fue dirigida al jefe de la Defensa Nacional de la Región de Valparaíso, Contraalmirante de la Armada de Chile, Yerko Marcic, para que, en uso de sus facultades de excepción, expropie derechos de agua a las grandes empresas agrícolas en la provincia de Petorca; facultad que se espera sea replicada en las demás provincias de la región que han sido igualmente declaradas zonas de catástrofe hídrica por sequía. Asimismo, se pide fiscalización de la calidad del agua que está siendo entregada a las comunidades a través de caminos aljibe.

A su vez, se pide que la autoridad oficie a CONAF para que no se destinen instrumentos de fomento productivo para seguir plantando paltos en suelos sin aptitud de cultivo, suelos de cerro, cultivos que compiten directamente por agua dulce con la población.

Una segunda petición se presentó al Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, para que revise la legalidad de la reciente resolución Nº 458, dictada por la SEREMI de Salud de Valparaíso, que deja sin efecto la anterior resolución Nº456, que accedía a los requerimientos de mayor dotación de agua potable para uso de la comunidad en condición de brote mundial de virus denominado COVID-19, y que establecía que, a contar de esa fecha, el volumen de agua a distribuir por camiones aljibe para el consumo diario por persona no podría ser inferior a 100 litros, a fin de garantizar un acceso seguro a servicios de saneamiento e higiene de las personas.

”Vinimos a pedirle al Contralor de la República, Jorge Bermudez, que fiscalice la resolución 456 por la cual se había aumentado de 50 a 100 litros de agua por persona en la región de Valparaíso, en la provincia de Petorca, y luego la Resolución 458 la deja sin efecto”, declaró el senador Latorre, determinación desde todo punto de vista cuestionable, agregó. “¿En razón de qué tomaron esa decisión, en un contexto de crisis sanitaria, de pandemia por coronavirus? Las declaraciones del seremi nos parecen absolutamente inaceptables e irresponsables y creemos que acá se está vulnerando el derecho humano al agua, en un contexto de crisis sanitaria grave. Por lo mismo, pedimos formalmente a la Contraloría que pueda fiscalizar esa resolución”.

Al respecto, el vocero de Modatima, Rodrigo Mundaca, explicó que “la provincia de Petorca hace mucho tiempo es el epicentro nacional de la violación nacional al derecho humano al agua y el epicentro nacional de los camiones aljibe producto de la privación del agua que padecen las comunidades rurales de nuestra provincia, a propósito del modelo de agronegocio que ahí existe. La resolución 456 que aumentaba la dotación de agua a través de camiones aljibes pasando de 50 a 100 litros de agua por persona, formulada el 8 de abril, que después queda sin efecto el 16 de abril con la resolución 458, la verdad es que refleja inequívocamente la crisis de humanidad que existe en nuestros territorios, la crisis de humanidad que existe en no sensibilizarse con las condiciones de vida que tiene el pueblo campesino de toda la Quinta Región”.

Asimismo, el vocero de Modatima, aseguró que “se crearon falsas expectativas, se dijo que íbamos a subir de 50 a 100 litros, manteniendo el modelo de negocio, y hoy día parecen inauditas las declaraciones del seremi de Salud quien dice que esto se va a reevaluar, y que con 50 litros por persona la gente puede vivir dignamente. Esta es una nueva humillación, y es un reflejo inequívoco de un Gobierno que no tiene ningún compromiso con el derecho humano al agua”.