El Ejecutivo contempló en la partida del Tesoro Público sólo 10 mil pesos para la Convención Constitucional. Si bien esto puede entenderse como parte de la técnica legislativa para abrir el canal a través del cual a futuro se proveerán esos recursos, desde el centro de estudios Rumbo Colectivo cuestionan que de no asegurarse esos fondos en la actual tramitación, “el ejercicio del poder constituyente y su autonomía, pueden verse limitados por el Ejecutivo”.

Esta semana se está revisando en la Cámara de Diputados la Ley de Presupuestos para el año 2021, y este jueves se discutirá la partida de Tesoro Público, donde se consideran los recursos para el funcionamiento de la Convención Constitucional, para lo que el Ejecutivo contempló sólo $10.000. Si bien puede entenderse como parte de la técnica legislativa para abrir el canal a través del cual a futuro se proveerán esos recursos, el economista y director ejecutivo de Rumbo Colectivo, Diego Vela, cuestionó que de no asegurarse esos fondos en la actual tramitación, “el ejercicio del poder constituyente y su autonomía pueden verse limitados por el Ejecutivo”.

Por ley, el Ejecutivo debe asegurar el financiamiento de los gastos que la Constitución contempla para el trabajo del órgano constituyente, entre los cuales están los necesarios para su instalación y funcionamiento. Sin embargo, el monto que el Ejecutivo destine puede afectar el nivel de funcionamiento y autonomía con que cuente la Convención Constitucional.

La investigadora de Rumbo Colectivo, Javiera Ascencio, plantea que “actualmente no se está asegurando un monto mínimo para el correcto funcionamiento de la Convención, a pesar de que ya tenemos la seguridad de que desde enero se tendrán que ejecutar gastos para la instalación del órgano constituyente”. Por esto, afirma que “resulta imprescindible que el Ejecutivo modifique el proyecto de ley, introduciendo un programa, exclusivo para este órgano con recursos suficientes para asegurar la instalación de la convención”.

Uno de los primeros acuerdos que tendrá que adoptar la Convención Constitucional es definir su reglamento de funcionamiento. En este Reglamento se definirán aspectos procedimentales, criterios de transparencia y todo lo relacionado con la participación ciudadana. Al respecto, Diego Vela, plantea que “el significativo triunfo del ‘Apruebo’ y Convención Constitucional muestra que existe una alta expectativa de la ciudadanía en participar del proceso constituyente”.

Por lo mismo, el director ejecutivo de Rumbo Colectivo señaló que “es fundamental establecer en la actual tramitación de la Ley de Presupuesto una glosa que asegure que luego de aprobado el Reglamento se considerarán más recursos para los procesos de la convención”. Desde la perspectiva del economista, si no ocurre esto, “el Gobierno podrá limitar las funciones, ejercicio y autonomía necesarias para la Convención Constituyente”. Desde el centro de estudios esperan que esto se pueda corregir en lo que queda de tramitación de la actual ley de presupuestos.