Tras la reapertura de la investigación en la que se apunta a ENAP como la principal responsable de las intoxicaciones en la zona de Quintero y Puchuncaví en agosto de 2018, el diputado diputado Diego Ibáñez (CS) informó que solicitará un pronunciamiento formal a la Superintendencia de Medio Ambiente “y también vamos a citar al Superintendente a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados para que podamos discutir sobre la metodología y los cargos de forma responsable y específica”.
Esto luego que la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) reformulara cargos contra la empresa ENAP Refinerías S.A., titular del proyecto “Terminal Marítimo de Quintero”, al detectar nuevas infracciones. La reformulación incluye siete cargos, dos clasificados como gravísimos, uno grave y cuatro leves. Tras las últimas diligencias solicitadas por la SMA, se logró relacionar las acciones no autorizadas de ENAP y la exposición de la población de Quintero y Puchuncaví a altos niveles de contaminación, en particular formaldehído, conforme indicaron los resultados de los estudios solicitados por la Superintendencia.
Según explicó el Superintendente del Medio Ambiente, Cristóbal De La Maza, el informe toxicológico permitió establecer que los síntomas observados en agosto de 2018 durante la emergencia pueden asociarse a distintos compuestos presentes en el Terminal Marítimo en la Bahía de Quintero. En tanto, el segundo vinculó el tratamiento que se hizo al crudo iraní en el terminal, para el cual se utilizó un secuestrante en base a formaldehído, y el posterior drenaje de este crudo, exponiendo a la población de la zona a niveles de contaminación considerados riesgosos.
Al respecto, el diputado Ibáñez sostuvo que “los cargos que se formulan en contra de ENAP son graves. La estatal debiera ser la primera en cumplir con las normativas ambientales establecidas. Sabemos también que el propio Gobierno encargó estudios a universidades para establecer cuáles fueron las causas de las intoxicaciones y se ha descartado que fueran compuestos orgánicos volátiles. Se reafirmaba la hipótesis de que fue un efecto sinérgico entre distintos contaminantes de todas las empresas de la zona, tanto publicas como privadas, las que finalmente terminaron provocando esta situación de intoxicación masiva”.
A su vez, el parlamentario del Frente Amplio recalcó que “la Corte Suprema ha exigido el cumplimiento de un fallo que a más de un año aún no se ejecuta por parte del Gobierno y eso es parte de una negligencia grave que mantiene a Quintero y Puchuncaví todavia como una zona de sacrificio”.
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