Opinión

[OPINION] Mujeres, memoria histórica y apertura de nuevo ciclo político en Chile (por Caroline Sireau y Patricia González)

A 47 años del Golpe Cívico-Militar, nos encontramos ad portas de iniciar un proceso constituyente que supere la herencia y cerrojos de la dictadura en nuestra carta magna. Entre claveles rojos, actos conmemorativos y heridas aún abiertas, y pese a las restricciones del estado de excepción, las mujeres volvemos a las calles a recordar a nuestros muertos, reivindicar la lucha por la democracia y la construcción de los sueños colectivos.

Las mujeres organizadas enfrentamos los castigos de la dictadura, fuimos botines políticos-sexuales de torturadores y militares, de la revolución neoliberal, del ingreso forzoso al mercado laboral en plena crisis económica de los ochenta, de la refundación valórica neoconservadora del Estado y su imposición patriarcal de un rol de género tradicional como pilar de la nación y garantía de la integridad familiar. A pesar de esto, las mujeres alzamos la voz por el respeto a los Derechos Humanos; luchamos por condiciones de subsistencia dignas de la clase trabajadora mediante el Movimiento de Mujeres Populares y organizaciones territoriales para levantar y sostener ollas comunes, jardines y comedores infantiles comunitarios ante el empobrecimiento de la clase trabajadora; y los derechos sociales y políticos de las mujeres, restringidos al ámbito doméstico.

Pese a esta acumulación histórica de lucha feminista, el pacto transicional procesó la demanda “Democracia en el país y en la casa” del Movimiento Mujeres por la Vida. La Concertación de Partidos por la Democracia borró las distinciones de clase y de género de sus demandas, cosificando a las mujeres en usuarias del Estado bajo un sistema de atención focalizado para el control de la maternidad y el espacio doméstico. Esta institucionalización fue hecha a la medida de la justicia patriarcal, ayudando a reproducir la violencia machista ante denuncias de maltrato y acoso; una economía que nos castiga en el trabajo productivo con brechas salariales y lagunas laborales importantes; una cobertura de salud en periodos de fertilidad; que nos “subsidia” el trabajo reproductivo de cuidados con estipendios focalizados mensuales de $28.940 pesos del conocido “Programa Postrados”, Programa de Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa; entre otras situaciones con la que debemos convivir por años.

La alegría no llegó y las luchas de las mujeres y feministas continuaron en democracia. La profundización del neoliberalismo, el endeudamiento de las familias chilenas, la expansión agresiva de las fronteras extractivas en territorios ricos en recursos naturales, las violaciones a los derechos de la infancia de los niñas y niños institucionalizados en el SENAME, destape de los abusos de género en universidades y colegios expresado en la movilización del “Mayo Feminista” del 2018, la demanda por una educación no sexista, la impunidad ante violaciones y femicidios, y el cuestionamiento de una democracia estrecha fueron nuevas motivaciones para la reorganización de mujeres por la defensa de la vida. En distintos territorios, surgieron movimientos autoconvocados de mujeres que se articulan en coordinadoras bajo una cultura política asambleísta, de participación y de consenso de mayorías, sin cuotas ni distinciones.

La Revuelta Popular del 18 de Octubre expresó esa nueva cultura política en las calles, porque “no son 30 pesos, son 30 años” de neoliberalismo alimentado por el patriarcado y la violencia machista. Las mujeres, una vez más, dimos sostén a la apertura del proceso constituyente participando nuestras madres e hijas en las primeras líneas de cada ciudad, organizando espacios seguros de descanso en las jornadas de protesta, alimentando y auxiliando a manifestantes asediados por la fuerza policial, denunciando a nuestros abusadores y al Estado con intervenciones y performance de “un violador en tu camino” de Las Tesis, organizando asambleas territoriales y cabildos, sistematizando discusiones y articulando coordinadoras transversales, desde una acción colaborativa con el proceso y no competitiva.

