Cuando hablamos de la Región de Valparaíso, nos imaginamos de manera inmediata el puerto de Valparaíso o, en su defecto, a Viña del Mar con sus playas o el contexto del festival de la misma ciudad a inicios de año. Sin embargo, cuando vamos investigando sobre el resto de las comunas de la región, nos vamos dando cuenta que hay una realidad muy alejada a la del mundo porteño o de los tan aclamados balnearios. Con eso nos referimos a que la Región de Valparaíso durante el año 2019 fue nombrada zona roja para las mujeres lesbianas, nada más ni nada menos que por la BBC.

Dicho hecho no generó mayores reacciones en el mundo político local, más allá de unos cargos públicos referirse al tema. Cuando hablamos de zona roja, estamos hablando de espacios peligrosos y espacios con contextos bastante hostiles para un grupo en particular. Es así como se nos viene a la cabeza lo ocurrido con Nicole Saavedra hace unos años, crimen que ha causado revuelo en su investigación dentro de la conurbación de las comunas de Quillota-Limache y Olmué, ciudades que, a diferencia de otras de la región, han de tener una gran presencia de zonas rurales y, por qué no decirlo, de espacios que se encuentran aún en lógicas duramente patriarcales.

Hoy en día, la Región de Valparaíso pasa por diversas problemáticas, entre esas la mega sequía que se ha vivido en la zona, principalmente en los sectores rurales de la misma región; existe una gran cesantía desde antes del proceso del estallido social y de la actual pandemia; por otro lado, se registró un aumento de la violencia contra la mujer en un 70%. En razón a lo último, se evidencia que dentro de la región existe un arraigo del machismo de forma estructural dentro de la idiosincrasia local, situación aún más reforzada en sectores rurales o alejados de las conurbaciones principales de Valparaíso y Viña del Mar.

Es aquí cuando nos preguntamos: ¿qué hace el Estado con esto?

Actualmente, Chile posee una Ley Antidiscriminación, la cual fue aprobada y promulgada el año 2012; sin embargo, es una ley que carece de implementación de políticas públicas, la cual no incide más allá de actuar cuando un hecho de discriminación ya ha ocurrido. Es así como nos encontramos con organismos del Estado que carecen de un rol educador o sensibilizador frente a diversas temáticas, y es ahí que nos damos cuenta que, si en los espacios con mayores privilegios desde el punto de vista económico y de conexión territorial ocurren hechos lamentables, en ciudades con mayor presencia de ruralidad se han visto hechos que han de ser peor. Esto se concretiza con hechos lamentables como mencionamos anteriormente, como los asesinatos de Nicole Saavedra y de María Pía Castro, hechos que también ocurren en las comunas antes mencionadas.

El Estado hoy en día no garantiza la protección de las mujeres y mucho menos de las identidades LGTBIQ+, lo que ha dejado a gran parte de la población fuera históricamente de las agendas de trabajo y de inserción social. El Estado ha marcado un abandono importante cuando hablamos de la vulneración de los derechos de las personas por ser de una minoría sexual o de género, además de la constante vulneración de las mujeres.

El mundo rural ha de tener mayores complejidades para poder vincularse a este tipo de situaciones y el Estado ha sido el que ha mantenido este status quo. Donde la política pública carece de perspectiva de género, donde el problema es de una sociedad en la que se genera un caldo de cultivos en donde se siguen replicando actos de violencia, debemos empujar un Estado que proteja con herramientas de educación y se revoque la vulneración de los derechos del ser humano, y concientizar la tolerancia a que todos, todas y todes merecen respeto. Pero para aquello debemos pujar en una nueva Constitución garantías para que surta los derechos de las comunidades LGTBQ+ que tantos años han sido silenciadas por el abuso y abandono estatal, y merecen que sus voces sean escuchadas.

Barbara Astudillo
Ecofeminista 
Investigadora de Fundación Territorios Colectivos

Andrés T. Reyes
Trabajador Social