Si bien conquistamos la paridad en el proceso constituyente gracias a la movilización social de “Nunca más sin nosotras”, también debimos interpelar a la propia Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, por su silencio y negación de las violaciones de los derechos humanos de las mujeres y niñas en la revuelta. Una vez más la participación social y política de las mujeres fue castigada por el Estado: el informe oficial del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) indica 490 casos de vulneración de derechos fundamentales a mujeres y niñas en el contexto de la Revuelta Popular de Octubre, de los cuales 247 fueron por torturas y tratos degradantes, 112 casos por tortura con violencia sexuales, 32 casos de tortura a niñas con y sin violencia sexual y 27 casos de niñas victimas de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; en total 62 casos de violaciones de derechos humanos son de niñas.

En esos días, una de las preocupaciones de diversas organizaciones, colectivas y redes profesionales feministas (Coordinadora Ni Una Menos, Coordinadora 8M, Redofem, Abofem, Feministas Autónomas, entre otras) fue denunciar y caracterizar estas situaciones como violencia político-sexual a mujeres y disidencias sexuales. En este proceso, además, se relevó la alta posibilidad de sub-representación de las cifras oficiales del INDH por las débiles garantías de derechos en un estado de excepción para realizar denuncias ante tribunales. Parte de esta sub-representación son los casos de desaparición de mujeres y asesinatos a activistas feministas en contexto de revuelta que continúan sin resolverse.

Desde mediados de abril, la pandemia del COVID-19 trajo una larga cuarentena, crisis económica y la re-articulación de la organización de mujeres en ollas comunes, panaderías populares y campañas de donaciones ante la pérdida de trabajos, disminución de salarios, aumento del endeudamiento y una obtusa negativa del gobierno al Sueldo Básico Universal e Impuesto a los Súper Ricos.

El aumento del maltrato intrafamiliar y los femicidios en contexto de cuarentena volvió a poner la violencia machista en el centro de la discusión. Para muchas de nosotras, nuestros hogares se convirtieron en cárceles en que debemos convivir obligatoriamente con nuestros agresores, y pese a la visibilización de casos y estadísticas, el Estado se negó a disponer casas de acogida para mujeres. Sólo nos entregaron pulseras de colores y nos dijeron que enviáramos mensajes de texto. La pandemia y la cuarentena también profundizaron las dificultades de realizar trabajo remunerado con el trabajo doméstico y de cuidados en las casas, con un marcado aumento de la tasa combinada de fuerza laboral y desocupación en las mujeres de un 32,7% (INE, 2020). Pese a la sordera del gobierno, la crisis de los cuidados deja de ser, al fin, tema de conversación exclusivo de organizaciones de mujeres y feministas y se toca en programas de televisión en horario prime por activistas, políticos y expertos.

Con la esperanza intacta y autonomía de clase, las mujeres y feministas seguimos organizadas conmemorando un nuevo 11 de Septiembre, en un contexto social en que minorías antidemocráticas insisten en el negacionismo de la memoria histórica y el chantaje de la polarización del país que traería el proceso constituyente.  Esta breve revisión de la lucha de las mujeres y del movimiento feminista desde los setentas hasta la actualidad, nos recuerda que la polarización del país se produjo por la polarización en la disputa de privilegios, dada por la desigualdad entre quienes tenían más y quienes tenían sólo para su subsistencia diaria, así como la polarización de ideales de género y su función en la sociedad.

También nos recuerda que, cada vez que las mujeres nos politizamos y disputamos los privilegios de género y clase, el estado nos suele castigar convirtiéndonos en botines político-sexuales, torturándonos, secuestrándonos, acorralándonos y relegándonos al espacio doméstico porque, a sus ojos, somos el pilar de la familia y la nación, empobreciéndonos, explotándonos en trabajos aún más precarios e inseguros, y limitando aún más nuestros derechos políticos para decidir en sociedad.

Ad portas del proceso constituyente, que la memoria nos sirva para conmemorar el pasado y soñar con un futuro en que las mujeres dejemos de ser ciudadanas de segunda clase. Que la memoria se convierta en aprendizajes en esta acumulación histórica y que nos permita disputar el carácter patriarcal, neoliberal y subsidiario del Estado para la conquista plena de nuestras vidas.

¡Ya nos encontramos y no nos soltaremos hasta que la dignidad se haga costumbre!

Caroline Sireau Guajardo
Secretaria Ejecutiva Provincial San Antonio
Partido Comunes

Patricia González Toro
Secretaria General Dirección Regional Valparaíso
Partido Comunes


REFERENCIAS

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